10 conclusiones o mejoras que facilitarían la absorción rápida de Fondos Europeos (ideas para grupos de trabajo)

Este jueves pasado el Consejo de Gobierno de la Xunta de Galicia creó 3 grupos de trabajo en el marco de la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia. Como veo en las próximas semanas (que deberían ser pocas, pero «nos conocemos») mucho trabajo de consultoría, muchas personas en mi Administración haciendo la pregunta clave: «¿por esto pagan o puedo seguir de café y …?», intentaré ir dejando «miguitas» para ver si encuentran el camino. Desde la más absoluta modestia/prudencia.

Además, como tengo un par de meses por delante «completos» (curso #nextgenerationeu en abril-mayo, juicios, verificar millones de euros cofinanciados por Europa,…) y no tengo abuela ni nadie que me lea, voy a ir directo al grano con 10 conclusiones en el ámbito de la contratación pública y subvenciones, que es de lo que puedo opinar:

Primera.- En la elección del personal de los grupos de trabajo, olviden todo lo que han hecho hasta ahora. Es lento, recargado de publicidad y declaraciones de buenas intenciones,… Dejen que los grupos sean de niveles intermedios, sin altos cargos que tengan que consultar «con las sábanas» las consecuencias. Lideren los proyectos de forma que no supongan un «dame dinero que ya lo gestiono yo en mi consejería…». Si votase el personal de las Administraciones Públicas para garantizar sus sueldos, los grupos de trabajo estarían llenos de compañeros/as que en los últimos años han hecho cambios/mejoras, pero que no han dicho todo lo que hacen, lo buenos que son, lo poco que le dedican a sus familias y amigos, etc. La gente que trabaja no tiene tiempo para vender su… moto.

Segunda.- Sección presupuestaria 24 (25 ó 26), «Gastos cofinanciados por los Fondos NextGenerationGalicia». Al estilo de la previsión del Real Decreto Lei 36/2020, y análoga a la sección 23 «Gastos de diversas Consejerías» que ya existe desde hace años. Esto facilitará la gestión correcta y rápida de los Fondos. Si una Consejería o ente a la que se le atribuyan fondos no avanza rápido (que pasará), tendrán la rapidez técnica y política para modificar la intención inicial. Esta sección debería estar fiscalizada directamente por Intervención General y sus unidades directamente dependientes. Ello dará una unidad de criterio que en cada consejería no se dará. Permitirá centralizar muestros, decidir entre fiscalización previa o posterior, control financiero, etc.

Tercera- Solicitudes de subvención por Sede electrónica en 5 minutos. Si lleva más tiempo presentar una subvención es un «fiasco». Y sume a lo anterior modelos homogéneos para todos los proyectos cofinanciados. Una solicitud base, un proyecto, y muchas autorizaciones para comprobar datos que eviten presentar documentación inútil. Limiten de forma generalizada el tamaño de la documentación a presentar: máximo de 10 documentos adicionales a la solicitud, máximo de 10-20 páginas por documento. Y sólo presentación por la sede electrónica de la Xunta, nada de tener cada Consejería o ente su aplicativo personal. No mareemos a la ciudadanía

Cuarta.- Bases plurianuales de subvenciones de 5 páginas, 5. Lleven aparejada la convocatoria o sea ésta diferente cada año. Las bases deben confeccionarse al estilo hojas de especificaciones donde los demás artículos sean un documento adicional como los PCAP que nadie se lee pero todos asumen. Los extractos de bases son un resumen ejecutivo que se publica en segundo lugar y debería ser el primero. En cada Consejería permitan modificar el documento de convocatoria/bases anuales pero el extenso tipo PCAP que no se toque. Un secreto a voces, el 80% de los beneficiarios no leen y/o comprenden, ni les interesan más que 5-6 artículos (objeto, beneficiarios, cuantía, plazo de presentación, plazo de justificación, gastos subvencionables).

