Notas sobre el Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre: “Cambios en la gestión presupuestaria y aspectos discutibles»

La finalidad de estas notas de primera semana del año es aportar algo de información en línea con lo que ya han hecho en las primeras horas del año (¡¡¡!!!), entre otros Javier Vázquez Matilla, Juan Carlos García Meilán, y más que irán apareciendo en los próximos días…

Yo voy a intentar explicar de forma sencilla lo que he «leído» en cuanto a la ejecución presupuestaria (Capítulo I del Título IV del Real Decreto Ley 36/2020). Es esa materia que requiere una traducción o subtítulos para personas que con razón fruncen el ceño al pronunciar “fiscaliza… ¿qué?”. Por ello es recomendable aportar de inicio una serie de aclaraciones antes de seguir:

  • El formato de este análisis es esquemático por lo que se usan y aclaran “abreviaturas” o términos específicos
  • El RDL establece un régimen especial para la ejecución de los Fondos Europeos #Covid, pero no modifica las reglas de juego/ordenamiento jurídico para los restantes expedientes
  • Sólo resultan básicos dentro del capítulo I del Título IV los artículos 37.4, 39, 44 y 46

Es un análisis rápido y por ello afectado por posibles errores que seguro que se disculparán y que subsanaré con críticas y aportaciones variadas. En concreto, el Real Decreto Ley establece la modernización/simplificación de la ejecución presuestaria en los artículos 37 a 46 en los siguientes términos:

VINCULACIÓN: Art. 37 Créditos vinculantes y control de gestión (apartado 4 es básico)

Este artículo es una mera declaración de intenciones de lo correctamente que se deben emplear los Fondos MRR y React UE, pero con la clara limitación y control por parte del Gobierno de los criterios y objetivos (cuestión que no se produce en los Fondos Europeos tradicionales). Se plasma en los principios conocidos pero ahora con matices de:

1.-AFECTACIÓN → Los créditos se vinculan a un PLAN que aprueba el Gobierno, y por tanto el margen de maniobra es limitado porque el plan fijará criterios y objetivos para la ejecución presupuestaria

2.- Control de GESTIÓN → con la consecuencia por incumplimiento (de los objetivos fijados por el Gobierno)

El art. 37.2 recoge, y reiterará el art. 38 (en línea con lo que ya prevé con carácter general la LGP) la competencia del Gobierno en transferencias entre secciones. Es decir, en las discusiones por el crédito entre distintos Ministerios sobre cuál es la actuación más relevante y que debe financiarse, decidirá el Gobierno.

Establece también en el artículo 37.4 (que es básico) la consecuencia para quien no los ejecute correctamente (sea entidad pública o privada). Se incluye expresamente a Comunidades Autónomas, Entidades Locales,… En cuanto a los fondos que reciban del Estado. Deberá devolver los fondos no ejecutados correctamente y se fijará el procedimiento por Orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda (mucho desarrollo reglamentario que quizás podría remitirse a procedimientos ya establecidos)

Por último, el artículo 37.5 fija para el caso de entidades PRIVADAS:

→ Cumplimiento de objetivos y estimación de costes

→ El reintegro de fondos se produce:

– – por menor ejecución

– – por INCUMPLIR OBJETIVOS

¿Y el gestor PÚBLICO que no cumpla obejtivos? Reembolso igualmente pero veremos que con las previsiones de incorporación,…, es mucho más matizable. Pasapalabra.

TRANSFERENCIAS: Art. 38 “Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias”

¿En qué consisten estas transferencias?

Son movimientos de crédito de los fondos MRR y React UE entre ministerios (íbamos a financiar algo n el área de juventud pero ahora lo vamos a emplear en obras públicas)

Las transferencias entre secciones que afecten a los servicios 50 MRR y 51 React UE, es decir, la movilidad de los fondos especiales una vez consignados en los presupuestos exigirán:

→ Corresponde al Gobierno a propuesta de Hacienda

→ No les resultan aplicables los límites del art. 52 de la LGP(es decir, se podrá incrementar lo reducido, reducir lo incrementado,…)

Cuando los movimientos de crédito sean dentro del propio Ministerio, Organismo Autónomo,…, los autoriza la persona titular del ministerio u organismo.

TAG → Artículo 39.- “Tramitación anticipada de expedientes de gasto” (es básico)

¿En qué consiste la TAG?

