En los pasados Encuentros de Órganos de Control Externo celebrados a finales de 2025 en Córdoba, organizados por Asociación de Órganos de Control Externo Autonómicos (ASOCEX) y la Cámara de Cuentas de Andalucía, presenté una comunicación sobre «enfoque social» en la auditoría vinculada entre otros temas al análisis de la despoblación en Galicia y al riesgo de los incendios. Lo que analizaba en aquellas fechas quizás sea interesante reproducirlo en las actuales.
Discutimos si el enfoque social en nuestro trabajo de control debería permitir que analicemos qué ocurre, por ejemplo, con la redistribución de la riqueza cuando no ponemos en juego una redistribución efectiva, cuando no incluimos en la balanza un análisis de eficacia y eficiencia «particular» sino datos macroeconómicos globales: «el PIB avanza, Galicia avanza» o «Más turismo mejora los ingresos, y la masificación es irrelevante».
Quizás no son necesarios análisis demasiado puristas, ya que las noticias de prensa (https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2025/07/23/vivienda-turistica-afianza-galicia-piso-genera-6000-euros-ano/00031753300975518158402.htm) permiten ver como por ejemplo más allá de los datos globales, la mayor rentabilidad de un valor básico de la riqueza como son los «bienes raíces», no se encuentran en ninguno de los ayuntamientos en riesgo de despoblación.
Son el haz y el envés de la riqueza territorial, que visualmente ya permiten saber dónde se concentra el beneficio y la pobreza (futura o actual ya).
Pero además, en el momento de preparar el trabajo para aquellos encuentros, era evidente la pérdida de riqueza territorial en el interior de Galicia, con el 25% del territorio de la provincia de Ourense ardiendo. Pero además, en los ayuntamiento en riesgo de despoblación de la provincia donde se habían concentrado los incendios (sorpresa inesperada), esa cifra superaba con claridad el 50% del total.
En la preparación de la fiscalización sobre despoblación, se comentaron las distintas opciones de gestión del territorio ya efectivamente despoblado. La gestión de las AAPP con sus propios recursos o externalizando su gestión parece haberse demostrado un absoluto fracaso de gestión de los recursos de la Galicia despoblada. Había sido un fracaso de prevención el pasado verano, entre otros, por estos motivos ya habituales:
– contratos y encomiendas sin ejecutar en plena ola de calor (julio-agosto) por importe de más de 8 millones de euros, en particular la limpieza de las “franjas secundarias”, terrenos de vital importancia para evitar que los incendios afecten a núcleos poblados.
– comunidades de montes vecinales en mano común (en adelante «comunidades de montes») que no han recibidos las subvenciones para limpieza de montes en las fechas clave para asumir sus trabajos con garantías financieras y operativas.
– Falta de transparencia, rendición de cuentas (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR652A) y análisis en las finanzas de las Comunidades de Montes, propietarias de un parte fundamental de los territorios con masa forestal y biomasa, combustible clave en la gestión de la prevención
En concreto, desconocer la figura de montes vecinales impide de hecho un análisis de la posible “política de prevención” en Galicia, tanto de la despoblación como de la actividad incendiaria. Son pocos los análisis económico-tributarios sobre el impacto de los bienes comunales en la economía de las zonas despobladas, pero alguno bastante reciente (“Estudios sobre las finanzas públicas ante la España despoblada” / coord. por Daniel Casas Agudo, Francisco García-Fresneda Gea; José Antonio Sánchez Galiana (pr.), 2023, ISBN 9788411695596, págs. 451-476), en el capítulo destinado a «Bienes comunales y España despoblada», analiza el impacto de la adecuada gestión de los bienes comunales en el equilibrio económico de nuestro país.
En un ayuntamiento de menos de 2.000 habitantes como Vilardevós, en el sureste ourensano, existen 26 comunidades de montes de acuerdo con el registro autonómico (https://ovmediorural.xunta.gal/es/consultas-publicas/montes-vecinales-en-man-comun) que acumulan más de 7.000 hectáreas. En realidad disponemos sólo de datos de aprox. 6.600 ha, pero esta cifra no incluye 3 comunidades de montes de las que no disponemos de información en el registro, pero con un promedio de 300 has por comunidad de monte podemos redondear la cifra final.
