¿Quién se lleva los fondos Next Generation… en Galicia? Otro ejemplo práctico

En los últimos días ha vuelto a la portada de la prensa (https://www.elconfidencial.com/economia/2023-10-31/quien-se-lleva-los-fondos-next-generation-la-lista-de-las-100-empresas-mas-beneficiadas_3762246/) y Redes Sociales la pregunta de «¿Quién se lleva los Fondos NextGenerationEU?»

Con un Sistema Nacional de Publicidad de Ayudas y Subvenciones Públicas la respuesta debería ser inmediata, pero todo el mundo ya sabe a estas alturas que ese sistema de información es, digamos, mejorable (https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones)

Podríamos decir que Tragsa y otros medios propios son los destinatarios de los fondos, pero sería incorrecto porque son meros intermediarios como ya hemos explicado y discutido por aquí. Pero leyendo el Diario Oficial de cualquier administración autonómica o el BOE entre los meses de octubre y diciembre podemos ir «recolectando» la información que probablemente no se publicará en la BDNS hasta un año después (con suerte).

Por ejemplo, esta mañana se publica en el DOG la resolución de concesión de una orden de ayudas convocada en agosto (ese mes que ya comentamos que los diarios oficiales utilizan de forma «interesante»):

Bases: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230807/AnuncioG0691-270723-0001_es.html

En principio, la convocatoria tiene como finalidad conceder «ayudas a empresas, autónomos, asociaciones y fundaciones de Galicia para la financiación de actuaciones en materia de residuos de competencia municipal» cofinanciadas por el PRTR-NGEU.

Los destinatarios de las ayudas, tal y como recogía el art. 2 de la convocatorias deberían ser pequeñas y medianas, con la salvedad (siempre la hay) de las grandes empresas cuando cumplan los requisitos del Reglamento (UE) n °651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 (en síntesis, «nuevas actuaciones», sujetas a límites de intensidad/% de ayuda,…). Pero como reiteraba la convocatoria, dentro de empresa se incluye autónomos, comunidades de bienes,…

5,6 Millones de Euros de los que sólo el 10% se destinaba a gastos de 2023 porque, entre otras cuestiones, las fechas de convocatoria no ayudan a arrancar la ejecución dentro del mismo año.

Y con estos mimbres y una actuaciones subvencionables bastante «poderosas» como para asumirlas algún autónomo o comunidad de bienes despistada (construcción de nuevas instalaciones de tratamiento…) hoy se ha publicado la concesión de ayudas con 4 (cuatro) únicos beneficiarios, y una ejecución de sólo 2 de los 5,6 millones convocados (sólo un 35%, con la necesidad de ejecución de los fondos que acucia a nuestras AAPP).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20231106/AnuncioG0691-261023-0001_es.html

Además, 2 de 4 líneas de ayuda previstas han quedado «desiertas». Una de ellas, «implementación de mejoras en las instalaciones de tratamiento para incrementar su eficacia en la recuperación de materiales contenidos en los residuos municipales que se recojan de forma mezclada», parecería a priori la que podría tener un mayor valor de transición ecológica y digital que persiguen los fondos NGEU.

Siguiendo con la pregunta inicial, los 4 beneficiarios afortunados son:

