Cuando la Contratación Pública se complica: ¿cómo pasar de 4 meses a 4 años de ejecución en una obra?

Se publica en el DOG de hoy 16 de julio de 2024 la prórroga de la encomienda de gestión a TRAGSA para la ejecución de la obra de reforma del área de consultas externas del Hospital Comarcal de Valdeorras: (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240716/AnuncioC3K1-100724-0001_es.html) Se trata de una encomienda formalizada en julio de 2022 por un importe de 649.907,57 euros y 12 meses de ejecución: (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220817/AnuncioC3K1-050822-0003_es.html).

Nada raro, a priori, más allá del criticable recurso a encomendar a Tragsa la ejecución de una obra (ya hay sentencias que indican que ese objeto es algo ajeno a su naturaleza como medio propio… ¿no?). Ya en el artículo elaborado para la Revista de Auditoría Pública dejaba caer qué opinión me merece este abuso de encomiendas, con una crítica centrada en el abuso para la ejecución de Fondos Europeos: https://asocex.es/analisis-de-la-cobertura-de-necesidades-de-personal-para-asumir-los-fondos-next-generation-eu-auto-provision-o-externalizacion-en-un-entorno-de-datos/

Lo peculiar en esta encomienda es que ya se han acordado 4 ó 5 prórrogas y 2 modificados. Y eso ya no es tan normal. Pero además, esta encomienda «substituye» a un contrato licitado a finales de 2019 por un importe de 477.389,20 euros, y adjudicado finalmente por un importe de 453.949,40 euros y 4 meses de ejecución (https://extranet.sergas.es/cadmoweb/Cadmo_Web/DetalleContratacion.aspx?IdPaxina=70003&IdExpediente=72728&CodCentroGestion=5001)

¿Cómo un contrato licitado a finales de 2019 para realizar en 4 meses puede tener su ejecución prevista para finales de 2024? Prevista, ojo.

Podríamos echar la culpa a la Covid, pero la pandemia sólo retrasó la adjudicación y formalización a finales de 2020, y provocó que renunciase el primer posible adjudicatario porque un año después ya no le cuadraba en su cartera de trabajos (¿renunció sin consecuencias?).

Para colmo de males, de los 4 licitadores iniciales uno retiró su propuesta fuera de plazo (¿sin responsabilidades?), otro fue excluido por no acreditar convenientemente la solvencia (¿recurso?) y el adjudicatario finalmente seleccionado no ha ejecutado la obra a pesar de que la prensa más próxima al lugar de ejecución hablaba en mayo de 2022 de que «la Xunta trabaja en la reactivación de la de Consultas Externas»… lo cual es un concepto jurídico indeterminado en contratación pública hasta para los más flexibles:

De todas estas incidencias no existe información en la Plataforma de contratación, perfiles varios, ni portal de transparencia (y es un OBLIGACIÓN LEGAL), aunque la empresa sí dejaba caer algún modificado en «análisis»: https://www.laregion.es/articulo/valdeorras/sanidade-sopesa-ampliar-obras-hospital-valdeorras/202104160035021021520.html

Pero además, debemos tener en cuenta el coste añadido que ha supuesto para las personas usuarias del hospital esta ejecución ineficaz, no sólo durante el período de ejecución de las obras sino durante todos los años de prórroga. Sólo con revisar los «perfiles» podríamos conocer el coste aproximado. También debemos sumar los costes adicionales que ha supuesto la imposibilidad de prestar el servicio público de forma ordinaria, teniendo que adquirir y/o alquilar equipamientos temporales adicionales como los que recoge la noticia siguiente: https://www.laregion.es/articulo/valdeorras/unidades-moviles-hacen-posible-obra-hospital/202205102315081129790.html

Y ¿qué decir de la encomienda?:

  • Ha incrementado el presupuesto un 44%, sin tener datos de lo que habrán supuesto los 2 modificados
  • Ha multiplicado por 3 el plazo de ejecución inicialmente previsto, con 5 prórrogas y las que podrán venir

¿En serio Tragsa era y ha resultado ser la mejor opción?¿No era posible una nueva licitación superada la pandemia Covid?

Pero sobre todo, ¿cómo seguimos negando que la mayor problemática actual en la contratación pública es la falta de control de la ejecución de las prestaciones contratadas? 4 años en obras para una duración inicial de 4 meses en un equipamiento hospitalario…

¿Cómo podemos dejar sin valorar el impacto y coste en la prestación de la sanidad que tiene para la ciudadanía de esa Área Sanitaria?

No entendemos los Fondos Europeos: algún concepto básico

Esta semana se celebra en Bruselas el IX Foro de la Cohesión sobre el importante papel de la Cohesión en el bienestar de la ciudadanía europea (https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/conferences/9th-cohesion-forum_en). Pero de eso no toca hablar por estos lares.

No toca hablar porque después de décadas de financiación básica para nuestro país, Europa sigue siendo eso que nos molesta cuando legisla y que nos colocamos enfrente cuando surge alguna crisis interna que hay que tapar. La culpa de la crisis de vivienda es de los turistas que vienen en masa por la libre circulación en Europa, y no de que tengamos un sector casi completamente opaco de la economía con los pisos turísticos y su proliferación. Con un ejemplo de sector en el que (casi) todos los niveles de gobierno (local, autonómico y estatal) obvian el ejercicio de sus competencias por no ser quien ponga el cascabel al gato.

