Hay días que la Administración se despierta simpática y se puede intuir que todos los pesos y contrapesos de su funcionamiento correcto han fallado. De otra forma no acierto a comprender como se ha publicado en el DOG de ayer, 7 de mayo, la modificación de la estructura organizativa del Instituto Galego de Promoción Económica para crear la siguiente plaza:
- Adjunto/a a la Oficina Económica de Galicia en Madrid
Lo peculiar no es la denominación ni su previsible ubicación física (la Casa de Galicia en Madrid, Buenos Aires,… dan fe de nuestra historia emigrante dentro y fuera de España). Lo sorprendente son sus funciones, entre las que destaca:
«configurar una red de contactos y oportunidades que posibilite ofrecerles un mejor marco competitivo«, que se concreta por si existían dudas en la «Búsqueda especializada de contactos singularizados«.
Los «lobis», grupos de interés, de presión, etc, hace ya tiempo que me tienen ocupado, como puede comprobarse en anteriores entradas (casi 5 años atrás):
Pero si a esto le sumamos las Oficinas de asesoramiento, Económicas y demás chiringuitos patrios, el tema es para revisar con lupa.
¿Cómo se va a proveer esta nueva plaza? Pues apoyando a la Subdirección de Asesoramiento Empresarial y Apoyo a la Oficina Económica de Galicia, que es una unidad administrativa, se incluye un puesto de adjunto que se proveerá por libre designación (entre funcionarios/as de carrera) o por «contrato de alta dirección», que no tienen por qué ser funcionarios/as y que en la actualidad se concretan en las siguientes personas que publica la web de transparencia de la Xunta (enlace web transparencia), y que indica que se trata de información de actualización «continua» pero creo que faltan algunos datos… Mi apuesta es que la provisión será por la segunda de las opciones, pero ya veremos la «convocatoria pública».
La pregunta no es si es necesaria la figura en 2025 de un adjunto con presencialidad y dedicación 24/7 como implica la alta dirección en la «capital del Estado» (así se cita expresamente en el acuerdo) para gestionar proyectos, iniciativas y «contactos». Es una decisión que política y administrativa que debe defender quien propone y/o aprueba
Sí podemos cuestionarnos, porque sorprende, que entre sus funciones se cite la de dar «Apoyo técnico a la preparación de documentación o redacción de informes solicitados sobre cuestiones relacionadas con el marco de ayudas públicas europeo y nacional», competencias que están atribuidas expresamente unidades ya existentes en la Administración autonómica.
Sí podemos cuestionarnos, porque resulta difícilmente compatibles con las funciones de un funcionario/a (y también, quizás, con ciertos artículos del CP), algunas competencias del puesto, que son más propias de un lobista que de un empleado/a público «tradicional». De ahí qua la posibilidad de cobertura por «LD» parece más un brindis al sol.
Pero, puestos a cuestionarnos, quizás deberíamos plantearnos ¿qué es la Oficina Económica? Más aún cuando la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dado un varapalo a la Comunidad Autónoma en su pleito contra las Oficinas Recaudadoras, debiendo asumir al personal de todas esas aparentes empresas privadas, que sólo era privadas para contratar al personal que libremente decidían sus titulares, pero cuyo personal ahora deberá integrarse en Administración (y veremos en qué condiciones salariales).
La Oficina Económica es, de acuerdo con las noticias de los medios una realidad “en poco más de medio año” que ha gestionado más de 10.000 consultas en 6 meses (eran 5.000 a mediados de septiembre, pero mes y medio da para mucho).
Pero, siendo un relato de parte, ¿cuáles son los DATOS? Los datos son que esta oficina (con su web: https://oficinaeconomicagalicia.xunta.gal/actualidade/noticias/) viene a substituir o integrar a la Unidad Galicia Emprende. Pero además viene a substituir a la exigua (en vida y obra) Oficina Galicia Empresa, como bien refleja que la felicitación navideña de hace casi 18 meses de la anterior oficina se integra en la nueva y en su perfil social resulta accesible mezclando los nombres.
¿Y que ha hecho durante años esta sucesión de oficinas? Con la estimable ayuda de la financiación de los fondos europeos, un programa de asistencia que aúna call center, estudiosos sobre la materia dando “webinarios” (sí, píldoras de 2 horas para saber todo lo que necesitas sobre todo lo que quieres). 6 millones de euros gastados que podrían resultar de la sencilla suma de los valores estimados de los 3 contratos licitados: 1.000 millones de las antiguas pesetas en dotar a una Administración de: entre 20 y 40 personas, un call center, expert@s renombrados según el contrato inicial cobrarían 32 euros/hora, por lo que valor de mercado de expertos en la materia no parecía ni en 2020, ni mucho menos en 2025, organización de al menos 2 eventos, entregas de mermorias,… Y ahora el apoyo de un/a «lobista»
Es evidente que se podría «rascar» más aún en las licitaciones (seguramente ya lo he hecho), pero ahora lo relevante es no tanto «el qué, sino el para quién». Lobista de una Administración pública, ya veo los curriculums.
Pero como la reciente polémica en EEUU que ilustra esta entrada ha venido a recordar, es muy importante no capitular ante el poder, porque es algo contagioso. Por eso, si vamos a tener «lobis y lobistas», luz y taquígrafos desde el principio, por favor.
