Cuando la Contratación Pública se complica: ¿cómo pasar de 4 meses a 4 años de ejecución en una obra?

Se publica en el DOG de hoy 16 de julio de 2024 la prórroga de la encomienda de gestión a TRAGSA para la ejecución de la obra de reforma del área de consultas externas del Hospital Comarcal de Valdeorras: (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240716/AnuncioC3K1-100724-0001_es.html) Se trata de una encomienda formalizada en julio de 2022 por un importe de 649.907,57 euros y 12 meses de ejecución: (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220817/AnuncioC3K1-050822-0003_es.html).

Nada raro, a priori, más allá del criticable recurso a encomendar a Tragsa la ejecución de una obra (ya hay sentencias que indican que ese objeto es algo ajeno a su naturaleza como medio propio… ¿no?). Ya en el artículo elaborado para la Revista de Auditoría Pública dejaba caer qué opinión me merece este abuso de encomiendas, con una crítica centrada en el abuso para la ejecución de Fondos Europeos: https://asocex.es/analisis-de-la-cobertura-de-necesidades-de-personal-para-asumir-los-fondos-next-generation-eu-auto-provision-o-externalizacion-en-un-entorno-de-datos/

Lo peculiar en esta encomienda es que ya se han acordado 4 ó 5 prórrogas y 2 modificados. Y eso ya no es tan normal. Pero además, esta encomienda «substituye» a un contrato licitado a finales de 2019 por un importe de 477.389,20 euros, y adjudicado finalmente por un importe de 453.949,40 euros y 4 meses de ejecución (https://extranet.sergas.es/cadmoweb/Cadmo_Web/DetalleContratacion.aspx?IdPaxina=70003&IdExpediente=72728&CodCentroGestion=5001)

¿Cómo un contrato licitado a finales de 2019 para realizar en 4 meses puede tener su ejecución prevista para finales de 2024? Prevista, ojo.

Podríamos echar la culpa a la Covid, pero la pandemia sólo retrasó la adjudicación y formalización a finales de 2020, y provocó que renunciase el primer posible adjudicatario porque un año después ya no le cuadraba en su cartera de trabajos (¿renunció sin consecuencias?).

Para colmo de males, de los 4 licitadores iniciales uno retiró su propuesta fuera de plazo (¿sin responsabilidades?), otro fue excluido por no acreditar convenientemente la solvencia (¿recurso?) y el adjudicatario finalmente seleccionado no ha ejecutado la obra a pesar de que la prensa más próxima al lugar de ejecución hablaba en mayo de 2022 de que «la Xunta trabaja en la reactivación de la de Consultas Externas»… lo cual es un concepto jurídico indeterminado en contratación pública hasta para los más flexibles:

De todas estas incidencias no existe información en la Plataforma de contratación, perfiles varios, ni portal de transparencia (y es un OBLIGACIÓN LEGAL), aunque la empresa sí dejaba caer algún modificado en «análisis»: https://www.laregion.es/articulo/valdeorras/sanidade-sopesa-ampliar-obras-hospital-valdeorras/202104160035021021520.html

Pero además, debemos tener en cuenta el coste añadido que ha supuesto para las personas usuarias del hospital esta ejecución ineficaz, no sólo durante el período de ejecución de las obras sino durante todos los años de prórroga. Sólo con revisar los «perfiles» podríamos conocer el coste aproximado. También debemos sumar los costes adicionales que ha supuesto la imposibilidad de prestar el servicio público de forma ordinaria, teniendo que adquirir y/o alquilar equipamientos temporales adicionales como los que recoge la noticia siguiente: https://www.laregion.es/articulo/valdeorras/unidades-moviles-hacen-posible-obra-hospital/202205102315081129790.html

Y ¿qué decir de la encomienda?:

  • Ha incrementado el presupuesto un 44%, sin tener datos de lo que habrán supuesto los 2 modificados
  • Ha multiplicado por 3 el plazo de ejecución inicialmente previsto, con 5 prórrogas y las que podrán venir

¿En serio Tragsa era y ha resultado ser la mejor opción?¿No era posible una nueva licitación superada la pandemia Covid?

Pero sobre todo, ¿cómo seguimos negando que la mayor problemática actual en la contratación pública es la falta de control de la ejecución de las prestaciones contratadas? 4 años en obras para una duración inicial de 4 meses en un equipamiento hospitalario…

¿Cómo podemos dejar sin valorar el impacto y coste en la prestación de la sanidad que tiene para la ciudadanía de esa Área Sanitaria?

Notas XXXI sobre Contratación Pública: Inteligencia artificial en el ámbito educativo, algoritmos,… ¿y su control?

El pasado 31 de agosto el Consello de la Xunta en su reunión semanal (aunque en verano siempre hay alguna menos, jeje) aprobó un informe para presentar/lanzar «EdugalIA», un proyecto para incorporar la Inteligencia Artificial a la «Gobernanza» del sistema educativo. Y digo a la Gobernanza, porque en el ámbito formativo ya lleva unos años ocupando titulares, sin perjuicio de su despliegue efectivo o no. La reseña del acuerdo puede consultarse en las páginas 33 y siguientes del archivo pdf del enlace: https://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=31605&name=DLFE-51109.pdf

En la práctica, el informe suponía la publicidad previa (con el alcance en prensa, RRSS,… de los acuerdos del Gobierno) de la consulta preliminar del mercado (art. 115 de la LCSP) para decidir cómo aplicar la IA a las grandes decisiones de la política educativa. O eso parece, porque las demás cuestiones que se plantean en el informe «unificar datos, digitalización, plataforma de comunicación familias-docentes,…» ya tienen actualmente una solución (o varias) en la Administración autonómica (Abalar,…). Mejorables, sin duda, pero ya existen.