Quinta.- Unidad centralizada de contratación para suministros no sanitarios (el Sergas va por libre y lo hacen muy bien en contratación). Aprovechen las posibilidades de asignación de funciones y movilidad que fija la nueva ley (con técnica normativa así, así,…). Más allá de los «proyectos tractores», que entiendo su finalidad, debe haber un grupo de 10-15 personas que gestionen todas las licitaciones de acuerdo con pliegos técnicos que remita cada consellería: equipamiento para residencias de personas mayores, centros de menores, centros educativos,…

Sexta.- Unidad centralizada de gestión de reintegros dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Llevo 14 años en la Administración y 13,5 diciendo que más importante que conceder ayudas es garantizar que se ejecutan bien. Y cuando no, la recuperación debe ser casi inmediata, con procedimiento de reintegro ágiles. Y eso exige unificar la gestión y «estandarizar» los procedimientos. Bruselas ya ha puestos «sus ojos» en la recuperación de reintegros por los EEMM (aunque deje de financiarlos quiere ver nuestro esfuerzo por recuperarlos).

Séptima.- Gasto en la formación de menores de 30 años. Olviden la YEI, el registro de personas interesadas,… Lleven la formación a los centros de educación secundaria y de formación profesional desde ya. Llévensela. Sí, a ese 25% de nuestra población que llega a los veintitantos años sin formación finalizada. Cambien esa generación con un impulso de la oferta individualizada para ellos. Hay millones de euros que invertir rápido en formación para conseguir que al menos la mitad de ese porcentaje se formen en termalismo, nuevas energías, proyectos de economía circular (pero de la de verdad),…

Dejen los cursos de sectores que no serán una profesión real en 10 años pero cuyos «lobbie» todavía tiene fuerza política para tirar dinero en actividades que (mal) gestionan y cuyo resultado en una juventud golpeada por la pandemia será frustración y más paro

Octava.- Criterios de adjudicación: pocos y medibles. Lo sabemos ya de sobra, pero no lo hacemos. No estamos para la fiesta del recurso especial y la discrecionalidad. Cualquier criterio de adjudicación que no sea objetivo u objetivable fináncienlo con Fondos Propios. No es para Fondos Europeos ni para nada que exija una gestión rápida y eficaz.

Novena.- Vigilar la ejecución de los contratos. Por una vez, sería recomendable incluir en los contratos condiciones especiales de ejecución concretas, créibles, útiles,… y vigilar el cumplimiento de los contratos, imponiendo penalidades. Para eso sería recomendable aprobar un procedimiento de imposición de penalidades en esos grupos de trabajo que se incluya como parte visible de los pliegos y que se aplique. Vigilar la ejecución de los contratos es garantizar la correcta ejecución de los fondos europeos. La falta de penalidades será proporcional a los intereses de la deuda pública que debamos asumir en 3 años si tenemos que devolver o no ejecutamos los fondos europeos correctamente.

Décima.- No hay magia para la gestión de los fondos europeos. No contraten brujas/brujos, expertos en humo. Hay personas escribiendo demasiado estas fechas (me incluyo) sin tener ni la más mínima idea, ni el menor complejo. Pero no paguemos por los planes o ideas de quien no tiene experiencia ni en gestionar su economía familiar. Si las ideas se publican gratis, se pueden aprovechar o no, pero si las vamos a pagar como ya hemos hechos en tantas ocasiones, que sea previo análisis de la valía y capacidad de esas «expertas personas»… La creación de una sociedad mixta con un capital inicial de 5 millones de euros, que no nace para invertir sino que por lo tanto asumirá gasto corriente, será la prueba de fuego de si contratamos magia o realidad.

Nada más por este sábado, que toca seguir preparando el curso (con 200 personas inscritas ya para 50 plazas…). Espero ir viendo la progresión de esta revolución en la web oficial de la Xunta de Galicia http://www.nextgenerationgalicia.gal/ . Y si resultan interesantes 2 ó 3 medidas para las personas que «decidirán», doy por amortizado mi 2021 en la Administración Pública gallega… y estamos a 27 de febrero.