  • SOGAMA S.A. (aunque sorprendentemente la resolución publicada la «nombra» como S.L. en uno de los cuadros). Sogama, sí, la empresa pública que recibe algo más de 762.000 euros para un proyecto de casi 2 millones, alcanzando el 40% del total concedido en la convocatoria. No es una PYME, no. Es una gran empresa amparada en la «excepción» ya comentada, pero no deja de ser una ejecución por «encomienda a un medio propio», como si de TRAGSA o SEAGA se tratase…
  • Arroupa Santiago, Eil, S.L., empresa de inserción laboral vinculada a Cáritas Diocesana (como su propia web indica), que recibe casi 400.000 para un proyecto de 1,3 millones y el 20% del total concedido en la convocatoria. Por sí sola factura, según webs especializadas, entre 500.000 euros y 1 millón. Con Cáritas como «grupo», la cifra digamos que puede ser bastante superior…
  • Alumisel, S.A., que recibe casi 700.000 euros para un proyecto de 1,7 millones, obteniendo un 35% del total concedido. Entre otras coincidencias, es una empresa reciente adjudicataria de contratos de SOGAMA (https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=810414). Ya sería coincidencia que los dos proyectos subvencionados para procedimientos novedosos estuviesen vinculados con el contrato adjudicado…
  • Y por último, Iniciativa Social Emprendedora de Reciclaje Textil de Galicia, S.L., única que supera la intensidad del 40% de la subvención al recibir poco más de 100 mil euros para un proyecto de 184.000. Aparentemente se trataría de la única «pyme» beneficiaria, pero como a finales de 2022 recibió 2 ayudas para un total de más de 550.000 euros al amparo de la convocatorias de ayudas a pymes, autónomos, asociaciones y fundaciones de Galicia para la financiación de actuaciones destinadas a la preparación para la reutilización y reciclado de residuos textiles recogidos separadamente, cofinanciadas por PRTR-NGEU se podrían plantear cuestiones de análisis más complejas: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221209/AnuncioG0532-301122-0001_es.html

En conclusión, poco para Pymes y poca ejecución de una convocatoria de casi 6 millones de euros.

En conclusión, una respuesta fácil a la pregunta «¿Quién se lleva los fondos NextGenerationEU?» podría ser «Los de siempre»

Notas XXXI sobre Contratación Pública: Inteligencia artificial en el ámbito educativo, algoritmos,… ¿y su control?

El pasado 31 de agosto el Consello de la Xunta en su reunión semanal (aunque en verano siempre hay alguna menos, jeje) aprobó un informe para presentar/lanzar «EdugalIA», un proyecto para incorporar la Inteligencia Artificial a la «Gobernanza» del sistema educativo. Y digo a la Gobernanza, porque en el ámbito formativo ya lleva unos años ocupando titulares, sin perjuicio de su despliegue efectivo o no. La reseña del acuerdo puede consultarse en las páginas 33 y siguientes del archivo pdf del enlace: https://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=31605&name=DLFE-51109.pdf

En la práctica, el informe suponía la publicidad previa (con el alcance en prensa, RRSS,… de los acuerdos del Gobierno) de la consulta preliminar del mercado (art. 115 de la LCSP) para decidir cómo aplicar la IA a las grandes decisiones de la política educativa. O eso parece, porque las demás cuestiones que se plantean en el informe «unificar datos, digitalización, plataforma de comunicación familias-docentes,…» ya tienen actualmente una solución (o varias) en la Administración autonómica (Abalar,…). Mejorables, sin duda, pero ya existen.

Y la cuestión de un único expediente educativo, después de hacer recientemente un traslado de expediente de primaria a Secundaria «en papel», con toda la digitalización de datos de asistencia, cualificaciones, etc, que ya constaban en Abalar y en los demás sistemas de datos de educación, parece obedecer simplemente a la conocida regla constitucional de «siempre se ha hecho así», o al gusto por la firma «tradicional» para título y oficios de algunas personas dentro de la administración.

Además, esta cuestión de la IA aplicada al sistema educativo también me suena de fecha recientes, en concreto de finales de 2021, porque creo recordar que el Premio de emplead@s públicos innovadores de la III edición que se concedió a finales de 2021 proponía ya la aplicación de «métricas» y algoritmos en el ámbito educativo (como se puede comprobar en el enlace del Diario Oficial porque el enlace al proyecto premiado no lo he encontrado): https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220104/AnuncioG0198-171221-0001_es.html

Y como siempre en contratación pública, pero sobre todo cuando suma con la innovación,…, lo más importante es ir a la «fuente», ¿qué se propone contratar? La consulta preliminar del mercado puede descargarse del perfil de la Consellería competente: https://www.contratosdegalicia.gal/resultadoAnuncios.jsp?N=327

