nextgenerationeu – Página 6 – Administración y control

diciembre 21, 2020diciembre 21, 2020

“Sueldos de altos cargos en las Administraciones Públicas y lobbies. No es tanto cuánto cobras sino quién te paga (y por qué)”

Tengo un amigo (alguno tengo) que desde que aprobé la oposición y van 14 años ya, tiene la sana costumbre de preguntar cuánto cobro. Siempre de noche y siempre “casi serenos”. Cuando la cena ya ha pasado y la digestión está combinada con algún licor café de la casa, es el momento jurídicamente denominado “amigos para siempre” que aprovecha para preguntar lo mismo. Siempre respondo con respeto institucional “lo fijan los presupuestos de la Comunidad Autónoma”. Y de ahí no me muevo.

Pero además no es muy importante esa cifra. Y es que lo importante no es cuánto cobra alguien por trabajar en una Administración Pública (que también), sino si ha trabajado para merecerlo pero sobre todo quién se lo paga. Porque en la Administración no todos los sueldos vienen perfectamente delimitados en la norma de presupuestos de cada año. Hay, en algunos casos, bastantes cuestiones más que conviene desgranar para cerrar un 2020 con la consigna ya señalada de “amigos para siempre”.

Como casi siempre dividiremos en 3 partes estas breves notas:

1.- Lo que dicen los presupuestos y “ya no es intocable” (un sueldo para toda la vida… o no)

Sirva esta parte para recordar que el sueldo para toda la vida ya no es intocable. Las nóminas no son estables o excepcionalmente crecientes. La normativa que aprendías del tirón con las 12 mensualidades y dos pagas extra es una verdad susceptible de post-verdad.

Sin ánimo de entrar en una polémica que no lleva a resolver las opiniones claramente polarizadas, las subidas de sueldo del 0 y pico por ciento (interesadamente colocadas para incendiar) cuando en la crisis de 2008 y siguientes se minoró el sueldo un 15% o más y se ha ido compensado a medias en sucesivas mejoras sólo permiten una conclusión: nadie sin una licenciatura en física y un master en aeronáutica puede llegar a saber cuánto queda pendiente y cuánto se perdió en el agujero negro de las promesas políticas. Y agua pasada no mueve molinos ni economías.

Frente a esto, los fanáticos de la retribución justa (que somos muchas personas incluso en las AAPP) no hemos visto grandes avances en los últimos… Nunca. Seguimos pagando de forma puntual y legal a todas las personas que están presentes en un edificio de las AAPP (ese teletrabajo «bonito» que no cambia a quién no trabajaba y exprime a quien respondía).

Incluso, en un ejemplo de eficiencia en el gasto público, le pagamos a algunas personas ausentes (física o mentalmente), no penalizamos a quien tiene como mayor mérito mantener la rentabilidad de las concesiones de cafeterías y retribuímos incluso adicionalmente o ascendemos a quien tira de la levita con más estilo. Tendremos una nueva ocasión para comprobarlo en el complemento retributivo variable y adicional por la gestión de los diversos fondos europeos para la recuperación. Va a ser un escándalo, primer aviso

2.- Lo que no dicen los presupuestos: sueldos y puestos/entes para una paz social duradera

La paz social, tan importante en la Administración Pública, como instrumental para los Gobiernos. La paz social puede ser retribución en tres ejes de acción fundamentales:

a) El sueldo de empleados públicos

b) El sueldo y cargos de personas antes políticas o circunstancialmente sin puesto político.

c) Una combinación de ambos instrumentos: el ente pacificador/pacificado

El primer punto sería fácilmente explicable con el ejemplo de la carrera profesional y su negociación acelerada en los últimos años como medida de recuperación de la retribución perdida. Ha sido una oportunidad a medias porque la crisis Covid ha cortado sus efectos retributivos (nadie confirma ni desmiente que los escenarios presupuestarios la han olvidado). Y también ha sido parcial porque en teoría iba a valorar la capacitación, los méritos adquiridos,… y nos ha quedado para no ofender a nadie en un “café para todos” que además aún está llegando a personal interino y personal temporal por medio de juzgados y tribunales.

