TRAGSA, SEAGA, TRAGSATEC,… El rural no es rentable salvo cuando es la propia Administración la que lo explota. La prevención de incendios no es rentable salvo cuando es la propia Administración la titular de un «monopolio». Fin del artículo
Una persona atenta a todas las publicaciones del diario oficial de Galicia me indica una cuestión a analizar: «el precio de la limpieza que estamos imponiendo a la ciudadanía por la limpieza forzada de sus terrenos es una barbaridad». Y tiene razón, por más que las tarifas que cobra la empresa pública SEAGA sea públicas, oficiales y aprobadas.
En las páginas 339 y siguientes del pdf podéis comprobar los precios de tarifas oficiales de Seaga, empresa pública que asume los encargos de la Comunidad Autónoma, y por vía de un convenio a 3 partes SEAGA, FEGAMP y Xunta, la limpieza de las fincas como medida de prevención de incendios.
¿Cuánto le cuesta al ciudadano no limpiar? Entre 800 y 3.500 euros en función de los trabajos que se realicen, a lo que tendrá que sumar la sanción que podrá serle impuesta. Podemos analizar uno de esos precios y comprobaremos que la factura es un poco elevada. El precio por roza de una de las tarifas es el siguiente:
Es un precio elevadísimo, porque en el mercado para una persona particular oscila entre 150 y, como mucho, 300 euros. Nadie necesita un peón, un jefe de brigada, motodesbrozadora, vehículo y medios auxilizares para rozar una finca «tipo». Es una tarifa, y por definición, artificial.
Pero además, la tarifa es por empleo precario y por ello 250 euros más cara que la tarifa ordinaria de Seaga por estos trabajos:
Empleo precario y tarifas abultadas, ¿qué puede salir mal?
¿Pero la competencia para limpiar, sancionar,… de quién es? Como estamos en Galicia podemos responder sin pudor «depende», y a otra cosa. Está claro que la normativa fija quién es competente, lo que no está claro es de quién partió la idea de que Seaga asumiese los trabajos. Es evidente que la encomienda por parte de los ayuntamientos a Seaga no era legalmente aceptable, por lo que el convenio a 3 bandas abrió la posibilidad de adherirse a los ayuntamiento y que fuese la empresa pública quién asuma los trabajos (algo alambicado, sí, pero habitual)
¿Pero es la única opción?¿o es la más cómoda? Porque seguro que ninguna empresa participa en una licitación para limpiar 0,124 Ha de terreno en un ayuntamiento gallego, pero si tenemos en cuenta por ejemplo el anuncio del Ayuntamiento de Entrimo y la posibilidad de articular un Acuerdo Marco para está actividades por un valor estimado de 30.000 euros año (resultado de sumar los pequeños importes que podrían darse), quizás haya varias empresas interesadas. O incluso puede que algunas personas emprendedoras del municipios asuman los aún farragosos trámites de constitución de una sociedad or un posible negocios de entre 25 ó 30 mil euros año en su propio municipio.
Otra opción sería una licitación de una Diputación Provincial organizado en lotes por municipios próximos que faciliten la rentabilidad de los trabajos para Pymes. Evidentemente, si hemos articulado un convenio para que Seaga asuma los trabajos, no creo que se ponga en duda jurídicamente un convenio para articular una licitación, porque ¡sorpresa! licitar esos trabajos es lo que hace Seaga (perfil de contratante):
Sin embargo, los municipios han optado por el «Hágase», condenando a sus posibles emprendedores municipales, precarizando un trabajo que sí, depende de una empresa pública, pero también es precario (porque recordemos que las tarifas que se aplican son las de «personal eventual». Y perdiendo además la oportunidad de fijar población y economía en sus municipios. ¿Pero el fin es la prevención? Por supuesto, pero el análisis de los medios es importante y tiene consecuencias
¿Y a Seaga cómo le va el negocio? Pues no sólo de prevención de incendios y gestión de biomasa vive la empresa, porque la avispa velutina también le ha tocado con una cifra de negocio de casi 2 millones de euros.