La regla general es que los expedientes que empiezan en el año siguiente sólo “arrancan” con carácter general al existir Proyecto de presupuestos (sobre el 20 de octubre)

Todo lo que se empieza a tramitar mientras no se aprueban los nuevos presupuestos pero que se va a imputar a ellos, se considera TAG (sea para expedientes que tengan una “vida” limitada al año natural o sean plurianuales)

¿Qué cambios plantea el RDL?

Este artículo 39 (y la TAG con carácter general) permite llegar a la fase de compromiso de gasto cuando aún no han entrado en vigor los nuevos presupuestos. En términos “sencillos” permite tramitar la formalización en contratos y la concesión en subvenciones sin que exista aún presupuesto aprobado para el año siguiente.

Supone en materia de subvenciones una excepción/ampliación de lo previsto en el artículo 56 del Real decreto 887/2006 y en materia de contratos NADA que no estuviese ya previsto en el artículo 117.2 de la LCSP.

¿Dudas y posibilidades adicionales?

Y también podría suponer este artículo 39 una modificación en el ámbito de los fondos Covid, a otros límites como el del artículo 47.5 de la LGP que no permite subvenciones nominativas plurianuales.

Cuando señala el artículo 39 que se permitirá “cualquiera que sea el instrumento o negocio jurídico utilizado para tal fin”, parece que el límite del art. 47.5 podría saltar con expedientes plurianuales de TAG para convenios que recojan subvenciones nominativas… ¿o no? (“malpensemos” que estas subvenciones nominativas plurianuales podrían blindar la financiación con los nuevos fondos de entidades públicas de nueva creación y/o privadas)

PAGOS ANTICIPADOS → Artículo 40.- Elevación de la limitación a los pagos anticipados establecida en el artículo 21.3 LGP

¿Ámbito de aplicación?

En ENCOMIENDAS Y CONVENIOS. Se eleva del 10% al 50% la posibilidad de entregar anticipadamentes fondos para “actuaciones preparatorias”. Puede plantear dudas el posible “agujero” que producirán las entidades que no logren ejecutar dichos fondos (y no reintegren rigurosamente al finalizar el ejercicio como indica el artículo 38 del RDL).

Entiendo que este límite es el que se eleva y por tanto estaría limitado a “actuaciones preparatorias”, porque se eleva un límite que ya existe en el artículo 21.3 de la LGP, pero no parece crearse una posibilidad adicional “ex novo”. En línea con lo anterior se trataría de entregas “garantizadas” salvo cuando se trate de AAPP

¿Novedades relevantes?

El segundo párrafo del art. 40 (porque alguien no consideró prudente numerarlos) es, éste sí, una posible enmienda a la gestión presupuestaria ordinaria, al preveer anticipos de hasta el 50% en expedientes para los cuales su normativa no prevea anticipos o los prevea en porcentaje inferior.

Pero si el artículo 21.3 se refiere a Encomiendas y convenios, ¿qué modifica realmente? La mención a ejecución y justificación podría hacer pensar en aplicarlo sólo a expedientes de subvenciones instrumentadas por medio de convenios, pero tendremos que ver el alcance que se persigue con esta redacción porque los famosos convenios de capítulo VI (¿Quién ha dicho contratos en fraude?) estarían haciendo viable el anticipo de fondos cuando parecía descartado con base en el “principio de prestación hecha”.

GASTOS PLURIANUALES Artículo 41: Compromisos de gasto de carácter plurianual

Se incrementan los porcentajes que fija el art. 47 de la LGP para gastos plurianuales, y se incrementa un ejercicio presupuestario adicional el total de ejercicios a los que se puede imputar gastos

Si alguien confunde años y ejercicios, por poner un ejemplo: para un expediente que se inicie en 2021, podrá ejecutarse hasta 31/12/2026, se inicie en marzo o en noviembre de 2021. La actual LGP habla de ejercicio corriente y cuatro ejercicios futuros y el RDL habla de porcentajes en cinco ejercicios futuros.

Ejemplo práctico:

Subvención de 3.000.000 euros plurianual concedida el 30 de junio de 2021 (en 2021 se ejecutarán 300.000 €). Presupuesto del servicio 50 del Ministerio X para 2021 de 800.000 euros

¿Límites de crédito a imputar a cada presupuesto anual según art. 47 LGP vs art. 41 RDL?

