En primer lugar, creo que es recomendable cambiar el formato que uso habitualmente. Por ello trataré de ser más directo, partiendo del concepto de rinoceronte gris que explica su autora muy bien en el siguiente enlace como hecho previsible cuya solución no se asume (el día a día administrativo o el “siempre se ha hecho así” que todo el mundo conoce).
Por ello, aunque habrá cien yo propongo por lo menos 10 rinocerontes grises talluditos y bien criados ya:
1.- Reformular las OPE pendientes de convocar (incluso las ya convocadas, ¿Por qué no?)
Lo propuse inocentemente hace casi dos años en otras notas para la posible reorganización del personal con la finalidad de asumir la carga de trabajo de los servicios sociales en los ayuntamientos como medida imprescindible para asumir las competencias que tienen. Conviene decidir si es más necesario a partir de ahora las categorías de AP y C2 en la Administración Autonómica o estatal, o por el contrario debemos incrementar el personal de servicios generales (y sus distintas clasificaciones) en las áreas de servicios sociales/sanitarios: personal de ayuda en el hogar de ayuntamientos, personal celador, personal de limpieza en residencias de personas mayores, etc.
Por poner un ejemplo, el impacto de la crisis de la COVID, pero sobre todo del teletrabajo en la Oferta de empleo público gallega obligaría a replantearse si a corto plazo son necesarios los puestos y categorías convocados (en enlace como ejemplo la oferta para 2019). No hablo de un análisis presupuestario (que «tiene un análisis» también), sino las funciones que asume el personal que se ha convocado.
¿Es una decisión fácil? No, pero cambiar la normativa de función pública, el convenio colectivo de personal laboral, reorganizar personal en áreas que pierden volumen, etc, llevará más tiempo, del que no disponemos como Administración. Modificar ofertas o convocar otras plazas es posible, eficaz, y más rápido.
2.- La jornada laboral y el salario «habitual» de ciertos sectores
Trabajos de 8-10 horas (o más) por 900/1.000 euros netos. Ese ha sido el titular de prensa de las últimas semanas en una importante parte del sector de la Administración Pública que ha estado más expuesta al riesgo. Y las próximas semanas-meses no auguran la posibilidad de incrementos salariales muy notables. Por tanto, en determinados puestos habrá que actuar sobre la parte que sí es posible modificar. La jornada laboral de 8 horas en puestos intensivos en esfuerzo físico como el personal auxiliar de las residencias de personas mayores o residencias es necesariamente revisable. Incluso sin crisis sanitaria.
Debemos aprovechar el momento para plantear jornadas de 6 horas por el mismo salario que ya se cobra ahora (no hagamos “trampas”) en residencias y hospitales, al menos en determinados puestos. Mantendrá el empleo actual, pero además abrirá nuevas posibilidades de turnos/empleos. Dará también mayor calidad laboral, conciliación, etc. Porque seamos coherentes con el escenario actual, incluso sin el volumen de atención que ha exigido la COVID sólo alguien que no ha pasado por una residencia puede considerar que una persona trabajadora con 40-60 años puede asumir la carga de trabajo físico y emocional por más de 6 horas/día sin que su salud se resienta gravemente. Y si lo hace alguien menor de 40 años, destrozará su salud para cuando llegue a los 45.
3.- La jornada laboral y el teletrabajo
El teletrabajo ha llegado para quedarse. Pero no en la modalidad actual que tenemos en plena crisis. En esta crisis haces tu jornada, te llamas a las 18hs y contestas, te llega un mail a las 23hs y lo lees. Para el futuro de pasado mañana debe ser un teletrabajo eficiente, controlado y bien dirigido. Esto último condiciona también quién puede dirigir en las AAPP. Hay que decirlo y valorarlo ya.
Nadie negará hoy que obligar a residir a todo el personal en una ciudad es contraproducente en la gestión de pandemias. Las macrociudades son ¿imposibles? de gestionar sociosanitariamente con una calidad razonable. Los costes económicos se pueden asumir, pero las vidas no. Y obligar a todo el personal a viajar cuando puede hacer su trabajo correctamente desde casa es inaceptable en época de crisis sanitaria. Garantizando cierta presencialidad si resulta necesaria, por supuesto.
Es cierto que las empresas privadas del sector de atención sociosanitaria gestionan ¿mejor? y con mejores beneficios los grandes centros geográficamente concentrados, pero la rentabilidad ahora debe incluir el análisis de riesgos y pandemias (actuales y por venir). Centros punteros de investigación pueden reunirse en una ciudad de las TIC, pero si es de las TIC también podrá permitir el trabajo colaborativo a distancia salvo excepciones que no se nos escapan, ¿no?