La memoria anual de 2020 dice que va bien. Muy bien, pero seguro que va a ir aún mejor porque cada vez sus sectores de actividades son más variados y diversificados:
¿Pero las encomiendas matan la inversión? Esta pregunta supongo que exige una análisis sesudo por un grupo de investigación de alguna universidad de prestigio, pero como opinar es libre, por supuesto que sí. Tragsa es un ejemplo desde hace años en cualquier sector al que accede (porque nació para montes pero programa aplicaciones informáticas, «pica» datos, etc) y aún es más evidente en época de emergencias (sea por incendio o por emergencia sanitaria). Las grandes empresas no protestan porque la subcontratación en las encomiendas es práctica habitual, y todos contentos.
Porque seamos sinceros, ¿cómo compite una cooperativa o una pequeña sociedad civil articulada entre dos o tres amigos del pueblo con una empresa pública a la que empaquetan los encargos para que sean fijos, pero además rentables? Imposible, pero siempre podrán optar a las listas de personal de Seaga…
¿Y cómo garantizar el negocio de una pequeña empresa local en un actividad claramente estacionalizada? Con subvenciones para diversificar su negocio, con el apoyo técnico de las universidades gallegas especializadas en rural, financiación autonómica, con una formación profesional dual y ligada a la realidad económica del rural, con formación amplia y especializada,…
Y por eso, sí, las encomiendas de gestión y muchas otras decisiones matan el emprendimiento en el rural, aunque el fin de prevenir incendios lo pretenda justificar todo. El aprovechamiento sostenible del rural no es eso. Y la prevención de incendios tampoco.
Superada la “no sorpresa” de las intenciones de los Gobiernos estatal y autonómico de relajar las medidas de control de los expedientes financiados con los nuevos fondos europeos Next Generation EU o cualquier fondo adicional que pueda ayudarnos a superar la crisis Covid, es bueno analizar los efectos prácticos que puede tener en realidad. Y va un análisis más largo de lo habitual.
En el marco teórico, sin estar publicado en el BOE ya existen reflexiones muy sesudas sobre lo que supone la limitación de controles de los fondos europeos y la historia de gestión (inadecuada gestión y/o corrupción) que en relación a estos fondos arrastra nuestro país. Como muestra, el reciente análisis de la Letrada mayor del Consello de Contas, Patricia Iglesias Rey, en el OBCP: http://www.obcp.es/opiniones/el-proyecto-del-real-decreto-ley-por-el-que-se-aprueban-medidas-urgentes-para-la
Desde el punto de vista práctico, quizá sea bueno analizar la situación actual del control de fondos europeos en Galicia, con los cambios más que relevantes que ha traído 2020 (y no es que yo participe en el control, aunque no negaré que es una “divertida coincidencia”). Será un explicación muy práctica con un ejemplo del control que vendrá para el año 2021 y siguientes.
El control de los fondos europeos, los que ya tenemos y los que vendrán, está articulado en al menos 5 NIVELES que conforman un entramado complejo y contundente al que le cuesta arrancan en cada Marco de Financiación Presupuestaria, pero que cuando arranca es un rodillo:
– Nivel 1: El propio órgano gestor de la financiación europea que resulta agraciado con los fondos de que se trate en su presupuesto. Deberá con los nuevos fondos, al igual que con el actual FEDER, FSE, etc, preparar las bases de la convocatoria, los indicadores, los anexos, a su personal, etc. Es la unidad encargada de solicitar todos los informes (intervención delegada o unidad de control financiero competente, asesoría, órganos de gestión y coordinación de fondos europeos, etc). Es en este punto donde el actual borrador de Real Decreto Ley pretende introducir una primera vez “la tijera” de la agilización y el combustible de la urgencia.