Notas sobre el Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre: “Cambios en la gestión presupuestaria y aspectos discutibles»

La finalidad de estas notas de primera semana del año es aportar algo de información en línea con lo que ya han hecho en las primeras horas del año (¡¡¡!!!), entre otros Javier Vázquez Matilla, Juan Carlos García Meilán, y más que irán apareciendo en los próximos días…

Yo voy a intentar explicar de forma sencilla lo que he «leído» en cuanto a la ejecución presupuestaria (Capítulo I del Título IV del Real Decreto Ley 36/2020). Es esa materia que requiere una traducción o subtítulos para personas que con razón fruncen el ceño al pronunciar “fiscaliza… ¿qué?”. Por ello es recomendable aportar de inicio una serie de aclaraciones antes de seguir:

  • El formato de este análisis es esquemático por lo que se usan y aclaran “abreviaturas” o términos específicos
  • El RDL establece un régimen especial para la ejecución de los Fondos Europeos #Covid, pero no modifica las reglas de juego/ordenamiento jurídico para los restantes expedientes
  • Sólo resultan básicos dentro del capítulo I del Título IV los artículos 37.4, 39, 44 y 46

Es un análisis rápido y por ello afectado por posibles errores que seguro que se disculparán y que subsanaré con críticas y aportaciones variadas. En concreto, el Real Decreto Ley establece la modernización/simplificación de la ejecución presuestaria en los artículos 37 a 46 en los siguientes términos:

VINCULACIÓN: Art. 37 Créditos vinculantes y control de gestión (apartado 4 es básico)

Este artículo es una mera declaración de intenciones de lo correctamente que se deben emplear los Fondos MRR y React UE, pero con la clara limitación y control por parte del Gobierno de los criterios y objetivos (cuestión que no se produce en los Fondos Europeos tradicionales). Se plasma en los principios conocidos pero ahora con matices de:

1.-AFECTACIÓN → Los créditos se vinculan a un PLAN que aprueba el Gobierno, y por tanto el margen de maniobra es limitado porque el plan fijará criterios y objetivos para la ejecución presupuestaria

2.- Control de GESTIÓN → con la consecuencia por incumplimiento (de los objetivos fijados por el Gobierno)

El art. 37.2 recoge, y reiterará el art. 38 (en línea con lo que ya prevé con carácter general la LGP) la competencia del Gobierno en transferencias entre secciones. Es decir, en las discusiones por el crédito entre distintos Ministerios sobre cuál es la actuación más relevante y que debe financiarse, decidirá el Gobierno.

Establece también en el artículo 37.4 (que es básico) la consecuencia para quien no los ejecute correctamente (sea entidad pública o privada). Se incluye expresamente a Comunidades Autónomas, Entidades Locales,… En cuanto a los fondos que reciban del Estado. Deberá devolver los fondos no ejecutados correctamente y se fijará el procedimiento por Orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda (mucho desarrollo reglamentario que quizás podría remitirse a procedimientos ya establecidos)

Por último, el artículo 37.5 fija para el caso de entidades PRIVADAS:

→ Cumplimiento de objetivos y estimación de costes

→ El reintegro de fondos se produce:

– – por menor ejecución

– – por INCUMPLIR OBJETIVOS

¿Y el gestor PÚBLICO que no cumpla obejtivos? Reembolso igualmente pero veremos que con las previsiones de incorporación,…, es mucho más matizable. Pasapalabra.

TRANSFERENCIAS: Art. 38 “Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias”

¿En qué consisten estas transferencias?