4.- Los edificios administrativos/hormigueros
En línea con lo anterior (teletrabajo, turnos alternos de presencialidad, etc), los edificios administrativos se nos van a quedar grandes, muy grandes. Como ejemplo, la Consejería de Hacienda en los últimos años ha iniciado una política de reforma de edificios que estaban infrautilizados para ahorrar en alquileres. Bien. Correcto.
Pero a partir de este momento la obras no iniciadas deberían exigir un análisis previo del impacto que el teletrabajo, la turnicidad, etc, van a tener a corto/medio plazo porque edificios con 5.000 empleados públicos simultáneamente en presencial son inviables o al menos no recomendables (¿puede una intervención entrar a valorar esta cuestión sin una modificación legislativa?).
5.- La compatibilidad y el personal pluriempleado
Siendo coherentes con los anteriores apartados y con la crisis de empleo que tenemos ya en muchos de nuestros hogares, ¿podemos seguir defendiendo la existencia de compatibilidad para varios empleos en las administraciones públicas? Evidentemente es necesario permitir/dar cobertura legal a situaciones de compatibilidad que garantizan la posibilidad de vivir dentro de un bienestar razonable.
Sin embargo, no podemos discutir que un paro lanzado al 20% conviva con empleados públicos que tienen dos empleos “compatibles” que les garantizan retribuciones netas anuales que exceden los 60.000 euros. El servicio público no puede permitirse que convivan tasas de paro por encima del 20% (ni del 5%), con personal que compatibiliza 2 o más puestos de trabajo en el sector público y privado (empresas consultoras, auditoras, despachos, creación artística profesional, spin off universitarias, etc). ¿Debería haber excepciones por “cargas” familiares, etc? Seguro, pero pocas y justificadas.
6.- La dirección Pública Profesional
Una administración permanece años sin evolucionar, pero nadie parece alterarse (por ejemplo, los hitos temporales que había que cumplir en la implantación de la Administración Electrónica). En cuanto se produce un cambio de Gobierno de igual o diferente o color, e incluso cuando sólo cambia la persona titular de la dirección general, hay nuevos proyectos buenos, pero también caen proyectos interesantes porque eran de “otros”. ¿Y la dirección pública profesional qué opina? Calla.
Autonomía. Independencia. Capacidad. La dirección pública profesional sin las anteriores características no existe. Y si no se garantiza, se pierde el impulso de la Administración. A punto de jubilarse, hablo bastante con compañeros y compañeras que aportan mucho aún. Pero sobre todo piden una cosa: debemos ser capaces de separar la decisión técnica de la dirección política. Y ésta última sólo puede conducir a la Administración hacia donde técnicamente esté motivado, y controlada dicha motivación.
7.- La formación, actualización, sexenios, etc. El perfil que viene del personal de las AAPP.
Algo ha fallado. Con estrépito. En el plano teórico la formación del personal de las administraciones ha estado financiada con millones de euros, y ha sido lleva a cabo por técnicos que han validado que se aprendía lo necesario. Esa formación que ha impartido la propia administración o sus contratas (incluidas las organizaciones sindicales o empresas con gran prestigio en formación que asumen parte de dicha formación), pero sin éxito.
A la hora de la verdad, hay personal en las AAPP que ha asistido a cursos de formación on line durante años, pero ha tardado ¿semanas? en adaptarse al teletrabajo, a la educación on line, etc. Y lo que es más grave, en muchos casos lo que más ha faltado es la iniciativa o voluntad para asumir los conocimientos necesarios para instalar un programa de acceso remoto. O para recibir los expedientes, o la parte que les corresponde tramitar, incluso a través del correo corporativo y trabajar en ellos para avanzar en la desescalada.
Y no olvidemos que por el camino se han pagado millones de euros en sexenios, complementos de conocimientos informáticos, promoción profesional por comisión o LD, justificando dicha promoción en la aptitud y conocimientos de las personas elegidas. Todo para ver cómo en 2 meses de crisis la aportación de algunas personas (incluso aquellas consideradas personal directivo) se ha limitado a uno o dos correos. La responsabilidad en una administración pública, el correcto desempeño, no sólo es firmar, y menos con bolígrafo.