La finalidad de este nivel es que los expedientes financiados lleguen al BOE o Diario Oficial correspondiente lo mejor definidos posible. Pero además, estas unidades de gestión son las que controlan en un primer momento los requisitos de los posibles beneficiarios y la justificación presentada para el cobro de las ayudas. También en este punto el legislador introduce una segunda vez la tijera de la simplificación de requisitos de estar al corriente, de justificar documentalmente determinados gastos, etc.
Pero no deberíamos olvidar que en este nivel, el control de las intervenciones delegadas es en régimen de fiscalización limitada o de requisitos básicos, y Asesoría asesora, no repara con efectos suspensivos.
– Nivel 2: Sistema de Verificaciones/inspección.
Este nivel es el encargado de que toda la gestión administrativa desarrollada, junto con sus datos cargados en infinidad de bases muy mejorables, “llegue a Bruselas” para que se produzca el pago. Porque sí, queridos niños y niñas, salvo pagos adelantados que se pueden recibir, en su mayoría los fondos europeos no llegan cuando se pagan las subvenciones a las personas que las han pedido y justificado. La mayor parte de todos esos millones de euros se anticipan por la Hacienda Pública de que se trate (estatal o autonómica) vía endeudamiento (porque la recaudación da para lo que da en este país de trileros).
Y es en este nivel 2 donde se ha producido un importantísimo cambio en este 2020. Hasta este año, los controles de los fondos que se “declaraban a Bruselas” para su cobro, se revisaban en un porcentaje que podría oscilar entre 5%/10% siendo generoso. Había una opción entre veinte de que revisásemos un expediente. Pero ahora, desde este año ha entrado en funcionamiento la exigencia de la Comisión Europea (y de sus servicios de control, que de tontos no tienen nada) de que se revise el 100% de los expedientes cofinanciados. TODOS los expedientes cofinanciados se van a someter a un control a posteriori COMPLETO antes de solicitar el pago a Bruselas.
Y ver todo implica descubrir “cositas” como veremos de forma sucinta al final de este artículo. Pero también supone disponer de recursos para cumplir con esa exigencia. Por eso el personal de la unidad en la que participo para controlar el fondo FEDER se duplicó a finales de 2019. Para evitar uno de los “famosos” cuellos de botella. Se duplicó con personal interino, porque esa es otra de las particularidades de los fondos europeos, que el personal funcionario de carrera huye de ellos por su complejidad y exigencias formales y personal (porque el cierre suele destrozar los permisos navideños, por ejemplo). Y eso no va a cambiar por mucho complemento retributivo variable que fije el borrador de Real Decreto Ley…
Además de personal, se necesitan instrumentos de control adicional (conflictos de intereses, operaciones societarias, operaciones entre empresas vinculadas, comprobaciones de mantenimiento de inversiones, etc), que en nuestro caso parecen al alcance de la mano al fin con la adquisición por el CIXTEC de una base de datos de información empresarial.
Más control en este nivel es bueno siempre, pero más cuando conozcan las consecuencias del nivel 3 de control.
– El nivel 3: Las auditorías “a posteriori” de la Intervención General
Como es algo que me tocó asumir entre 2011 y 2014, sólo diré que mejor un 100% revisado antes, que un pequeño número de expedientes revisados por este nivel de control.
Quizás se puede entender mejor con un ejemplo práctico de cómo funciona la estadística: Si el nivel 2 detecta 100 euros irregulares, son 100 euros que no cobramos de Europa y que puede (o no) dar lugar a un expediente de reintegro. Por el contrario, si los mismos 100 euros se detectan en un control de auditoría de la Intervención General, el macabro juego de la “extrapolación” en estadística puede suponer que no cobremos 1.000.000 de euros. Ahí lo dejo.
Además, este nivel revisa un porcentaje de expedientes muy pequeño, por lo que centra todos sus recursos (que siguen siendo pocos 10 años despues de estar por allí incluso con la colaboración de empresas auditoras) en un análisis pormenorizado que “SIEMPRE descubre algo más”. Además, su realización años después del cobro de las ayudas tiene efectos muy contundentes en las épocas de crisis en determinados sectores (compromisos de mantenimiento de empleo e ivnersiones, sectores con crisis específicas, etc).