Son movimientos de crédito de los fondos MRR y React UE entre ministerios (íbamos a financiar algo n el área de juventud pero ahora lo vamos a emplear en obras públicas)

Las transferencias entre secciones que afecten a los servicios 50 MRR y 51 React UE, es decir, la movilidad de los fondos especiales una vez consignados en los presupuestos exigirán:

→ Corresponde al Gobierno a propuesta de Hacienda

→ No les resultan aplicables los límites del art. 52 de la LGP(es decir, se podrá incrementar lo reducido, reducir lo incrementado,…)

Cuando los movimientos de crédito sean dentro del propio Ministerio, Organismo Autónomo,…, los autoriza la persona titular del ministerio u organismo.

TAG → Artículo 39.- “Tramitación anticipada de expedientes de gasto” (es básico)

¿En qué consiste la TAG?

La regla general es que los expedientes que empiezan en el año siguiente sólo “arrancan” con carácter general al existir Proyecto de presupuestos (sobre el 20 de octubre)

Todo lo que se empieza a tramitar mientras no se aprueban los nuevos presupuestos pero que se va a imputar a ellos, se considera TAG (sea para expedientes que tengan una “vida” limitada al año natural o sean plurianuales)

¿Qué cambios plantea el RDL?

Este artículo 39 (y la TAG con carácter general) permite llegar a la fase de compromiso de gasto cuando aún no han entrado en vigor los nuevos presupuestos. En términos “sencillos” permite tramitar la formalización en contratos y la concesión en subvenciones sin que exista aún presupuesto aprobado para el año siguiente.

Supone en materia de subvenciones una excepción/ampliación de lo previsto en el artículo 56 del Real decreto 887/2006 y en materia de contratos NADA que no estuviese ya previsto en el artículo 117.2 de la LCSP.

¿Dudas y posibilidades adicionales?

Y también podría suponer este artículo 39 una modificación en el ámbito de los fondos Covid, a otros límites como el del artículo 47.5 de la LGP que no permite subvenciones nominativas plurianuales.

Cuando señala el artículo 39 que se permitirá “cualquiera que sea el instrumento o negocio jurídico utilizado para tal fin”, parece que el límite del art. 47.5 podría saltar con expedientes plurianuales de TAG para convenios que recojan subvenciones nominativas… ¿o no? (“malpensemos” que estas subvenciones nominativas plurianuales podrían blindar la financiación con los nuevos fondos de entidades públicas de nueva creación y/o privadas)

PAGOS ANTICIPADOS → Artículo 40.- Elevación de la limitación a los pagos anticipados establecida en el artículo 21.3 LGP

¿Ámbito de aplicación?

En ENCOMIENDAS Y CONVENIOS. Se eleva del 10% al 50% la posibilidad de entregar anticipadamentes fondos para “actuaciones preparatorias”. Puede plantear dudas el posible “agujero” que producirán las entidades que no logren ejecutar dichos fondos (y no reintegren rigurosamente al finalizar el ejercicio como indica el artículo 38 del RDL).

Entiendo que este límite es el que se eleva y por tanto estaría limitado a “actuaciones preparatorias”, porque se eleva un límite que ya existe en el artículo 21.3 de la LGP, pero no parece crearse una posibilidad adicional “ex novo”. En línea con lo anterior se trataría de entregas “garantizadas” salvo cuando se trate de AAPP

¿Novedades relevantes?

El segundo párrafo del art. 40 (porque alguien no consideró prudente numerarlos) es, éste sí, una posible enmienda a la gestión presupuestaria ordinaria, al preveer anticipos de hasta el 50% en expedientes para los cuales su normativa no prevea anticipos o los prevea en porcentaje inferior.

Pero si el artículo 21.3 se refiere a Encomiendas y convenios, ¿qué modifica realmente? La mención a ejecución y justificación podría hacer pensar en aplicarlo sólo a expedientes de subvenciones instrumentadas por medio de convenios, pero tendremos que ver el alcance que se persigue con esta redacción porque los famosos convenios de capítulo VI (¿Quién ha dicho contratos en fraude?) estarían haciendo viable el anticipo de fondos cuando parecía descartado con base en el “principio de prestación hecha”.