¿Qué persigue esta ampliación de límites? Visualmente quedaría claro en el cuadro (espero): una mayor capacidad para gestionar los escenarios presupuestarios plurianuales con mayor capacidad de gasto a futuro y mayor flexibilidad para dar cabida a los reajustes que se produzcan en los proyectos. Y además el art. 41.3 del RDL permite incrementar más los límites de porcentajes y anualidades

INCORPORAR/no ejecutar → Artículo 42. Incorporaciones de crédito

¿Qué son?

Modificaciones presupuestarias para traspasar al ejercicio siguiente crédito no ejecutado (¿Pero no íbamos a simplificar e ir todo rodado? Pues eso). El RDL establece que los créditos financiados con el MRR y los financiados con React UE son incorporables a los efectos del artículo 58.1.a) de la LGP que exige que para poder incorporarlo debe disponerlo/permitirlo una ley

¿Qué supone en la práctica?

Se abre (como siempre con los fondos UE) la puerta a que la ejecución se demore y no alcance objetivos. Además, en aquellos supuestos en los que se exija cofinanciación de los fondos europeos, el problema será al igual que siempre cómo cofinanciar la aportación para el año siguiente de fondos NO UE, que habrá que retirar de otras actuaciones (en ocasiones igual de esenciales) y que se financiarán con ¿deuda?

Efectivamente, como reconoce el propio artículo 42 la financiación procederá de la deuda, salvo para OOAA, entidades con presupuesto limitativo y Seguridad Social, que deberán financiarse con remanente no aplicado al presupuesto.

Además, conviene recordar en relación a las posibles incorporaciones que un crédito no ejecutado es una actuación que no cumple la “programación temporal” establecida, ni cumple con los objetivos fijados (ver art. 37.5)

CIERRE DEL EJERCICIO → Art. 43. Flexibilización del calendario de cierre del ejercicio

Es ésta otra previsión redudante y análoga por ello a la que ya se recoge en la (inmensa) mayoría de las órdenes de cierre estatal y autonómicas en relación a los expedientes financiados con Fondos Europeos.

El apartado 2 ahonda en la previsión de que no seremos muy buenos gestores de los Fondos Europeos (nuevos y antiguos), al no preveer que se autorice su calendario semestral de ejecución (no se cumplirá) ni la ejecución del 50% para las posibles prórrogas presupuestarias (porque tampoco se cumpliría con carácter general).

Sigue a estas alturas del capítulo una finalidad de reducción de requisitos, de autorización de reajustes por mala ejecución, que se compadece muy mal con una necesidad de ejecución diligente. A estas alturas el Real Decreto Ley tiene en esta parte poco de simplificación y agilidad y mucho de dar naturaleza legal a las “chapuzas” habituales que son consecuencia de mala gestión y/o mala planificación. Una pena y oportunidad perdida.

FONDOS para las CCAA → Artículo 44. Ejecución de los créditos que hayan de distribuirse territorialmente a favor de las Comunidades Autónomas (es básico)

¿Qué decidirán las CCAA?

En relación a los fondos cuya ejecución se atribuya a las CCAA (veremos qué porcentaje final del total) se prevén dos (mejor dicho tres) modificaciones del régimen general del art. 86 de la LGP. Por ello hablar de si este RDL es normativa básica o no cuando las reglas del “dinero” vienen marcadas desde el Gobierno central y Bruselas… Veremos cuánto es discutible.

¿Ritmo de libramientos?

Regla 5ª: Posibilidad de libramiento de los fondos de forma íntegra y no porcentual. Algo coherente con aquella financiación que como la comunitaria no depende de una estimación de ingresos a concretar a lo largo del año (como son la participación en determinados tributos que se ingresan mensual o trimestralmente).

En los fondos europeos ordinarios (FEDER, FSE, etc) esa financiación depende de un proceso de verificación previa para que se produzca el ingreso de la financiación (más allá de posibles anticipos de Bruselas), pero en esta financiación COVID parece consigna mover rápido la financiación recibida por el Estado.

¿Qué hay de los remanentes/reintegros?

Regla 6ª: No se descontarán de cada “remesa” los remanentes no ejecutados por las CCAA (porque se prevé su incorporación y) porque se habilita para destinarlos a las mismas finalidades en el ejercicio siguiente. Sólo en el caso de que la actuación financiada no se realice ni se incorpore al ejercicio siguiente se reintegrarán al Estado los remanentes.

