La contratación pública debe tener un impacto en la sociedad relevante. que se puede plasmar en los servicios que provee, en las inversiones que plasma (o en los titulares que provoca). Casi podría ser una conclusión evidente de la lectura del artículo 28 de la LCSP, cuando señala que «Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales».
Hacer lo necesario. Pura y simplemente. Por ejemplo, en el fenómeno de la «despoblación», lo necesario es dotar de servicios a las zonas rurales en condiciones análogas a las de las zonas menos rurales (ni se me ocurre exigir igualdad con las zonas más urbanitas, no vaya a ser). Pero no porque lo diga yo, no porque lo recoja el informe sobre despoblación del Consello de Contas de Galicia (https://www.ccontasgalicia.es/sites/consello_de_contas/files/contents/documents/2024/1702023-07_IF_Informe_Reto_Demografico_C.pdf)y la futura reforma de la Ley de Administración Local de Galicia (¿me ha parecido leer una mención al informe del OCEX en su exposición de motivos?). Debe hacerse una nivelación mínima de servicios porque así lo exige la Constitución y todo el ordenamiento jurídico del que se ha dotado nuestra sociedad.
¿Pero qué es lo necesario en las contrataciones públicas? Lo que justifique la memoria o informe de necesidad. Por eso el documento más importante de una licitación, y donde fallan el ¿80%? es la memoria de justificación de las necesidades. Falla en contratos menores, pero también falla en contratos de millones de euros. Por poner un ejemplo, las dos fotos siguientes recogen dos noticias de 2004(El Gobierno redactará este año el proyecto del cuartel de A Fonsagrada) y 2020 (https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/vilalba/2020/01/31/gobierno-construira-nuevos-cuarteles-vilalba-fonsagrada/00031580476236141156316.htm).
Parecía por tanto «necesaria» una inversión en cuarteles de la Benemérita en el rural gallego, más en concreto en la provincia de Lugo. Pero 26 años después de la noticia inicial, es en 2026 cuando esa necesidad se manifiesta en una licitación pública. Que sea en año previo a las elecciones municipales es un «matiz», lo sé.
Pero al menos, vemos plasmada ya en una licitación con cifras y empresas interesadas, las necesidades del rural despoblado. Despoblado, porque A Fonsagrada, durante esos mismos 20 años ha visto descender su población en un 40%, de casi 5.000 a escasos 3.000 habitantes.
¿Quiere ello decir que ya no hace falta Benemérita en el rural? Es una pregunta trampa, por supuesto. Siempre hace falta en el rural la seguridad de las poblaciones. Más aún cuanto mayor es la extensión deshabitada que deben asegurar. Pero como siempre he escuchado y me gusta repetir, hacen falta personas, medios técnicos, no tanto edificios.
Y esta es la trampa, porque después de casi 30 años de demanda social, se proyecta un nuevo cuartel por un importe de 4,6 millones de euros, IVA incluido. Casi nada. Es una cifra que guarda una «simpática» relación de coste/habitantes con el proyecto que para Villalba se fijaba en 2020, y que era de 2,8 millones. Villalba ha pasado de 15.600 a 13.800 habitantes en 20 años. Tenía, según la noticia de 2020, 44 efectivos y A Fonsagrada «6 efectivos» de la Benemérita.
Pero la diferencia de 1,8 millones en los proyectos de ambas poblaciones se debe entre otras cuestiones técnicas que no voy a desmenuzar aquí, a la construcción en A Fonsagrada de 4 viviendas para los efectivos del nuevo cuartel:
No hay más que decir. En una población de 3.000 habitantes donde según el Ministerio competente (https://public.tableau.com/app/profile/reto.demografico/viz/SistemaIntegradodeDatosMunicipales/Portada ) hay un 30% de viviendas vacías (me dirán que están en mal estado, que no se alquilan…), la necesidad de seguridad se va a cumplir dotando a la población de 4 casas/chalets en el cuartel de 170 m2 cada una, al módico presupuesto de licitación de 450.000 euros cada una. No tenemos remedio.
Porque si la necesidad es dotar de agentes de la Guardia Civil, de pediatras, o de juezas o lo que se determine como necesario, quizás ese 1,8 millones de euros puede compensar el salario con un complemento de «despoblación», al igual que en las grandes ciudades se hizo y se hace (y como parece que se intuye en la reforma nueva Ley de Administración Local como posiblidad). Pero no, no es una casa 170 m2 la necesidad a satisfacer por la Administración. Y no, no parece tampoco el modelo de «casa cuartel» el idóneo con la actual situación de seguridad en nuestro país, porque obedecía en su momento a una mayor garantía de seguridad y mejora de retribución, pero también tuvo graves problemas de convivencia y aislamiento que no creo que queramos repetir.
Y si de retribuciones ajustadas queremos hablar, podemos poner la lupa en la entidad que contrata esta licitación analizada, cuya abreviatura SIEPSE identifica a un medio propio del ministerio competente de la Administración del Estado (que no sólo hay regalos para la Xunta, que no quiero «celos») cuya presidencia tiene como salario ¡casi 180.000 euros!, que bien podrían compensar repartidos anualmente entre los 50 efectivos antes indicado, una parte del esfuerzo por residir en el precioso rural de Lugo (SALARIO-BRUTO-ANUAL-DE-LA-PRESIDENTA.pdf). Bendita #transparencia, pero reitero, no tenemos remedio.
Por cierto, se trata de un medio propio más, como casi todos los que conocemos, que asume competencias, pero no tiene personal suficiente, por lo que externaliza la redacción del proyecto, la dirección de la obra,… Pero sus gastos de personal en 2023 ascendieron a 3,8 millones de euros, que dan para algo (INFORME-ANUAL-2023.pdf )
Aprovechando las primeras horas de la nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Mª Concepción Campos Acuña a la que ya se puede felicitar, aprovecharé para dejarle por aquí algunas lagunas que esta sociedad pública tiene en su portal de transparencia, y que «sorprendentemente» afectan a las retribuciones de altos cargos, compatibilidades y declaraciones de bienes de altos cargos. Mucho ánimo…
Y llegados a este punto, quizás lo de menos sea analizar si la licitación se ha desarrollado con normalidad o no, pero para que nadie se queje de que en toda licitación haya un pero, en esta han participado 10 empresas, pero como no podía ser de otra manera, las 2 más baratas han sido expulsada en el trámite de justificación de la baja temeraria, y ha resultado adjudicataria la tercera oferta en valoración global (Extraco Construcciones y Proyectos S.A.).
Como coincidencia a destacar, la oferta seleccionada en precio no había estado muy «fina» con el 6º lugar, pero en la oferta técnica, que siempre es de apreciación «un poquito» más subjetiva, obtuvo una valoración de 97,00 sobre 100, sólo superada (con 97,50) por una empresa cuya oferta económica, ¡vaya!, apenas rebajó un 1% el importe de licitación.
Pero por cerrar con algo de humor, como bien dice Manquiña en Airbag (película «de culto» que cumple en nada 30 años), lo importante es «el concepto»: definir la necesidad.
En este caso, el programa de necesidades recoge 10 efectivos en el nuevo acuartelamiento, y estima necesaria vivienda para un 30%: ¿resultado de la sencilla operación? No 3, mejor 4 viviendas y 1,8 millones.
Por cierto, ¿cuántas viviendas públicas se construirían con 1,8 millones en cualquier población mediana de Galicia, Asturias, Extremadura,…? No hay más preguntas