El producto debe ser novedoso, por supuesto, no pudiendo tratarse de soluciones de mercado que ya se comercialicen actualmente, lo cual sería realmente novedoso, de no ser porque se incluye una «puerta de atrás» al permitir soluciones ya comercializadas pero yendo «más allá de sus soluciones actuales proponiendo desarrollos y funcionalidades innovadoras que no estén en el mercado». Buf… difícil distinguir esta opción del párrafo anterior que permite «incluir funcionalidades o soluciones complementarias, siempre y cuando acerquen valor en el marco estratégico expuesto».

Pero en concreto ¿qué se incluye de IA? Del análisis de la documentación publicada en el perfil, podemos comprobar que uno de los retos prioritarios es:

«Disponer de sistemas que implementen algoritmos avanzados de análisis de la información disponible para la evaluación y reporte la diferentes niveles de gestión (principalmente direcciones generales, subdirecciones generales, jefaturas de servicio y asesorías) para evaluar: los factores que inciden en el abandono temprano y fracaso escolar a nivel predictivo; la vulnerabilidad del entorno de cada centro educativo para la priorización de recursos para la atención de necesidades específicas de apoyo educativo y la optimización de la distribución de recursos orientados a su atención».

Y como en todo lo que tiene que ver con algoritmos y más en la atención directa a la ciudadanía: «debe abordarse de forma íntegra la problemática del sesgo en sistemas de inteligencia artificial, para que los posibles modelos no reflejen perjuicios o inclinaciones hacia ciertos perfiles, y que esto no afecte al funcionamiento ni los resultados, por lo que se prestará especial atención en las estrategias propuestas para la mitigación de estos riesgos». Salvo error, se echa en falta una cita específica a las Orientaciones éticas de la Comisión en la materia, que pueden consultarse en el siguiente enlace: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d81a0d54-5348-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-en

Pero la pregunta es: ¿Quién va a auditar estos algoritmos? ¿Quién tiene la preparación, formación, experiencia,… dentro o fuera de la Xunta de Galicia o de cualquier administración pública para auditar los algoritmos que resulten de todo este proceso? Porque la idea puede ser una fuente de beneficios y/o problemas, pero quién va a velar porque, como exige la UNESCO, se garantice «una utilización ética, transparente y comprobable de los datos y algoritmos de la educación»: https://es.unesco.org/themes/tic-educacion/inteligencia-artificial

El Tribunal de Cuentas de Países Bajos (NCA) ha desarrollado un marco de auditoría para algoritmos que puede resultar de utilidad para quien tenga que asumir estas funciones en un futuro muy próximo. Todo ello parte de un informe de principios de 2021: https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2021/01/26/understanding-algorithms

Toda la información de su trabajo y el marco de auditoría desarrollado se encuentran publicados (e incluidos desde la 1ª edición en el curso de la Escola Galega de Administración Pública – EGAP sobre fondos Next Generation cuya 8ª edición empieza en un par de semanas): https://english.rekenkamer.nl/publications/publications/2021/01/26/audit-framework-for-algorithms

Por último, lo que preocupa realmente a la ciudadanía, aunque puede no ser lo más relevante… ¿cuánto me va a costar esto? De acuerdo con la documentación del expediente se estima un coste para el proyecto definitivamente seleccionado de entre 5 y 10 millones de euros. ¿Por qué esa cifra? De momento en el expediente publicado no hay más información.

¿Y por qué esta «inquina/insistencia» en qué se controle y audite todo? Porque coincido en que todo lo que se mide y se analiza (sin sesgos), suele mejorar. Pero en el ámbito educativo, tampoco querría que se impidiese el clásico ejemplo de estudiante que, a pesar de algoritmos que los desterraban de cualquier éxito académico y que recomendaban no invertir un segundo de tiempo ni un euro, consiguió su objetivo.

Porque en ocasiones los algoritmos se equivocan, y quien los alimenta con sesgos, más.