En Galicia, las familias que lo deseen podrán firmar un contrato por el que sus hijos/as se comprometen a no usar en un horario determinado los teléfonos, tabletas y demás elementos tecnológicos fuera del centro educativo (donde el uso de móviles está prohibido, aunque no la «tenencia»).
Así aproximadamente empezaba la noticia que anunciaba el acuerdo del Consejo del gobierno gallego de 12.01.26 (https://www.xunta.gal/documents/35297/43114/120126+REFERENCIA-.pdf?version=1.0) para aprobar su Plan de Bienestar Digital en el marco de la futura Ley de Educación Digital de Galicia (https://www.xunta.gal/es/notas-de-prensa/-/nova/020398/rueda-anuncia-que-xunta-aprueba-plan-integral-bienestar-digital-que-incluye-contrato). 7,2 millones de euros para los próximos 5 años.
¿De dónde salen los 7,2 millones? Podríamos aventurar que todo empezó con el clásico «viene el Consejo de Gobierno bastante flojo en Reyes, hay que proponer un plan«. Y tú, que trabajas para el Gabinete de una consejería y ya conoces el negocio, vuelves al cuadro del Plan Estratégico de Galicia (https://www.planestratexico2030.gal/documents/20509601/20509661/Resumo-executivo-PEG-22-30.pdf/31420ac4-e1f7-4db4-a46f-0b12234d5881) y miras las cifras del período 2022-2030 y ves que de 9 años, te quedan 5, casi un 60% del total: haces una regla de 3 entre años que te quedan y presupuesto del total fijado para 11 años en el eje y prioridad de inversión y… ¡cifra cuadrada! O también pudo ser la respuesta a un simple «¿cuánto le pongo?»:
Aunque no he localizado aún el Plan en la red, ya todos sabemos que los planes son «papel», igual que los contratos, incluso el matrimonio. No son nada sin la voluntad de cumplirlos. Como padre de adolescentes que ya están en el instituto, me gustaría más saber por qué firmar un contrato que limite el acceso en sus móviles a mis hijos si la propia Administración en años de experiencia no ha sido capaz de «capar» el acceso en sus equipos a contenido no apropiado.
Tampoco la voluntad de prohibir y perseguir bebidas energéticas se ha trasladado con la misma «diligencia» al ámbito del juego, que es al menos igual de peligroso para los menores (que ya lo hemos hablado por aquí… https://www.linkedin.com/pulse/notas-sobre-pol%25C3%25ADticas-p%25C3%25BAblicas-iv-el-juego-y-la-de-alvarez-somoza/?trackingId=oY44NvwcTae4tVQLmN1t9w%3D%3D). Educar mucho y bien, y no tanto prohibir suele funcionar mejor, aunque cueste mucho más dinero (mucho más que los 7,2 millones del Plan).
Pero también debemos preguntarnos, ¿quién ha elaborado ese Plan, en el marco de la próxima Ley de Educación Digital? Al menos, ha contado con un grupo de «expertos/as» (https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/destacada-participacion-persoal-experto-usc-plan-integral-benestar-dixital). Ha «contado» entiendo como siempre que es un eufemismo de han sido contratados, pero me gustaría que cuando sea así la información fluya de forma transparente y que no haya que ir a buscar si la USC está contratada por un contrato menor para un objeto (Asesoramento técnico redacción anteproxecto de Lei de ¿Educación?) y en unas fechas (13.02.2025) bastante cercanas a la necesidad para la consejería de analizar las alegaciones presentadas al proyecto de la ley después del trámite de consulta pública (febrero 2025):
Enlace al trámite de consulta pública: https://transparencia.xunta.gal/es/tema/informacion-de-relevancia-xuridica/consulta-publica-previa/consultas-pechadas/-/cpp/0236/ley-educacion-digital-galicia
Enlace al contrato menor: (https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=CM1683672&OR=511&ID=801&ID2=&S=CM&lang=gl)
Por si ha existido alguna contratación en este caso concreto, doy aquí por reiterados los comentarios que hice hace menos de un mes sobre las Universidades y su papel como «colaboradoras» en proyectos normativos, etc (transparencia, transparencia y yo aún diría más, transparencia): https://www.linkedin.com/pulse/de-contrataci%C3%B3n-p%C3%BAblica-informes-t%C3%A9cnicos-o-compra-la-alvarez-somoza-ftkee/?trackingId=Ty0UBCzNS%2B%2BAEhvSbcMnrg%3D%3D
Y otra pregunta más, ¿y «los dineros» de ese Plan serán suficientes o podría la consejería usar de forma eficientes otro fondos? Los 7,2 millones en 5 años parece bastante dinero, 1,4 millones al año. Pero como estaba dando vueltas por la web de Contratos de Galicia, me he puesto a bucear y ha salido una magnitud comparable, no tanto por el bienestar digital, pero sí por el bienestar económico para algunas empresas. En concreto me ha sorprendido el volumen de negocio de 2 empresas en contratos menores con la consejería de educación, en sus tres diferentes denominaciones, durante los 3 últimos años.
