Se publica en el DOG de hoy 16 de julio de 2024 la prórroga de la encomienda de gestión a TRAGSA para la ejecución de la obra de reforma del área de consultas externas del Hospital Comarcal de Valdeorras: (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240716/AnuncioC3K1-100724-0001_es.html) Se trata de una encomienda formalizada en julio de 2022 por un importe de 649.907,57 euros y 12 meses de ejecución: (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220817/AnuncioC3K1-050822-0003_es.html).
Nada raro, a priori, más allá del criticable recurso a encomendar a Tragsa la ejecución de una obra (ya hay sentencias que indican que ese objeto es algo ajeno a su naturaleza como medio propio… ¿no?). Ya en el artículo elaborado para la Revista de Auditoría Pública dejaba caer qué opinión me merece este abuso de encomiendas, con una crítica centrada en el abuso para la ejecución de Fondos Europeos: https://asocex.es/analisis-de-la-cobertura-de-necesidades-de-personal-para-asumir-los-fondos-next-generation-eu-auto-provision-o-externalizacion-en-un-entorno-de-datos/
Lo peculiar en esta encomienda es que ya se han acordado 4 ó 5 prórrogas y 2 modificados. Y eso ya no es tan normal. Pero además, esta encomienda «substituye» a un contrato licitado a finales de 2019 por un importe de 477.389,20 euros, y adjudicado finalmente por un importe de 453.949,40 euros y 4 meses de ejecución (https://extranet.sergas.es/cadmoweb/Cadmo_Web/DetalleContratacion.aspx?IdPaxina=70003&IdExpediente=72728&CodCentroGestion=5001)
¿Cómo un contrato licitado a finales de 2019 para realizar en 4 meses puede tener su ejecución prevista para finales de 2024? Prevista, ojo.
Podríamos echar la culpa a la Covid, pero la pandemia sólo retrasó la adjudicación y formalización a finales de 2020, y provocó que renunciase el primer posible adjudicatario porque un año después ya no le cuadraba en su cartera de trabajos (¿renunció sin consecuencias?).
Para colmo de males, de los 4 licitadores iniciales uno retiró su propuesta fuera de plazo (¿sin responsabilidades?), otro fue excluido por no acreditar convenientemente la solvencia (¿recurso?) y el adjudicatario finalmente seleccionado no ha ejecutado la obra a pesar de que la prensa más próxima al lugar de ejecución hablaba en mayo de 2022 de que «la Xunta trabaja en la reactivación de la de Consultas Externas»… lo cual es un concepto jurídico indeterminado en contratación pública hasta para los más flexibles:
De todas estas incidencias no existe información en la Plataforma de contratación, perfiles varios, ni portal de transparencia (y es un OBLIGACIÓN LEGAL), aunque la empresa sí dejaba caer algún modificado en «análisis»: https://www.laregion.es/articulo/valdeorras/sanidade-sopesa-ampliar-obras-hospital-valdeorras/202104160035021021520.html
Pero además, debemos tener en cuenta el coste añadido que ha supuesto para las personas usuarias del hospital esta ejecución ineficaz, no sólo durante el período de ejecución de las obras sino durante todos los años de prórroga. Sólo con revisar los «perfiles» podríamos conocer el coste aproximado. También debemos sumar los costes adicionales que ha supuesto la imposibilidad de prestar el servicio público de forma ordinaria, teniendo que adquirir y/o alquilar equipamientos temporales adicionales como los que recoge la noticia siguiente: https://www.laregion.es/articulo/valdeorras/unidades-moviles-hacen-posible-obra-hospital/202205102315081129790.html
Y ¿qué decir de la encomienda?:
- Ha incrementado el presupuesto un 44%, sin tener datos de lo que habrán supuesto los 2 modificados
- Ha multiplicado por 3 el plazo de ejecución inicialmente previsto, con 5 prórrogas y las que podrán venir
¿En serio Tragsa era y ha resultado ser la mejor opción?¿No era posible una nueva licitación superada la pandemia Covid?
Pero sobre todo, ¿cómo seguimos negando que la mayor problemática actual en la contratación pública es la falta de control de la ejecución de las prestaciones contratadas? 4 años en obras para una duración inicial de 4 meses en un equipamiento hospitalario…
¿Cómo podemos dejar sin valorar el impacto y coste en la prestación de la sanidad que tiene para la ciudadanía de esa Área Sanitaria?