7.000 hectáreas a repartir entre los poco más de 1.600 habitantes censados y por tanto con “casa abierta” como para ser comuneros y disfrutar de derechos, pero también asumir obligaciones en relación al monte comunal que les “toca”. Cinco hectáreas por persona.
Es fácil con estas cifras calcular el impacto de las ayudas para las comunidades de montes convocadas por la Comunidad Autónoma de Galicia (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2025/20250210/AnuncioG0426-140125-0008_es.html).
En 2024, Las comunidades de montes del ayuntamiento de Vilardevós recibieron para el “impulso de la buena gobernanza” (título muy propio de los NGEU), algo más de 54 mil euros para las 7.000 hectáreas, algo menos de 8 euros por hectárea y algo menos 54 euros por habitante.
Debemos por tanto, analizar la información de que disponemos para poder fiscalizar los programas de gasto, las actuaciones en torno a una situación de emergencias o, en general, cualquier producto que pretenda realizar un órgano de control externo. No son sesgos, es formación e información previa que debemos “adquirir” y emplear.
Este «análisis» formaba parte de mi comunicación en aquellas jornadas, y el próximo octubre se completará en el Congreso Nacional de Auditoría Pública (XII Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público · Fundación FIASEP) que se celebra en Málaga organizado de nuevo por la Cámara de Cuentas de Andalucía con la colaboración de Fundación FIASEP, y que hace una año podría parecer fruto de la inmediatez del «horror» de los incendios, no se vería apenas modificada por la evolución de la actuación de las AAPP competentes de los meses siguientes. Ni en Galicia, ni en el resto de España.
El titular que encabeza esta pequeña reflexión (https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/2026/07/11/burocracia-frena-desbroce-fincas-rodean-viviendas/00031783787967327182924.htm) es un resumen de las AAPP cuando se enfrentan a graves problemas: señalar como causa de los problemas lo que es el resultado de sus propias actuaciones: la burocracia inútil (que la hay útil), la falta de decisión en la gestión del territorio,…, presentado como un hecho «aleatorio» y no como el resultado de la acción/omisión de las AAPP responsables, que son todas, como ya analizaba en agosto de 2025: https://www.linkedin.com/pulse/incendios-responsabilidad-o-culpabilidad-de-los-alvarez-somoza-tdk7f, y como los juzgados parecen concluir 12 después (https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/ourense/2026/07/14/fiscalia-ve-evidentes-errores-coordinacion-mando-gran-incendio-oimbra-pide-archive-contra-tractorista-trabajos-desbroce-iniciaron-llamas/00031784019411476685982.htm).
Hace sólo unas semanas, el Tribunal de Cuentas Europeo (European Court of Auditors) analizó el Mecanismo de Protección Civil de la UE (RescEU) en su informe especial 17/2026 (https://www.eca.europa.eu/es/publications/SR-2026-17), un mecanismo que nació precisamente para completar el sistema de emergencias frente a los incendios sobre todo en la temporada de incendios (que la UE, más prudente, fija del 15 de junio al 31 de octubre. Si bien el ECA se centra en el análisis de los procedimientos de compra de medios de extinción, no hay un análisis parecido a nivel estatal autonómico o local, ¿no?
En conclusión, como ya podría adelantar hoy mismo para mi participación en Málaga este próximo octubre:
«Las Administraciones Públicas y los gobiernos (y no siempre por este orden) son máquinas perfectamente engrasadas para generar colectivos vulnerables».
¿Son la mejor opción posible? Seguro. Pero sin control son inoperantes. Y los órganos de las AAPP de gestión y control (interno, externo, agencias de evaluación, etc), si no son parte de la solución con su trabajo, son parte del problema con su inactividad. Después sólo estaremos para «contabilizar» hectáreas quemadas.