¿Criterios de distribución de los fondos?

Creo que finaliza el artículo 42 modificando la Regla 2ª, aunque no lo indique expresamente. Con la previsión de aprobar “plurianualmente” los criterios de distribución de fondos para subvenciones entre las CCAA se elimina la aprobación anual de dichos criterios que fija la regla 2ª y se “salta” una tradicional disputa anual. De tal forma que si no gustan, van a ser los que toquen durante varios ejercicios, así que traerá cola… ¿no?

CONTABILIDAD Y DATOS → Artículos 45 y artículo 46 (básico)

Sólo destacaré “tres ideas (críticas no constructivas)”:

Primera.- Cuando la comprobación por la intervención competente se ciñe a acreditar la “existencia” uno o varios informes, se está queriendo/intentando convertir literalmente a los órganos de control en obedientes “pegasellos” (artículo 45.2)

Segunda.- Que la tramitación de estos expedientes “goce de prioridad respecto de cualquier otro” en intervenciones delegadas como las de departamentos que tramitan expedientes de emergencia social, por ejemplo, es un “brindis al sol” que nadie con la mínima integridad y responsabilidad aplicará (artículo 45.6)

Tercera.- Que sea necesario en pleno S. XXI dedicar el artículo 46 con sus siete apartados a lograr cierta información homogénea y fiable de los distintos sistemas contables y estadísticos de cada AAPP en materia de expedientes de ayudas y de contratación pública, demuestra empíricamente uno de los males más importantes de nuestro ordenamiento jurídico: confundimos autonomía con minifundismo.

Sigamos con la información en archivos pdf no “tratables” y aplicaciones de los años 80 en el ámbito de la ejecución presupuestaria, siempre en pro de la transparencia.

abreviaturas y definiciones

Crédito = cifra que recogen los presupuestos. Puede llegar a ser ingreso real o más deuda según se gestionen los fondos europeos que lo (co)financian

LGP = Ley 57/2003 General Presupuestaria

LGS = Ley 38/2003 General de Subvenciones

MRR = Mecanismo de recuperación y resiliencia

RDL = Real decreto ley 36/2020

TAG = Tramitación anticipada de gasto

Aplicación presupuestaria = codificación con la que se distribuye con carácter general el crédito en las Administraciones Públicas.

Por simplificar con un ejemplo no real: 05.02.311A.780.00

Sección → Ministerio 05

Servicio → Dirección General 02

Programa/Política → 311A

Naturaleza del gasto → 780.00 Subvenciones para gastos de inversión realizados por Familias y Entidades sin ánimo de lucro

Gestión y control de subvenciones (V): El qué, el cuánto y el para quién en las subvenciones para luchar contra la COVID

La realidad más dura de los meses de marzo a junio (y de lo que casi seguro vendrá en unas semanas) ha sido constatar que nuestros poderes públicos se vieron superados por “el mercado globalizado” a la hora de proveer a la sociedad de los bienes imprescindibles para luchar contra la pandemia. A estás alturas ya podemos ¿suponer/concluir? que las mascarillas no fueron obligatorias en esas fechas porque no había capacidad para proveerlas más allá de hacerlo de forma insuficiente a servicios sociosanitarios. No hace falta una auditoría externa e independiente para constatar esas deficiencias.

Hemos aprendido una importante y dolorosa lección de esas limitaciones organizativas y de provisión en las que sólo la capacidad estratégica de las grandes empresas (por ejemplo Inditex) permitió adquirir productos sin ser ¿estafados? por intermediarios/as,: la capacidad productiva autónomica/estatal debe ser suficiente, no sólo para competir, sino para sobrevivir. La guerra de la deslocalización y la maximización del beneficio empresarial debe ser compatible con la autosuficiencia de bienes básicos (de bienes de “guerra/pandemia”, sí).

Esta crisis no es la de liquidez que estrujó a los mercados y nos dejó sin dinero para pagar. Esta crisis es sanitaria. Pasará (esperemos). Dejará mucho daño personal, pero también dejará empresas especializadas en esta crisis que dejarán de ser claves, que ahora a lo mejor serán re/activadas con dinero público, etc.