El segundo punto exigiría un árbol genealógico tan completo y plurianual que creo que un ejemplo práctico en el tercer apartado conseguirá explicarlo de forma sencilla. En todo caso, no es necesario recordar los supuestos de senadores y senadoras de designación autonómica (nadie protesta airadamente de que hurten de su posibilidad de votar varios puestos porque ningún partido azuza a sus huestes contra algo que interesa mantener). Y no es necesario recordar los cargos que durante años han completado/substituído el sueldo de políticos municipales en entes supramunicipales y autonómicos (gloriosas las “peleas” por un puesto en el órgano de dirección de la Televisión autonómica o por los puestos de las Diputaciones provinciales).

Pero el tercer punto se puede definir con un ejemplo: el Consejo Económico Social en Galicia o sus equivalentes en cualquier punto de la geografía peninsular e insular. Daremos solamente datos objetivos:

Presupuesto de gastos: asciende a la cuantía de 952.282 euros, de los que el 68% se gasta en sueldos de una plantilla de una decena escasa de personas. En gasto corriente (Capítulos II y IV de su presupuesto) se va el otro 30%, quedando finalmente 30.000 euros para un capítulo VI que se dedica de forma reiterada y casi única a convenios con las 3 universidades gallegas para trabajos y/o informes de investigación: https://www.ces-galicia.org/convenios

Más allá del capítulo de salarios y gastos de funcionamiento que alcanzarían el 83% de su presupuesto y que ya ha dado suficientes titulares de prensa, la partida de 130.000 euros del capítulo IV es la que podría exigir una aclaración adicional y rápida. Se trata de las compensaciones por participar en la actividad del CES que reciben organizaciones empresariales, sindicales y demás entidades que participan de la actividad del CES. La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) la recoge en su propia web indicando que recibe los 50.064 euros en concepto de (https://ceg.es/es/transparencia/consello-economico-e-social-de-galicia-2019):

“Realización de trabajos, estudios y colaboraciones directamente relacionados con las materias competencia del Consello, asesoramiento en materias a desarrollar en las Comisiones Sectoriales del Consello y asistencia a reuniones de los distintos órganos del Consello”.

Y por eso es bueno ver en cifras la actividad desarrollada en los últimos años (y tener en cuenta que algunos informes emitidos son fruto de conveios de colaboración con las universidades gallegas):

* Número de dictámenes por año: 2020 (1), 2019 (6), 2018 (1), 2017 (2), 2016 (2), 2015 (2), 2014 /1). En 7 años la cifra “objetivamente considerada” de 15 informes

* Número de informes: Entre 2007 y 2017, 5 informes. Sí, en 10 años. En plena crisis económica. De 2018 a 2020 otros 5 informes que parecen “acelerar la producción”.

Evidentemente, como sólo se analizan datos, a la pregunta de ¿quién preside/ha presidido el CES? la única respuesta posible es “Siguiente pregunta” (porque sólo analizaremos datos objetivos).

Cualquiera que recuerde los planes de racionalización de la Administración de los distintos Gobiernos que con más o menos éxito se han llevado a cabo, sabrá que siempre ha habido entes que han sido indultados. «Paz social le llaman», pero quizás en algunos casos el esfuerzo económico público podría considerarse poco eficiente.

3.- Los grupos de presión (porque interesados son mucho, pero capaces de presionar unos pocos). Los sueldos que pagan los lobbies

Todo lo anterior para llegar a este punto y con una pregunta de partida: ¿Están excesivamente pagadas las personas que ocupan puestos de alto cargo y/o con alguna relevancia política?