Y no ha sido fácil, porque el buscador de contratos menores, que sigue siendo en 2026 un listado bastante básico y «cero» intuitivo, obliga para los contratos de educación a analizar 4 perfiles distintos, por los cambios de estructura del Gobierno de la Xunta en estos años:
No se puede buscar por empresa, y hay que rastrear con el límite de agrupar como máximo 3 meses (¿por qué será esta «escasa accesibilidad»?). Sin embargo, el esfuerzo siempre compensa porque las 2 empresas, que comparten domicilio y administrador (información que cualquiera puede comprobar en «la red»), y que podríamos decir que ¿son las misma?, han recibido en 3 años la nada desdeñable cantidad de 1.300.000 euros en contratos menores.
Casi 140 contratos menores, o facturas sin más porque la plataforma tanta transparencia no ofrece. De ellos, 40 están entre 14.950 y 14.999 euros sin IVA, por razones de pura coincidencia, seguro. Algunos más si tomamos la horquilla de 14.500 a 14.999, e incluso algunos contratos despistados se firmaron por 15.000 euros, superando el límite de contrato menor
¿Con qué objeto? Soporte, montaje, organización de eventos, reuniones, etc. Un «balablabla» de manual, pero incluso las 2 empresas claramente separadas y «no emparentadas» en absoluto, llegan a compartir partes de eventos, se substituyen cada año en unos u otros eventos,… Para prueba, las 2 imágenes siguientes:
Un auténtico «desbarajuste» que dejo en abierto y bastante más manejable en la siguiente hoja de cálculo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yQeXJe9WYelNSvW69ouUdYQP3jHO45qO2RbqeYHKC0I/edit?usp=sharing. He obviado los nombres de las empresa por mantener el acertijo vivo unas horas para las mentes más ávidas de juego.
No seré yo quien le diga a esta Administración (fuera de mi ámbito de trabajo actual) cómo deben gestionar su contratación, pero cuando hablamos de 7,2 millones para ayudar desde la consejería al problema de la posible adicción a las pantallas de nuestros menores (porque los adultos ya somos ir-responsables de nuestras adicciones), el Plan me parece «poco ambicioso», al menos cuando lo pongo en relación con:
- la medida «estrella» del contrato familiar, que no recibiría un calificativo suave si la analizo a partir de sus previsibles efectos prácticos (lo veremos…)
- la colaboración no definida como encargo o contrato menor de asesoramiento con universidades y otras entidades que intuyo también reciben contraprestación al menos en alguna parte de la ley. Porque ¿no hay más contratos y/o convenios relacionados con la ley, el plan,…)?
- los gastos de celebración de eventos de dudoso impacto celebrados en ¿fraccionamiento/fraude de ley? evidente y mayúsculo con una única empresa, porque 2 serán a efectos de NIF, pero en la práctica es difícilmente creíble.
Sí diré que de nuevo los controles han fallado, porque:
- o no usan la información disponible en bases de datos,
- o no usan las guías y documentos de prevención del fraude que tanto trabajamos (y difundimos) todas las AAPP últimamente,
- o no han mejorado en 30 años ni lo más mínimo sus sistemas de información
- o será culpa del compliance…
Algo se podrá hacer para evitar tantos nuevos capítulos de una historia que ya aburrida, por reiterada y lamentable. Pero en fin, muchos planes lo que terminan siendo es humo, o al menos comparado con el «beneficio relativo» que obtiene de la Consejería competente alguna empresa con actividades de menor relevancia educativa, ¿no?
Seguro que ya hay muchas gobiernos e instituciones académicas preparando un nuevo Plan o Estrategia Anticorrupción o para la racionalización de la contratación menor, que pueda producir el mismo humo en el ámbito del control, pero que no sea demasiado eficaz, no vaya a limitar el neg… ¡Pero qué sabré yo!
Eso sí, dejemos de jugar en 2026 a ocultarnos entre contratos menores, y mejoremos de una vez la plataforma y su accesibilidad. Es una recomendación… ¿o queremos estar de nuevo todo el año con estos «sobresaltos»?