De ahí surgen las subvenciones (muy cuantiosas) con la finalidad clara de garantizar la estructura productiva que resista las necesidad de esta y otras crisis. De ahí surgen las peticiones de flexibilizar los procedimientos administrativos de concesión (y de contratación pública). También provoca esta crisis la petición de relajar el control previo (y posterior). Y esta última petición es la que debemos hacer compatible con el control suficiente para evitar expedientes fallidos, fraude, oportunistas de negocios de crisis, etc

Por eso, quizás sea recomendable analizar con cierta anticipación los datos en bruto de para qué, para quién y cuánto están financiando las AAPP 7 meses después de iniciarse la pandemia con la finalidad de establecer una estructura empresarial que permita asumir lo que dure la pandemia. Pretendo con estas notas a reflejar en datos un pequeño análisis en relación al anuncio de la Comunidad Autónoma de Galicia de otorgar subvenciones a 7 proyectos para Pymes que producen bienes a priori claves en la lucha contra la Covid. La noticia se encuentra en el siguiente enlace :

¿De dónde surgen estos proyectos? Son el resultado de las valoraciones realizadas a las propuestas presentadas despues de la convocatoria de “ideas” publicada el 23 de abril para inversiones para la fabricación de productos relacionados con el COVID-1 con la finalidad de que las empresas reorientasen su actividad y de la posterior convocatoria de ayudas, que fija ayudas de hasta 800.000 euros y hasta un 75% de intensidad:

Convocatoria de Propuestas (abril);

Convocatoria de Ayudas (mayo)

De inicio, quiero advertir que la información de estas notas no prejuzga obviamente la viabilidad de los distintos proyectos ni la legalidad de las actuaciones de la Administración, sino que considero recomendable tener siempre los mayores datos posibles sobre las decisiones de las AAPP

En primer lugar, es recomendable comparar los datos de importe de subvención con alguna de las líneas de proyectos de inversión de IGAPE:

El qué y el cuánto podemos compararlo en las anteriores resoluciones que son para proyectos a priori análogos, de no ser por el lógico impacto de la pandemia, que justificaría el incidir financieramente en proyectos de productos considerados básicos. También por ello debemos tener en cuenta, y más en la crisis actual, que estas empresas subvencionadas a priori no asumen con su propia financiación un “riesgo” de su inversión igual al de los demás proyectos que subvencionan las AAPP, debido a la demanda sostenida y creciente de dichos productos en los próximos meses.

Dicho lo anterior, estas notas incidirán en el «para quién», con información adicional en el «para qué». De forma breve se detallan a continuación algunos datos de las empresas destinatarias de las ayudas, si bien hemos de puntualizar en primer lugar que las empresas destinatarias de estas ayudas son Pymes dentro de los límites de personal, volumen de negocio y balance que se fijan actualmente. También debo concretar que toda la información de estas notas es pública, recogidas en webs especializadas o registros públicos, sin perjuicios de los posibles cambios de accionariado, etc, que dichas empresas hayan exprimentado recientemente y aún no hayan sido publicados.

1.- Merchant Union SL. Presenta un proyecto para la fabricación de “Revestimiento con acción desinfectante”. En la lucha contra la Covid, para centrar de qué estamos hablando la prensa ya se hacía eco en mayo de este año (enlace) de la adquisición por esta empresa de la patente americana del producto “Purifair” con la entrevista a su gerente.

Sólo necesitamos acudir a la web de la empresa y ver la finalidad y eficacia esperada para este producto. Pero debemos tener en cuenta que lo que se financia es un producto patentado y que según la empresa había negociado para su adquisición un año antes (escenario preCovid), y que quizás a priori tenga menos competencia para garantizar la viabilidad económica de su proyecto (más viable con una subvención de casi medio millón de euros).

2.- Vrio pack SL. Empresa especializada en la producción de bolsas de papel, recibe una subvención para la fabricación de mascarillas en la que de nuevo la prensa en el mes de mayo ya garantizaba una potente inversión con la importación desde China de dos “líneas de producción”.

Es evidente que en muchos de estos proyectos destinados a productos contra la pandemia es difícil seguir la línea del Tribunal de Cuentas Europeo que discute que se garantice la viabilidad de inversiones ya realizadas y viables sin la subvención pública. Más discutible es en este ámbito que se mantenga en algunos casos la condición de Pymes de empresas que por número de efectivos, su pertenencia a un grupo empresarial, volumen de ingresos y negocio en muchos casos no serían pequeñas ni casi medianas sino “talluditas”, y en otros casos reciben ayudas que en importe superan en varias veces su volumen de negocio anual como veremos más adelante. Y a veces lo que falta es la estructura necesario a priori para gestionar racionalmente dicho incremento de recursos.