Y la cuestión de un único expediente educativo, después de hacer recientemente un traslado de expediente de primaria a Secundaria «en papel», con toda la digitalización de datos de asistencia, cualificaciones, etc, que ya constaban en Abalar y en los demás sistemas de datos de educación, parece obedecer simplemente a la conocida regla constitucional de «siempre se ha hecho así», o al gusto por la firma «tradicional» para título y oficios de algunas personas dentro de la administración.

Además, esta cuestión de la IA aplicada al sistema educativo también me suena de fecha recientes, en concreto de finales de 2021, porque creo recordar que el Premio de emplead@s públicos innovadores de la III edición que se concedió a finales de 2021 proponía ya la aplicación de «métricas» y algoritmos en el ámbito educativo (como se puede comprobar en el enlace del Diario Oficial porque el enlace al proyecto premiado no lo he encontrado): https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220104/AnuncioG0198-171221-0001_es.html

Y como siempre en contratación pública, pero sobre todo cuando suma con la innovación,…, lo más importante es ir a la «fuente», ¿qué se propone contratar? La consulta preliminar del mercado puede descargarse del perfil de la Consellería competente: https://www.contratosdegalicia.gal/resultadoAnuncios.jsp?N=327

El producto debe ser novedoso, por supuesto, no pudiendo tratarse de soluciones de mercado que ya se comercialicen actualmente, lo cual sería realmente novedoso, de no ser porque se incluye una «puerta de atrás» al permitir soluciones ya comercializadas pero yendo «más allá de sus soluciones actuales proponiendo desarrollos y funcionalidades innovadoras que no estén en el mercado». Buf… difícil distinguir esta opción del párrafo anterior que permite «incluir funcionalidades o soluciones complementarias, siempre y cuando acerquen valor en el marco estratégico expuesto».

Pero en concreto ¿qué se incluye de IA? Del análisis de la documentación publicada en el perfil, podemos comprobar que uno de los retos prioritarios es:

«Disponer de sistemas que implementen algoritmos avanzados de análisis de la información disponible para la evaluación y reporte la diferentes niveles de gestión (principalmente direcciones generales, subdirecciones generales, jefaturas de servicio y asesorías) para evaluar: los factores que inciden en el abandono temprano y fracaso escolar a nivel predictivo; la vulnerabilidad del entorno de cada centro educativo para la priorización de recursos para la atención de necesidades específicas de apoyo educativo y la optimización de la distribución de recursos orientados a su atención».

Y como en todo lo que tiene que ver con algoritmos y más en la atención directa a la ciudadanía: «debe abordarse de forma íntegra la problemática del sesgo en sistemas de inteligencia artificial, para que los posibles modelos no reflejen perjuicios o inclinaciones hacia ciertos perfiles, y que esto no afecte al funcionamiento ni los resultados, por lo que se prestará especial atención en las estrategias propuestas para la mitigación de estos riesgos». Salvo error, se echa en falta una cita específica a las Orientaciones éticas de la Comisión en la materia, que pueden consultarse en el siguiente enlace: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d81a0d54-5348-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-en

Pero la pregunta es: ¿Quién va a auditar estos algoritmos? ¿Quién tiene la preparación, formación, experiencia,… dentro o fuera de la Xunta de Galicia o de cualquier administración pública para auditar los algoritmos que resulten de todo este proceso? Porque la idea puede ser una fuente de beneficios y/o problemas, pero quién va a velar porque, como exige la UNESCO, se garantice «una utilización ética, transparente y comprobable de los datos y algoritmos de la educación»: https://es.unesco.org/themes/tic-educacion/inteligencia-artificial

El Tribunal de Cuentas de Países Bajos (NCA) ha desarrollado un marco de auditoría para algoritmos que puede resultar de utilidad para quien tenga que asumir estas funciones en un futuro muy próximo. Todo ello parte de un informe de principios de 2021: https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2021/01/26/understanding-algorithms

Toda la información de su trabajo y el marco de auditoría desarrollado se encuentran publicados (e incluidos desde la 1ª edición en el curso de la Escola Galega de Administración Pública – EGAP sobre fondos Next Generation cuya 8ª edición empieza en un par de semanas): https://english.rekenkamer.nl/publications/publications/2021/01/26/audit-framework-for-algorithms

Por último, lo que preocupa realmente a la ciudadanía, aunque puede no ser lo más relevante… ¿cuánto me va a costar esto? De acuerdo con la documentación del expediente se estima un coste para el proyecto definitivamente seleccionado de entre 5 y 10 millones de euros. ¿Por qué esa cifra? De momento en el expediente publicado no hay más información.

¿Y por qué esta «inquina/insistencia» en qué se controle y audite todo? Porque coincido en que todo lo que se mide y se analiza (sin sesgos), suele mejorar. Pero en el ámbito educativo, tampoco querría que se impidiese el clásico ejemplo de estudiante que, a pesar de algoritmos que los desterraban de cualquier éxito académico y que recomendaban no invertir un segundo de tiempo ni un euro, consiguió su objetivo.

Porque en ocasiones los algoritmos se equivocan, y quien los alimenta con sesgos, más.