Depende (“Galicia”). Viendo la Ley de presupuestos anual y las cifras que consigna, uno podría afirmar que, con las responsabilidades que asumen, no es realmente excesivo. Y aún te arriesgas a críticas feroces. Pero ¿y si valoramos “lo demás”?

Primero hay que analizar de forma sucinta qué hay más y quién lo paga. Podemos enumerar algunos conceptos:

Coche oficial y gastos de manutención y equipamientos (informáticos,…)
Gastos de atenciones protocolarias (para quien los tiene)
Contrataciones directas/indirectas de personal
Consejos de Administración

Como las tres primeras son evidentes y más que analizadas y discutidas, me centraré en la última opción/retribución: la “participación” en consejos de administración

Para ello podemos en el caso de Galicia comprobar la información en la web de transparencia (plagada, por cierto, de archivos pdf no sólo no editables sino escaneados de forma “escasamente accesible”): http://www.xunta.es/dxfpriac/

Estas retribuciones por consejos de administración se reparten entre las personas que ocupan puestos de alto cargo en las Administraciones Públicas (hablamos de Galicia pero es generalizado). Pueden ser consejos de administración de sociedades/empresas públicas o de entidades tan sólo participadas en alguna medida o pertencientes a sectores estratégicos. Por ejemplo la Compañía Radio Televisión de Galicia ya citada, la Sociedad Pública de Inversiones (SPI), la Sociedad Gallega de Residuos Industriales S.A. (la hoy extinguida Sogarisa), Regasificadora del Noroeste S.A. (Reganosa), y un largo número de entidades.

¿Y en qué consiste esta retribución? Más allá del tratamiento fiscal suficientemente analizado, y de la justificación legal/estatutaria de que una Administración Pública participe en los órganos de dirección de una empresa, en coherencia con el contenido de esta breve nota, indicaremos algún ejemplo de lo que supone económicamente para quien participa de dichas reuniones.

Por poner un ejemplo, para el caso de Reganosa, empresa privada cuyo objeto es la gestión, transporte y comercialización de gas, y de acuerdo con la información de su Informe Anual para 2019 (http://www.reganosa.com/sites/default/files/Informe_Anual_REGANOSA_2019_esp.pdf): “La retribución de los miembros del Consejo de Administración, cuyo sistema esta detallado en los Estatutos Sociales, consiste en una dieta por asistencia a cada reunión, cuyo importe es fijado con carácter anual mediante acuerdo de la Junta General de Accionistas, dentro de los límites máximos establecidos por la legislación vigente en cada momento”. El propio informe indica que en 2019 se produjeron 7 reuniones por lo que si damos por buenas antiguas referencias a esta cuestión (https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/reganosa-el-ultimo-refugio-de-jose-luis-mendez_328733_102.html), la retribución por este concepto alcanzaría entre 11.000 y 14.000 euros por asistente.

Más allá de las valoraciones jurídicas de posible abstención en determinados asuntos para cualquier persona que siendo representante de una Administración Pública perciba retribuciones de una empresa privada (y que seguro que se cumplirán “escrupulosamente” en cualquier comisión u órgano colegiado público), quizás es necesario en este punto tener en cuenta las últimas noticias sobre los Fondos #NextGenerationEU en Galicia y los mastodónticos proyectos que a priori presentará la Comunidad Autónoma (https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2020/06/20/tres-proyectos-tractores-elegidos-xunta-generaran-1700-empleos/0003_202006G20P29991.htm):

Una planta de 50 Megawatios de hidrógeno verde que “al parecer y sin confirmar” ejecutará Reganosa: https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2113295/hidrogeno-verde
Una planta de producción de fibras textiles a partir de viscosa que “al parecer y sin confirmar” ejecutarán Greenalia y/o ENCE: http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/146550-fabrica-roupa-promovida-pola-xunta-inditex-boom-eucalipto-definitivo-galicia (en junio hablaban de 700 millones de euros pero en noviembre ya eran cerca de 1.000 millones)
Un centro para el impulso de la economía circular que por 500 millones generará 850 empleos en el sector de gestión de residuos para su transformación y valorización (¿una Nueva Sogarisa?)