3.- Ain active S.L. Esta pyme ha recibido para fabricar tejido (para mascarillas) una subvención de 800.000 euros. La máxima posible. Por ponerlo en su “justa medida” sus ingresos en 2018 fueron de 3,7 millones y su resultado después de impuestos de casi 700.000 euros. Tiene como socio único a una «sociedad de inversión/de tenencia de valores».

Se trata de una empresa con trayectoria en proyectos de ingeniería y que participa con la constructora San José en los proyectos que la constructora desarrolla en America Latina. ¿Casi un millón de euros es mucho o poco? “Depende”. Habrá que conocer la inversión concreta que se proyecta pero por ese importe bien podría ser la inversión desde cero en la producción del material en las instalaciones que la empresa tiene como laboratorio hidráulico, o en otras. En ese caso puede que la inversión no sea suficiente.

4.- Gantex Estudio S.L. Con esta empresa entramos de lleno en el sector textil, lo cual para la fabricación de mascarillas podría parece un camino lógico. Esta empresa con sede en Lalín, es de reciente creación (2018). Podríamos pensar que guarda relación con la otrora pujante industria textil de Lalín y que ha sufrido en la última década una crisis de reconversión del sector que aún hoy está presente en toda Galicia. Eso parece, dado que la administradora y socia única era anteriormente “manager design” en la empresa familiar “Confecciones Guerral” que atravesó una situación concursal desde los años 2014 a 2018 y que en la actualidad se encuentra en liquidación y venta de sus bienes para abonar las deudas pendientes.

El proyecto financia la producción de mascarillas, con 160.000 euros, y al ser una empresa reciente no hay información disponible de su situación ni de las cuentas presentadas en sus dos primeros ejercicios, pero una búsqueda rápida de su domicilio social remite a la ubicación de una de las tiendas de la antigua empresa “Confecciones Guerral”.

5.- Eme Inversia 72 S.L. Esta empresa con sede en Palas de Rei (sin actualizar en algunas bases consultadas donde aún figura Melide) recibe 90.000 euros para fabricar “mamparas”. Es otro caso de empresa participada por otra empresa y perteneciente al grupo de empresas Jim Sports. Dentro del grupo, esta empresa que ahora diversifica negocio tenía como línea de actividad el “diseño, la serigrafía, la estampación y todo cuanto imagines en personalización de productos”.

En este supuesto, resulta además relevante que para 2020 ya ha recibido otra subvención al amparo de la línea IG-233 por un importe de 70.000 euros para la “fabricación de textil y distribución”. Seguro que por el objeto no son proyectos concurrentes, ni serán incompatibles los fondos que financian estas ayudas, pero es un extremo de obligada comprobación.

6.- Carpas Carboeira S.L. 170.000 euros son para un proyecto en Vilalba para la fabricación de mascarillas para una empresa, que por su nombre claramente verá modificado/reorientado su objeto social y línea de negocio.

Lo más peculiar de este beneficiario es sin duda el polo de inversiones que aglutina su domicilio social. Un rápido vistazo de los datos públicos nos devuelven otras dos empresas familiares en la sede:

  • Seoepis S.L., también de reciente creación y cuyo objeto social contempla la “fabricación, distribución de material médico, equipos de protección y desinfección”.
  • Carpers distilled Beverages S.L., empresa de dos años de existencia que comercializa una ginebra gallega que le ha dado un punto interesante a esta búsqueda.

7.- Tecdisma S.L. Para finalizar, también recibe financiación para fabricar mascarillas esta empresa del sector de equipamientos industriales con sede en Mos. Es una empresa de soluciones industriales que recibe 130.000 euros de subvención (un 75% del total). Esta empresa también comparte domicilio con una sociedad inversora creada hace un año.

En relación a este proyecto, ya la prensa en el mes de julio recogía la ayuda concedida (en ese momento como propuesta presentada), si bien por un importe de 100.000 euros para un proyecto de 160.000 euros, por lo que parece que la noticia actual vendría sólo a confirmar el importe definitivamente concedido