Decía un profesor universitario que tuve hace ya 25 años que él se situaba en una posición más elevada en el aula porque su categoría profesional y sus conocimientos le habían otorgado ese lugar. Y que quizás, con los años, podríamos tratarnos de igual a igual, si estudiábamos lo suficiente.
Era un rescoldo, ya en 1999, de la «universitas» entendida como gremio de sabios y estudiantes. Y lo sabía. Por ello, el desprecio que se intuía en ocasiones hacia su institución era evidente, para quien hubiese despertado ya en la hora que impartía docencia. La soberbia es protección para quien es lo que se ha ganado en buena ley. Y es un pecado capital para quien quiere ser lo que no le corresponde. Sin más.
Pero dejando de lado la filosofía, la universidad actual tiene ciertos problemas (financieros, profesionales,…) que pueden o afectan a su legitimidad. Si hace 6 años me adentré en el mundo de las «spin off» y sus ventajas pero también sus problemas (consultar 19.01.2020: https://administracionycontrol.eu/archivos/245), estos días he decidido profundizar en su cada vez más frecuente «propensión a informar». A informar asuntos de las AAPP con uno de las 2 posibles finalidades siguientes:
- defensa o réplica contra informes de los órganos competentes de esas AAPP
- confirmación de la voluntad adoptada/propuesta por órganos de gobierno de esas AAPP
En esta línea, no es extraño observar como aparecen informes de la «universidad X» para clasificar las ofertas presentadas a una licitación pública. El último ejemplo relevante que he encontrado «así, por azar» ha sido con ocasión de la licitación por la Consejería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia del «Acuerdo marco con un único empresario para la contratación, de un servicio de elaboración, producción y difusión de campañas institucionales» para esa consejería:
Enlace a la licitación: https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?lang=es&cambioIdioma=true&N=824479
De los acuerdos marcos ya hablamos en su día (en abril de 2018: https://administracionycontrol.eu/archivos/154), pero cuando se realizan con un único empresario es lo más parecido al negociado por exclusividad que teníamos hasta en la sopa hace años (es una opinión: https://administracionycontrol.eu/archivos/126).
En este expediente se unen por tanto la publicidad y campañas institucionales, con la universidad emitiendo informes «ad hoc». En concreto, es la Universidade de Vigo la que realiza el informe de clasificación de las ofertas de este acuerdo marco de casi 3,2 millones de euros de valor estimado
Más en concreto es la Facultad de Comunicación y su Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad la que emite el informe por el módico precio de 2.100 euros(enlace al contrato menor: https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=CM1706570), tal y como se recoge como contrato menor en otro extremo de la plataforma (sin conexión entre ellos, porque la información y los datos, mejor en «macedonia» que estructurados y accesibles):
Pero además, es relevante en este caso concreto quién firma ese informe que decide el adjudicatario (por un punto, nada menos). Es importante, no ya porque haya una normativa de «autoprovisión» en la Xunta (Ley de racionalización de 2013) que completa el principio de la LCSP de no licitar lo que ya puedes realizar dentro de la administración, sino que además durante años (diría yo) estos informes de contratación de medios lo realizaba la Dirección General competente en la materia, con independencia de qué consejería los licitase. Y es más importante si cabe en este caso, porque el informe lo asume una persona que durante años, supongo que actualmente no, era asesor en esa dirección general de «medios» (desde 2015, en concreto, tal y como recoge en la siguiente web, que parece fallar «estos días»: https://2021.comunicacionypensamiento.org/mi-perfil/jesus-perez-seoane/)
¿Posibilidad de cierto conflicto de intereses? ¿Hay algún expert@ en la sala? Es cierto que algo he escrito en alguna ocasión pero ya hay bastante jurispridencia y doctrina como para reiterar cuáles son las condiciones que garantizan la ausencia o no de conflicto de intereses. Lo que sí parece una bonita coincidencia es que los informes que antes era de autoprovisión, ahora salen de las AAPP por un módico precio para terminar en ¿personas que ya los hacían como personal, eso sí eventual, de la administración contratante? Eso parece.