– Los niveles 4 y 5: Los OCEX autonómicos y estatales. Otros entes. La Comisión y el Tribunal de Cuentas Europeo.
Los organismos europeos son aquí los que pueden generar “miedo” sin matices. Todo ello sin perjuicio de los controles de los OCEX propios (Consello de Contas de Galicia, Tribunal de Cuentas estatal) cuya incidencia en el ámbito del control de fondos europeos suele ser reducida y de la importancia que la AIREF y la OIRESCON puede tener la actualidad, más la primera que parece consolidada en sus funciones y visibilidad, que la segunda que está en un proceso de… “algo”.
Habiendo pasado 4 años de la tramitación de una convocatoria de ayudas o de la ejecución de un contrato cofinanciado el nivel de control 5 puede suponer un agujero en las cuentas de una Comunidad Autónoma como cualquier crisis de financiación que se le aproxime.
Sobran ejemplos como los criterios de adjudicación irregulares, los modificados de contrato que tardamos una década en “transponer” correctamente, las bajas temerarias de quita y pón, etc. Pero sus recientes controles se centran en aspectos más especializados de acuerdo con el actual Marco de financiacón 2014/2020: obtención de resultados, medidas de coste-eficiencia, medidas de garantía de lucha contra el fraude,… Y eso por estos lares aún cuesta. Y mucho.
Pero además, las consecuencias de irregularidades detectadas en este nivel costará mucha financiación. Porque no es lo mismo detectar irregularidades en el nivel 2 y asumir que algunos expedientes deben financiarse con el presupuesto propio, que recibir una visita de la Comisión a golpe de septiembre y que te digan que antes de diciembre te vna a restar de tu presupuesto 10 o 20 millones de euros porque han detectado criterios de adjudicación no válidos en 2 expedientes de contratación. Y así funcionan.
Analizados los niveles, veamos con un sucinto análisis práctico, y en mi condición de elemento integrante del nivel 1 (aunque sea en adscripción provisional posterior a cese, o quizás por eso) aprovecharé que el IGAPE publicó esté miércoles la relación de ayudas concedidas en el segundo semestre de 2019 (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201126/AnuncioO92-161120-0001_es.html), para hacer un pequeño simulacro de análisis “de superficie”. Es muy importante este organismo porque se trata de uno de los órganos que a priori en Galicia tendrán funciones relevantes en la gestión de los Fondos Next Generation EU y análogos, como ya lo es del FEDER.
Supongo que como siempre es necesario advertir que mi análisis no prejuzga la legalidad de las actuaciones ni supone ninguna revelación de información que no esté disponible para cualquiera “en internet” (datos empresariales, datos personales, etc). Simplemente puede/debería servir como aviso para navegantes interesados en la obtención (regular o no) de ayudas financiadas con fondos europeos. Y no debería verse como una crítica o desprecio del trabajo de otras personas en las AAPP, porque cada uno tenemos nuestras funciones y a mi me corresponde ver dónde puede fallar el sistema, sin consideraciones personales.
Dicho lo anterior, una sencilla conversión del archivo publicado y un breve análisis de la información publicada, deja los siguientes extremos relevantes para un control de nivel 2 sobre una población de 1.188 beneficiarios (981 beneficiarios únicos) que se han repartido casi 29 millones de euros en subvenciones para un total de gasto subvencionable de casi 78 millones:
a) Análisis por cuantía de subvención concedida:
a.1. Los 22 primeros beneficiarios por importe se han repartido subvenciones de 6 cifras para un total de casi 4 millones de euros, siendo la subvención media de más de 175.000 euros
a.2. Otros 724 beneficiarios han recibido ayudas de 5 cifras para un total de algo más de 22 millones de euros, siendo la subvención media de más de 30.000 euros
a.3. Los más de 400 beneficiarios restantes han recibido ayudas de 4 y 3 cifras, siendo la subvención media aprox. 4.800 euros.