Y es importante por supuesto traer a colación en este punto la decidida apuesta de las instituciones europeas (Comisión, Parlamento y OLAF, entre otras) por el seguimiento y control de los conflictos de interés en las decisiones públicas financiadas con fondos europeos (y por los NextGenerationEU, pues también):

1.- Guía práctica elaborada por los servicios de la OLAF

2.- Código de conducta y conflictos de interés en la gestión de fondos europeos (Parlamento Europeo – Versión 2017)

3.- Instrucción sobre conflictos de interés emitida por la Dirección General de Fondos Europeos de la Comunidad Autónoma Valenciana

Lo dicho, mucha transparencia e integridad que trabajar en 2021. Por ello, no descarto seguir consolidando algunas coincidencias administrativas y anécdotas varias hasta el 31 de diciembre y durante 2021, pero por si estos días no fuese posible escribir más, y cerca ya de cumplir los 3 años publicando contenidos más o menos acertados en RRSS, os deseo felices fiestas y que las disfrutemos con prudencia (y mascarillas).

A la vuelta más y si puede ser más útil

noviembre 28, 2020

“LLEGAN LAS REBAJAS al control de los fondos europeos: 5 niveles que desconocen los amigos de lo ajeno y un ejemplo práctico”

Superada la “no sorpresa” de las intenciones de los Gobiernos estatal y autonómico de relajar las medidas de control de los expedientes financiados con los nuevos fondos europeos Next Generation EU o cualquier fondo adicional que pueda ayudarnos a superar la crisis Covid, es bueno analizar los efectos prácticos que puede tener en realidad. Y va un análisis más largo de lo habitual.

En el marco teórico, sin estar publicado en el BOE ya existen reflexiones muy sesudas sobre lo que supone la limitación de controles de los fondos europeos y la historia de gestión (inadecuada gestión y/o corrupción) que en relación a estos fondos arrastra nuestro país. Como muestra, el reciente análisis de la Letrada mayor del Consello de Contas, Patricia Iglesias Rey, en el OBCP: http://www.obcp.es/opiniones/el-proyecto-del-real-decreto-ley-por-el-que-se-aprueban-medidas-urgentes-para-la

Desde el punto de vista práctico, quizá sea bueno analizar la situación actual del control de fondos europeos en Galicia, con los cambios más que relevantes que ha traído 2020 (y no es que yo participe en el control, aunque no negaré que es una “divertida coincidencia”). Será un explicación muy práctica con un ejemplo del control que vendrá para el año 2021 y siguientes.

El control de los fondos europeos, los que ya tenemos y los que vendrán, está articulado en al menos 5 NIVELES que conforman un entramado complejo y contundente al que le cuesta arrancan en cada Marco de Financiación Presupuestaria, pero que cuando arranca es un rodillo:

– Nivel 1: El propio órgano gestor de la financiación europea que resulta agraciado con los fondos de que se trate en su presupuesto. Deberá con los nuevos fondos, al igual que con el actual FEDER, FSE, etc, preparar las bases de la convocatoria, los indicadores, los anexos, a su personal, etc. Es la unidad encargada de solicitar todos los informes (intervención delegada o unidad de control financiero competente, asesoría, órganos de gestión y coordinación de fondos europeos, etc). Es en este punto donde el actual borrador de Real Decreto Ley pretende introducir una primera vez “la tijera” de la agilización y el combustible de la urgencia.

La finalidad de este nivel es que los expedientes financiados lleguen al BOE o Diario Oficial correspondiente lo mejor definidos posible. Pero además, estas unidades de gestión son las que controlan en un primer momento los requisitos de los posibles beneficiarios y la justificación presentada para el cobro de las ayudas. También en este punto el legislador introduce una segunda vez la tijera de la simplificación de requisitos de estar al corriente, de justificar documentalmente determinados gastos, etc.