Pero, ¿y por qué es tan relevante esta licitación? Es relevante porque el primer contrato «derivado» de esta licitación es por la nada desdeñable cantidad de casi 2 millones de euros, el contrato de «elaboración, producción y plan de medios de la campaña de difusión del contenido y objetivos de la Ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia». ¿2.000.000 para una campaña de promoción de una ley? ¿O para hacer calar en la sociedad ciertas actividades o titulares de prensa sobre minerales raros y millones de euros? O quizás sea mucho decir por mi parte…
Son extrañas coincidencias. Sólo eso. O serán sospechosos habituales. Pero lo divertido de buscar coincidencias, es que en ocasiones la plataforma de contratación te las ofrece sin mucho esfuerzo, y buscando un informe en los contratos menores con la universidad, te aparecen otro u otros igual de divertidos:
Y ese contrato por 10.890 euros para un expediente de «Investigador principal IN-0084-2025», resulta se run proyecto que la Universidad recoge con algo más de información en plataforma (https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/67/108 ), y por eso podemos saber que:
Y podemos matizar que no es la Xunta la que avisa, sino un informe «adquirido» por la Xunta a un grupo de investigadores de la Universidad, que según la propia universidad duró como tal proyecto de investigación 1 mes: https://portalcientifico.uvigo.gal/proyectos/1070989/detalle?lang=es, que evidentemente resulta muy oportuno como coincidencia en plena discusión sobre sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, del Tribunal de Justicia Europeo,… sobre la paralización de parques eólicos.
¿Resta credibilidad a los estudios y proyectos de las universidades el estar «directamente financiados»/contratados ad hoc? Supongo que no si superan sin problema una revisión de pares. Pero no es demasiado «higiénico» que se produzcan estas negociaciones o negocios cuando estamos en plena discusión ciudadana, doctrinal e inclusión judicial sobre inversiones de tanto calado. Más aún si no se publican de forma transparente los informes y quién los hace, ya sea basándose , como no, en la confidencialidad o en portales de transparencia bastante opacos (como en otras ocasiones, algunas muy recientes).
Pero no ayuda tampoco que se normalicen desde la «universitas» los conflictos de intereses más que «aparentes» en casos análogos como el reciente de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en relación a la mina de Touro, cuando defiende un informe alegando que la persona firma como geólogo representante de una asociación y no como asalariado de la empresa interesada en el objeto del informe que emite la USC . Todo ello en una suerte de bicefalia poco admisible (¿o es otro informe pagado por la Xunta?), como puede consultarse vía elDiario.es: https://www.eldiario.es/galicia/geologo-empresa-mina-touro-firma-informe-xunta-quiere-animar-explotar-yacimientos_1_12852431.html
Es por todo lo anterior, que hablar de publicidad institucional y de producción universitaria no puede ser lo mismo, igual que no es lo mismo hablar de gastar como sinónimo de invertir en eventos «siderales» que organizan entes dependientes del Gobierno estatal (y que después terminan en la prensa –https://www.abc.es/espana/galicia/coste-vigo-global-summit-conferencias-2400-euros-20251116202839-nt.html -o en el Senado).
Igualmente es discutible hablar de informes externos independientes si son financiados ad hoc, o se emplean para lanzarlos o publicarlos en prensa en época de litigios o períodos electorales. La autoridad de la Universidad como institución reside en su AUTONOMÍA, aunque sea financiada.
En conclusión, finaliza 2025 con una reseña algo amplia pero la ocasión lo merecía (publico hoy para no arruinarle a nadie los días festivos en familia). Finaliza con los mismos problemas o más que todos los años precedentes. Diría que confío en que todo mejore en 2026, pero sólo confío en la capacidad de quienes tenemos la competencia (y por ello la obligación) para vigilar la gestión de las AAPP y, llegado el caso, doblar el brazo de quien no quiera gestionar correctamente LO PÚBLICO.
Y esto es claramente un ejemplo de soberbia, como ya indiqué, pero de utopías también se vive.