Surgen algunas preguntas interesantes en relación al importe de ayuda y su porcentaje sobre el gasto asumido:
Primera.- ¿Son los primeros de la lista las empresas que han recibido un mayor importe de ayudas del IGAPE? No, porque hay beneficiarios que acumulan varias ayudas del subgrupo a.2 y superan en gran medida el importe de 175.000 euros
Segunda.- ¿Es más importante la cuantía o el porcentaje? Pues en muchas ocasiones el segundo dato, porque garantiza la viabilidad de la inversión en mayor medida. Sólo una de las líneas de ayuda garantiza el 100% de la inversión. Y la que garantiza el 90% de la inversión es íntegra para las Cámaras de Comercio.
Tercero.- ¿Es eficiente conceder ayudas de menos de 2.000 e incluso menos de 1.000 euros? No. Y siento ser así de contundente, pero es imposible conseguir ningún objetivo con esos importes. Igual que no llegan el dinero para todos. Implica falta de planificación y de determinación clara del “publico objetivo y de sus necesidades”.
b) Análisis por destinatario de las ayudas y número de ayudas percibidades:
b.1. ¿Quiénes son los primeros destinatarios que reciben 6 cifras? Son varias categorías diferentes:
Los cluster de sectores priroritarios de Galicia (madera, automoción, alimentación, etc) lo cual incide en la posible concurrencia con ayudas de cada una de las consejerías afectadas y el control o no de dicha concurrencia
Empresas de “renombre” (habituales en convocatorias de ayudas de diversa índole)
Supuestos extraños: Y en esta categoría tan interesante están empresas que sorprendentemente al “bucear” en sus propietarias/os…
1.- o resultan financiadas como emprendedores cuando ya poseen otra sociedad que se dedica(ba) a lo mismo,
2.- o cambian su propietarios después de obtener la subvención para pasar a pertenecer a personas que ya realizaban dicha actividad,
3.- o participan en entramados societarios a lo largo y ancho de Galicia para la misma actividad pero con otras sociedades, etc.
Y algunos no tienen vida en internet, lo cual es si cabe más «mosqueante» en proyectos de 6 cifras.
b.2) ¿Quiénes son los beneficiarios que más ayudas reciben?
También aquí tenemos varias áreas de interés. En primer lugar las Cámaras de Comercio de Coruña, Santiago, y la que agrupa a Vigo, Pontevedra y Vilagarcía se reparten más de 1,5 millones de euros (600.000 cada uno de las de Coruña y Vigo). No voy a incluir el volumen de enlaces a noticias sobre procesos judiciales, irregularidades, etc, que podríamos incluir. La historia de las Cámaras de Ourense y Lugo también es conocida. Ya en 2013 el Consello de Contas analizó su actividad en relación a los ejercicios 2010-2011. Pero todo las entidades y su «compliance» todo lo pueden revertir…
Otro sector con empresas que recibe varias ayudas y/o de importe relevante está vinculado a clusters (AMSL S.L.), universidades (Cinfo S.L.), formación de sindicatos y empresas (Femxa formación S.L.) y otras empresas que a pesar de su aparente pequeño tamaño reciben varias y/o cuantiosas ayudas (Galiwonders S.L., Viajes Fisterra S.L., Duacode S.L., Efimob S.L., por ejemplo). Muchas de ellas con ayudas ecumuladas por encima de los 100.000 euros por lo que los límites reales de ayuda no son, al menos no sólo, lo que diga una única convocatoria de ayudas.
En conclusión, se van a rebajar los requisitos y plazos en el nivel 1 para cobrar más y cobrar antes de Europa. Pero que nadie se equivoque, si ese nivel no trabaja bien, muy bien, el agujero que provocarán los cuatro nivel a posteriori se va a financiar durante años con un endeudamiento que antes o después sufrirá otra crisis brutal.
Y por eso los cuatro niveles restantes seguirán realizando su trabajo, que no debe ser el de meras comparsas, oficinas contables, ni semáforos en ámbar permanente, etc. O en eso confíamos algunos.