Pero no deberíamos olvidar que en este nivel, el control de las intervenciones delegadas es en régimen de fiscalización limitada o de requisitos básicos, y Asesoría asesora, no repara con efectos suspensivos.

– Nivel 2: Sistema de Verificaciones/inspección.

Este nivel es el encargado de que toda la gestión administrativa desarrollada, junto con sus datos cargados en infinidad de bases muy mejorables, “llegue a Bruselas” para que se produzca el pago. Porque sí, queridos niños y niñas, salvo pagos adelantados que se pueden recibir, en su mayoría los fondos europeos no llegan cuando se pagan las subvenciones a las personas que las han pedido y justificado. La mayor parte de todos esos millones de euros se anticipan por la Hacienda Pública de que se trate (estatal o autonómica) vía endeudamiento (porque la recaudación da para lo que da en este país de trileros).

Y es en este nivel 2 donde se ha producido un importantísimo cambio en este 2020. Hasta este año, los controles de los fondos que se “declaraban a Bruselas” para su cobro, se revisaban en un porcentaje que podría oscilar entre 5%/10% siendo generoso. Había una opción entre veinte de que revisásemos un expediente. Pero ahora, desde este año ha entrado en funcionamiento la exigencia de la Comisión Europea (y de sus servicios de control, que de tontos no tienen nada) de que se revise el 100% de los expedientes cofinanciados. TODOS los expedientes cofinanciados se van a someter a un control a posteriori COMPLETO antes de solicitar el pago a Bruselas.

Y ver todo implica descubrir “cositas” como veremos de forma sucinta al final de este artículo. Pero también supone disponer de recursos para cumplir con esa exigencia. Por eso el personal de la unidad en la que participo para controlar el fondo FEDER se duplicó a finales de 2019. Para evitar uno de los “famosos” cuellos de botella. Se duplicó con personal interino, porque esa es otra de las particularidades de los fondos europeos, que el personal funcionario de carrera huye de ellos por su complejidad y exigencias formales y personal (porque el cierre suele destrozar los permisos navideños, por ejemplo). Y eso no va a cambiar por mucho complemento retributivo variable que fije el borrador de Real Decreto Ley…

Además de personal, se necesitan instrumentos de control adicional (conflictos de intereses, operaciones societarias, operaciones entre empresas vinculadas, comprobaciones de mantenimiento de inversiones, etc), que en nuestro caso parecen al alcance de la mano al fin con la adquisición por el CIXTEC de una base de datos de información empresarial.

Más control en este nivel es bueno siempre, pero más cuando conozcan las consecuencias del nivel 3 de control.

– El nivel 3: Las auditorías “a posteriori” de la Intervención General

Como es algo que me tocó asumir entre 2011 y 2014, sólo diré que mejor un 100% revisado antes, que un pequeño número de expedientes revisados por este nivel de control.

Quizás se puede entender mejor con un ejemplo práctico de cómo funciona la estadística: Si el nivel 2 detecta 100 euros irregulares, son 100 euros que no cobramos de Europa y que puede (o no) dar lugar a un expediente de reintegro. Por el contrario, si los mismos 100 euros se detectan en un control de auditoría de la Intervención General, el macabro juego de la “extrapolación” en estadística puede suponer que no cobremos 1.000.000 de euros. Ahí lo dejo.

Además, este nivel revisa un porcentaje de expedientes muy pequeño, por lo que centra todos sus recursos (que siguen siendo pocos 10 años despues de estar por allí incluso con la colaboración de empresas auditoras) en un análisis pormenorizado que “SIEMPRE descubre algo más”. Además, su realización años después del cobro de las ayudas tiene efectos muy contundentes en las épocas de crisis en determinados sectores (compromisos de mantenimiento de empleo e ivnersiones, sectores con crisis específicas, etc).

– Los niveles 4 y 5: Los OCEX autonómicos y estatales. Otros entes. La Comisión y el Tribunal de Cuentas Europeo.