GASTOS PLURIANUALES Artículo 41: Compromisos de gasto de carácter plurianual

Se incrementan los porcentajes que fija el art. 47 de la LGP para gastos plurianuales, y se incrementa un ejercicio presupuestario adicional el total de ejercicios a los que se puede imputar gastos

Si alguien confunde años y ejercicios, por poner un ejemplo: para un expediente que se inicie en 2021, podrá ejecutarse hasta 31/12/2026, se inicie en marzo o en noviembre de 2021. La actual LGP habla de ejercicio corriente y cuatro ejercicios futuros y el RDL habla de porcentajes en cinco ejercicios futuros.

Ejemplo práctico:

Subvención de 3.000.000 euros plurianual concedida el 30 de junio de 2021 (en 2021 se ejecutarán 300.000 €). Presupuesto del servicio 50 del Ministerio X para 2021 de 800.000 euros

¿Límites de crédito a imputar a cada presupuesto anual según art. 47 LGP vs art. 41 RDL?

¿Qué persigue esta ampliación de límites? Visualmente quedaría claro en el cuadro (espero): una mayor capacidad para gestionar los escenarios presupuestarios plurianuales con mayor capacidad de gasto a futuro y mayor flexibilidad para dar cabida a los reajustes que se produzcan en los proyectos. Y además el art. 41.3 del RDL permite incrementar más los límites de porcentajes y anualidades

INCORPORAR/no ejecutar → Artículo 42. Incorporaciones de crédito

¿Qué son?

Modificaciones presupuestarias para traspasar al ejercicio siguiente crédito no ejecutado (¿Pero no íbamos a simplificar e ir todo rodado? Pues eso). El RDL establece que los créditos financiados con el MRR y los financiados con React UE son incorporables a los efectos del artículo 58.1.a) de la LGP que exige que para poder incorporarlo debe disponerlo/permitirlo una ley

¿Qué supone en la práctica?

Se abre (como siempre con los fondos UE) la puerta a que la ejecución se demore y no alcance objetivos. Además, en aquellos supuestos en los que se exija cofinanciación de los fondos europeos, el problema será al igual que siempre cómo cofinanciar la aportación para el año siguiente de fondos NO UE, que habrá que retirar de otras actuaciones (en ocasiones igual de esenciales) y que se financiarán con ¿deuda?

Efectivamente, como reconoce el propio artículo 42 la financiación procederá de la deuda, salvo para OOAA, entidades con presupuesto limitativo y Seguridad Social, que deberán financiarse con remanente no aplicado al presupuesto.

Además, conviene recordar en relación a las posibles incorporaciones que un crédito no ejecutado es una actuación que no cumple la “programación temporal” establecida, ni cumple con los objetivos fijados (ver art. 37.5)

CIERRE DEL EJERCICIO → Art. 43. Flexibilización del calendario de cierre del ejercicio

Es ésta otra previsión redudante y análoga por ello a la que ya se recoge en la (inmensa) mayoría de las órdenes de cierre estatal y autonómicas en relación a los expedientes financiados con Fondos Europeos.

El apartado 2 ahonda en la previsión de que no seremos muy buenos gestores de los Fondos Europeos (nuevos y antiguos), al no preveer que se autorice su calendario semestral de ejecución (no se cumplirá) ni la ejecución del 50% para las posibles prórrogas presupuestarias (porque tampoco se cumpliría con carácter general).

Sigue a estas alturas del capítulo una finalidad de reducción de requisitos, de autorización de reajustes por mala ejecución, que se compadece muy mal con una necesidad de ejecución diligente. A estas alturas el Real Decreto Ley tiene en esta parte poco de simplificación y agilidad y mucho de dar naturaleza legal a las “chapuzas” habituales que son consecuencia de mala gestión y/o mala planificación. Una pena y oportunidad perdida.

FONDOS para las CCAA → Artículo 44. Ejecución de los créditos que hayan de distribuirse territorialmente a favor de las Comunidades Autónomas (es básico)

¿Qué decidirán las CCAA?