Para finalizar, no sólo hay rinocerontes grises en la función pública. Hay otros interesantes pero relacionados con las administración que también podemos citar:
8.- El impacto sobre el escenario presupuestario (no sólo el gasto cambia la economía):
Como caerá alguna crítica u observación desde el punto de vista del equilibrio presupuestario, ya adelanto que en una economía como la española donde conviven durante décadas tasas de paro superiores al 10% y un PIB oculto de aproximadamente un 20% del total, la solución a esta y a muchas crisis pasará también por el “lado de los ingresos”. La contracción del gasto más allá de cálculos razonables, podría ser un parche con efectos sociales demoledores.
Es imprescindible que culturalmente (sí, culturalmente) asumamos un cambio que repercuta en nuestra economía de forma más importante que la interesante capacidad de recaudación de las administraciones tributarias. Se han perfeccionado sistemas, aplicaciones,… pero el ingreso sigue demasiado oculto, en una cantidad inaceptable.
Dos meses sin casi pagos en efectivo, sin posibilidad casi real de pagar al margen de los sistemas fácilmente controlables porque los billetes eran fuente de posible contagio, no es representativo de un mejor control. Igual que las estadísticas de menor actividad delictiva con un estado de alarma no son fruto (no sólo al menos) de la eficiencia policial. Es necesario aflorar la actividad no declarada cuando ya no haya pandemia ni estado de alarma, en mayor medida si pretendemos instaurar una renta mínima estatal o europea que asista a aquellas familias que no disponen efectivamente de ingresos.
9.- Las subvenciones para la internacionalización de productos o la inversión interna. El equilibrio es (im)posible.
Hemos dedicado los períodos de aparente bonanza, en línea con lo que los mercados demandaban, a competir para la posible internacionalización de nuestra economía. Hemos competido mejor o peor según los sectores, pero es cierto que hemos invertido en internacionalización quizás más que en reforzar/garantizar la producción interna.
Hemos puesto la capacidad de producir donde era más barata, y hemos esperado los dividendos para invertir más. Y el mercado se ha cerrado por la pandemia. Y nuestra capacidad de producción interior no era tan fuerte, ni suficiente.
Seguro que es un análisis simple. Pero será igual de simple la solución si nuestra actividad de fomento de ahora en adelante intenta subvencionar sólo lo que se produce dentro de nuestras fronteras. Somos Unión Europea para la bueno, y para lo más bueno. Habrá que poner en marcha de nuevo sectores estratégicos, pero no podemos subvencionar los productos que no lo necesitan o que compiten con mercados incipientes de países en vías de desarrollo (Unión Europea y su acción exterior, caladeros de pesca que sus países reclaman, todo lo que suponen las normas europeas)
10.- La vuelta al rural y las ciudades sostenibles sociosanitariamente.
Y por último, un concepto (sí, el concepto) y una intuición.
Una intuición en cuanto al desarrollo de los movimientos poblacionales de los próximos meses/años. ¿Y si la vuelta al rural que algunas personas pedían es más posible con el teletrabajo y los efectos psicológicos de la pandemia? Muchas personas (más de las que económicamente podrían) han dicho durante estas semanas “vuelvo al rural con casa y terreno”, ni una pandemia más en un piso, y otras frases parecidas.
Aplicado a Galicia, donde el 99% de las personas tenemos una villa, pueblo o aldea a las que volver, ¿cuál es el efecto que ha tenido sobre la expansión/contención de la pandemia la existencia de la tan temida dispersión poblacional? ¿Cómo de importante ha sido la existencia de hospitales de ámbito comarcal (en Verín que es mi villa) para la gestión adecuada de la pandemia? Será bueno tener datos cuánto antes, pero la sensación es que han tenido una importancia capital.
Sí, ya sabemos que menos contagio ahora supone una posible mayor vulnerabilidad más adelante. Y también debemos saber que el rural envejecido es como una residencia de personas mayores virtual, en la que un virus como el actual y que se extienda tendría efectos catastróficos. Pero la crisis sanitaria ha sido ahora y el tiempo que ganemos ahora para gestionar bien lo que venga es necesario. Y la existencia hospitales en el rural gallego se antoja muy relevante. No centros punteros, evidentemente. Pero sí suficientemente dotados.
Todo ello para alcanzar en el plazo más corto posible un concepto que se ha revelado más importante que cualquier otro en tiempos de crisis sanitaria: la población (ciudad, villa, pueblo, comarca,…) sostenible sociosanitariamente.