Los organismos europeos son aquí los que pueden generar “miedo” sin matices. Todo ello sin perjuicio de los controles de los OCEX propios (Consello de Contas de Galicia, Tribunal de Cuentas estatal) cuya incidencia en el ámbito del control de fondos europeos suele ser reducida y de la importancia que la AIREF y la OIRESCON puede tener la actualidad, más la primera que parece consolidada en sus funciones y visibilidad, que la segunda que está en un proceso de… “algo”.

Habiendo pasado 4 años de la tramitación de una convocatoria de ayudas o de la ejecución de un contrato cofinanciado el nivel de control 5 puede suponer un agujero en las cuentas de una Comunidad Autónoma como cualquier crisis de financiación que se le aproxime.

Sobran ejemplos como los criterios de adjudicación irregulares, los modificados de contrato que tardamos una década en “transponer” correctamente, las bajas temerarias de quita y pón, etc. Pero sus recientes controles se centran en aspectos más especializados de acuerdo con el actual Marco de financiacón 2014/2020: obtención de resultados, medidas de coste-eficiencia, medidas de garantía de lucha contra el fraude,… Y eso por estos lares aún cuesta. Y mucho.

Pero además, las consecuencias de irregularidades detectadas en este nivel costará mucha financiación. Porque no es lo mismo detectar irregularidades en el nivel 2 y asumir que algunos expedientes deben financiarse con el presupuesto propio, que recibir una visita de la Comisión a golpe de septiembre y que te digan que antes de diciembre te vna a restar de tu presupuesto 10 o 20 millones de euros porque han detectado criterios de adjudicación no válidos en 2 expedientes de contratación. Y así funcionan.

Analizados los niveles, veamos con un sucinto análisis práctico, y en mi condición de elemento integrante del nivel 1 (aunque sea en adscripción provisional posterior a cese, o quizás por eso) aprovecharé que el IGAPE publicó esté miércoles la relación de ayudas concedidas en el segundo semestre de 2019 (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201126/AnuncioO92-161120-0001_es.html), para hacer un pequeño simulacro de análisis “de superficie”. Es muy importante este organismo porque se trata de uno de los órganos que a priori en Galicia tendrán funciones relevantes en la gestión de los Fondos Next Generation EU y análogos, como ya lo es del FEDER.

Supongo que como siempre es necesario advertir que mi análisis no prejuzga la legalidad de las actuaciones ni supone ninguna revelación de información que no esté disponible para cualquiera “en internet” (datos empresariales, datos personales, etc). Simplemente puede/debería servir como aviso para navegantes interesados en la obtención (regular o no) de ayudas financiadas con fondos europeos. Y no debería verse como una crítica o desprecio del trabajo de otras personas en las AAPP, porque cada uno tenemos nuestras funciones y a mi me corresponde ver dónde puede fallar el sistema, sin consideraciones personales.

Dicho lo anterior, una sencilla conversión del archivo publicado y un breve análisis de la información publicada, deja los siguientes extremos relevantes para un control de nivel 2 sobre una población de 1.188 beneficiarios (981 beneficiarios únicos) que se han repartido casi 29 millones de euros en subvenciones para un total de gasto subvencionable de casi 78 millones:

a) Análisis por cuantía de subvención concedida:

a.1. Los 22 primeros beneficiarios por importe se han repartido subvenciones de 6 cifras para un total de casi 4 millones de euros, siendo la subvención media de más de 175.000 euros

a.2. Otros 724 beneficiarios han recibido ayudas de 5 cifras para un total de algo más de 22 millones de euros, siendo la subvención media de más de 30.000 euros

a.3. Los más de 400 beneficiarios restantes han recibido ayudas de 4 y 3 cifras, siendo la subvención media aprox. 4.800 euros.