En relación a los fondos cuya ejecución se atribuya a las CCAA (veremos qué porcentaje final del total) se prevén dos (mejor dicho tres) modificaciones del régimen general del art. 86 de la LGP. Por ello hablar de si este RDL es normativa básica o no cuando las reglas del “dinero” vienen marcadas desde el Gobierno central y Bruselas… Veremos cuánto es discutible.

¿Ritmo de libramientos?

Regla 5ª: Posibilidad de libramiento de los fondos de forma íntegra y no porcentual. Algo coherente con aquella financiación que como la comunitaria no depende de una estimación de ingresos a concretar a lo largo del año (como son la participación en determinados tributos que se ingresan mensual o trimestralmente).

En los fondos europeos ordinarios (FEDER, FSE, etc) esa financiación depende de un proceso de verificación previa para que se produzca el ingreso de la financiación (más allá de posibles anticipos de Bruselas), pero en esta financiación COVID parece consigna mover rápido la financiación recibida por el Estado.

¿Qué hay de los remanentes/reintegros?

Regla 6ª: No se descontarán de cada “remesa” los remanentes no ejecutados por las CCAA (porque se prevé su incorporación y) porque se habilita para destinarlos a las mismas finalidades en el ejercicio siguiente. Sólo en el caso de que la actuación financiada no se realice ni se incorpore al ejercicio siguiente se reintegrarán al Estado los remanentes.

¿Criterios de distribución de los fondos?

Creo que finaliza el artículo 42 modificando la Regla 2ª, aunque no lo indique expresamente. Con la previsión de aprobar “plurianualmente” los criterios de distribución de fondos para subvenciones entre las CCAA se elimina la aprobación anual de dichos criterios que fija la regla 2ª y se “salta” una tradicional disputa anual. De tal forma que si no gustan, van a ser los que toquen durante varios ejercicios, así que traerá cola… ¿no?

CONTABILIDAD Y DATOS → Artículos 45 y artículo 46 (básico)

Sólo destacaré “tres ideas (críticas no constructivas)”:

Primera.- Cuando la comprobación por la intervención competente se ciñe a acreditar la “existencia” uno o varios informes, se está queriendo/intentando convertir literalmente a los órganos de control en obedientes “pegasellos” (artículo 45.2)

Segunda.- Que la tramitación de estos expedientes “goce de prioridad respecto de cualquier otro” en intervenciones delegadas como las de departamentos que tramitan expedientes de emergencia social, por ejemplo, es un “brindis al sol” que nadie con la mínima integridad y responsabilidad aplicará (artículo 45.6)

Tercera.- Que sea necesario en pleno S. XXI dedicar el artículo 46 con sus siete apartados a lograr cierta información homogénea y fiable de los distintos sistemas contables y estadísticos de cada AAPP en materia de expedientes de ayudas y de contratación pública, demuestra empíricamente uno de los males más importantes de nuestro ordenamiento jurídico: confundimos autonomía con minifundismo.

Sigamos con la información en archivos pdf no “tratables” y aplicaciones de los años 80 en el ámbito de la ejecución presupuestaria, siempre en pro de la transparencia.

abreviaturas y definiciones

Crédito = cifra que recogen los presupuestos. Puede llegar a ser ingreso real o más deuda según se gestionen los fondos europeos que lo (co)financian

LGP = Ley 57/2003 General Presupuestaria

LGS = Ley 38/2003 General de Subvenciones

MRR = Mecanismo de recuperación y resiliencia

RDL = Real decreto ley 36/2020

TAG = Tramitación anticipada de gasto

Aplicación presupuestaria = codificación con la que se distribuye con carácter general el crédito en las Administraciones Públicas.

Por simplificar con un ejemplo no real: 05.02.311A.780.00

Sección → Ministerio 05

Servicio → Dirección General 02

Programa/Política → 311A

Naturaleza del gasto → 780.00 Subvenciones para gastos de inversión realizados por Familias y Entidades sin ánimo de lucro