Si asistiesen al Foro, nuestros políticos podrían escuchar como mucha de la desafección que siente la ciudadanía en relación a Europa, se concentra en territorios sujetos a la «trampa de desarrollo», al fenómeno de la despoblación, o como quieran etiquetar el problema que afecta a una gran parte del territorio gallego, pero también estatal. Y a la vista de la situación de las inversiones estratégicas realizadas en Galicia con fondos #NextGenerationEU, «nadie» podría saber a qué territorios nos referimos.

No toca hablar de Política de Cohesión porque no entendemos los fondos europeos, ni la finalidad que persigue la Unión Europea con los mismos. Y para muestra, unas fotos.

La inversión realizada en las estaciones intermodales de Galicia se financia con NGEU ahora y con #Feder hasta la irrupción de este nuevo instrumento. Digamos, para simplificar, que se financia con entre un 70% y un 100% de financiación europea. Por simplificar.

Europa, entre otras cosas, quiere que se sepa que actúa en la mejora de las condiciones de vida de su ciudadanía y obliga, vía reglamento, a que se publicite esa financiación. Pero Europa, que es consciente de las pulsiones políticas cainitas que llevan a pelear por quién hace qué en cada pueblo o ciudad, prevé que su publicidad ocupe al menos un 25% del total y se sitúe en un lugar visible para quienes usen sus instalaciones (por ejemplo a la entrada de la estación intermodal de Coruña, actualmente en obras, por un importe de 72 millones de euros). Lo exigía en el Marco 2024-2020 (https://www.fondoseuropeos.gal/es_ES/informacion-e-comunicacion/estratexia-e-guia-de-comunicacion-2014-2020), en el actual 2021-2027, en los fondos NGEU,…

Pero nosotros, que interpretamos nuestra necesidad con otro código, podemos creer que cumplido el requisito formal, cosmético,… podemos incluir una publicidad adicional, donde efectivamente se sitúan las inversiones, donde paran durante unos minutos cada día las personas usuarias del tren.

Y ya está. Si la publicidad de financiación europea ocupase un espacio análogo a estos pequeños logos, las personas que ejecutan la obra trabajarían a oscuras a plena luz del día.

Ese espíritu impregna todas las actuaciones que financia Europa. Todos los requisitos que exige su normativa. Cumplir la formalidad. Por eso exigir planes antifraude, cultura de integridad,… llega hasta donde aguanta el papel. Por eso la financiación no llega a las Pymes, no llega a los territorios en evidente riesgo de despoblación,… porque cumplido el requisito formal, se abre la veda. Ningún técnico/a de la administración ha decidido colocar cartelería adicional para cumplir con exigencias de Bruselas. La decisión se encuentra en otro lugar, pero seguro que hay un contrato menor con el objeto de financiar actuaciones de publicidad europea para comprar cartelería ¿electoral?. Seguro

Pero además, como las imágenes son de política de transportes y de financiación europea, sumemos a las anteriores imágenes una comparación de precios de Renfe en el trayecto Madrid-Coruña y con algunas localidades intermedias.

¿Por qué comparamos? Porque los trayectos transcurren por la misma línea financiada por #FondosEuropeos pero algunas paradas a mitad de camino como A Gudiña, son punto referente de la #despoblación del sureste ourensano. Y, ¡sorpresa!, viajar hasta A Gudiña en el mismo horario y tren es… más caro por kilómetro que a las demás ciudades. Es más, el último destino es €/km más barato que las ciudades intermedias. Pero el más caro es el que está más despoblado y el que tiene menos frecuencias, como ejemplo de equilibrio territorial y e inversión financiada por la política de Cohesión.

Y los ejemplos son múltiples y acreditables documentalmente. Si se exige el control de la doble financiación, se crean empresas paralelas hasta que alguien decida controlarlas, o se renuncia a una subvención del 40% porque hay en el horno una que financia el 80% pero no ha sido anunciada.

Y esto entronca con un tema abordado, de nuevo, en el reciente II Congreso de #ContrataciónPública que organizó la Diputación de Coruña: el #ContratoMenor. Quizás sea el instrumento imprescindible para que sobrevivan los ayuntamientos de menor población (en plena discusión, de nuevo, sobre su posible fusión), pero este debate sólo oculta o aplaza en muchos casos el verdadero problema de la falta de financiación, recursos, personal,… de muchos ayuntamientos.

Lo que no puede ser discutible a estas alturas es que grandes consejerías, organismos autónomos, grandes ayuntamientos, universidades,… con todos los recursos técnicos y personales, se amparen en pleno siglo XXI en los contratos menores para fraccionar objetos, defraudar requisitos de control o publicidad, beneficiar a personas vinculadas,… con un volumen de contratos menores por trimestre que asusta a cualquiera. Puede ampararse su uso excepcional en que las directivas de contratación no prohíben el contrato menor, pero no puede obviarse que no lo recogen como instrumento ordinario de actuación de las AAPP.

Todo ello amparado en un sistema de control que continúa indicando que un volumen de millones de euros está exento de fiscalización y control (previo… y posterior). En cualquier esquina (o administración), podemos comprobarlo con personas que durante años facturan importes muy relevantes exentos de control hasta que se «laboralizan» sus funciones o al fin se licita un contrato del que «sorprendentemente» resultan adjudicatarios/as.

¿No entendemos #Europa o nos va muy bien sin entenderla?