Surgen algunas preguntas interesantes en relación al importe de ayuda y su porcentaje sobre el gasto asumido:

Primera.- ¿Son los primeros de la lista las empresas que han recibido un mayor importe de ayudas del IGAPE? No, porque hay beneficiarios que acumulan varias ayudas del subgrupo a.2 y superan en gran medida el importe de 175.000 euros

Segunda.- ¿Es más importante la cuantía o el porcentaje? Pues en muchas ocasiones el segundo dato, porque garantiza la viabilidad de la inversión en mayor medida. Sólo una de las líneas de ayuda garantiza el 100% de la inversión. Y la que garantiza el 90% de la inversión es íntegra para las Cámaras de Comercio.

Tercero.- ¿Es eficiente conceder ayudas de menos de 2.000 e incluso menos de 1.000 euros? No. Y siento ser así de contundente, pero es imposible conseguir ningún objetivo con esos importes. Igual que no llegan el dinero para todos. Implica falta de planificación y de determinación clara del “publico objetivo y de sus necesidades”.

b) Análisis por destinatario de las ayudas y número de ayudas percibidades:

b.1. ¿Quiénes son los primeros destinatarios que reciben 6 cifras? Son varias categorías diferentes:

Los cluster de sectores priroritarios de Galicia (madera, automoción, alimentación, etc) lo cual incide en la posible concurrencia con ayudas de cada una de las consejerías afectadas y el control o no de dicha concurrencia
Empresas de “renombre” (habituales en convocatorias de ayudas de diversa índole)
Supuestos extraños: Y en esta categoría tan interesante están empresas que sorprendentemente al “bucear” en sus propietarias/os…

1.- o resultan financiadas como emprendedores cuando ya poseen otra sociedad que se dedica(ba) a lo mismo,

2.- o cambian su propietarios después de obtener la subvención para pasar a pertenecer a personas que ya realizaban dicha actividad,

3.- o participan en entramados societarios a lo largo y ancho de Galicia para la misma actividad pero con otras sociedades, etc.

Y algunos no tienen vida en internet, lo cual es si cabe más «mosqueante» en proyectos de 6 cifras.

b.2) ¿Quiénes son los beneficiarios que más ayudas reciben?

También aquí tenemos varias áreas de interés. En primer lugar las Cámaras de Comercio de Coruña, Santiago, y la que agrupa a Vigo, Pontevedra y Vilagarcía se reparten más de 1,5 millones de euros (600.000 cada uno de las de Coruña y Vigo). No voy a incluir el volumen de enlaces a noticias sobre procesos judiciales, irregularidades, etc, que podríamos incluir. La historia de las Cámaras de Ourense y Lugo también es conocida. Ya en 2013 el Consello de Contas analizó su actividad en relación a los ejercicios 2010-2011. Pero todo las entidades y su «compliance» todo lo pueden revertir…

Otro sector con empresas que recibe varias ayudas y/o de importe relevante está vinculado a clusters (AMSL S.L.), universidades (Cinfo S.L.), formación de sindicatos y empresas (Femxa formación S.L.) y otras empresas que a pesar de su aparente pequeño tamaño reciben varias y/o cuantiosas ayudas (Galiwonders S.L., Viajes Fisterra S.L., Duacode S.L., Efimob S.L., por ejemplo). Muchas de ellas con ayudas ecumuladas por encima de los 100.000 euros por lo que los límites reales de ayuda no son, al menos no sólo, lo que diga una única convocatoria de ayudas.

En conclusión, se van a rebajar los requisitos y plazos en el nivel 1 para cobrar más y cobrar antes de Europa. Pero que nadie se equivoque, si ese nivel no trabaja bien, muy bien, el agujero que provocarán los cuatro nivel a posteriori se va a financiar durante años con un endeudamiento que antes o después sufrirá otra crisis brutal.

Y por eso los cuatro niveles restantes seguirán realizando su trabajo, que no debe ser el de meras comparsas, oficinas contables, ni semáforos en ámbar permanente, etc. O en eso confíamos algunos.