Notas (XVIII) sobre la Ley 9/2017 (LCSP2017): «Orden de ¿cierre? del ejercicio contable y contratación pública»

Con la temporada previa a la Navidad las administraciones públicas (en su mayor parte y en particular sus órganos de intervención y control) se han acostumbrado a “asustar” al personal de las unidades de gestión con la mal denominada orden de cierre.

Los ejemplos son numerosos, variando la rigidez de los plazos y la limitación de actuaciones a lo largo de la última década. Antes de la “penúltima” crisis existían, es cierto, pero su impacto no era tan relevante salvo que peligrasen las cifras. En las últimas semanas han publicado sus normas de regulación de operaciones de cierre de 2018 y apertura del ejercicio 2019 la Administración General del Estado; la Comunidad Autónoma de Galicia; la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Seguridad Social, etc

Esta norma está mal denominada, es una opinión personal, porque en ningún caso se ha producido técnicamente un cierre contable nunca, sino más bien una suspensión de la tramitación de los expedientes para poder priorizar los expedientes a tramitar en función de su “relevancia”. Todo ello como consecuencia del análisis de la ausencia o limitación de liquidez/tesorería para el pago del presupuesto de gastos inicialmente previsto y definitivamente posible. Es por tanto una orden de priorización de expedientes.

De la misma forma que la normativa de tesorería de las administraciones públicas suele preveer desde siempre un orden de prelación en los pagos a realizar según recoge por ejemplo el actual artículo 107 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (orden cronológico, importe, etc), lo que busca la orden de cierre es priorizar los expedientes que deben llegar, o al menor llegar antes al Tesoro.

Con la apariencia del cuento de Pedro y el lobo, y una técnica normativa más propia de calendario escolar que de norma de gestión presupuestaria, esta orden ha adquirido propiedades de “cuasi Ley orgánica” por su impacto en la gestión ordinaria de las administraciones.

Con un sencillo cuadro tomando como ejemplo la regulación autonómica gallega se podría analizar el impacto/temor de las Administraciones a incumplir sus límites de déficit durante los años en los que la prima de riesgo y la dificultad/imposibilidad de financiarse en los mercados llevaba a medir el cinturón antes y más que la propia cintura.

En el cuadro se toma como fechas relevantes la fecha de publicación en el diario oficial (los rumores probablemente se oían desde 1 o 2 meses antes), y la fecha de inicio de los expedientes administrativos que podemos hacer coincidir con las fases contables de retención de crédito (RC) o autorización/aprobación del gasto (A):

La secuencia en el año 2022 debería permitir, aproximadamente, cerrar el ejercicio formalmente el 31 de diciembre. Más allá de guiños humorísticos, el anterior cuadro permite comprobar el tratamiento diferente de los gastos corrientes (muchas veces escondidos en un aparente capítulo VI), si bien muchos de esos gastos tienen un impacto en la vida ordinaria de la economía mucho más relevante y positivo (aunque sea a corto plazo, en ámbitos como los servicios sociales donde el corto plazo y la emergencia tienen fronteras difusas). Pero eso sería otro debate.

También permite comprobar que las facturas de contratos y gastos menores (normalmente tramitados como ADOK acumulando contablemente las distintas fases) se “cortaban” mucho antes que el resto de pagos que se permiten en fase OK hasta 31 de diciembre con carácter general. Lo anterior parecía y parece coherente por su menor importancia y por tanto menor procedencia en un momento de limitaciones y cálculos de déficit.

¿Y cuál es el impacto de esta norma en la contratación pública? Más allá de la fijación de fechas límite para tramitar cada fase contable y por tanto cada trámite del expediente administrativo, en sus primeras épocas y aún ahora, la norma tuvo efectos dispares y en ocasiones poco recomendables:

1.- La proliferación de imputaciones de crédito a ejercicios siguientes (artículo 34, apartados 3 y 4 de la LGP), lo que provocó un desplazamiento en ocasiones injustificado de la ejecución de los presupuestos. Además el efecto encadenado ha lastrado la ejecución de cada nuevo presupuesto con las obligaciones no reconocidas en el anterior. Con ellos, las previsiones para contratar contra el nuevo presupuesto se han visto minoradas o incluso suprimidas, generando un déficit de inversiones de renovación y mantenimiento (cuyos posibles efectos en algunas infraestructuras menores o no están aún por ver).

2.- La ralentización de la tramitación de los expedientes como consecuencia de la dificultad que supone la “suspensión” de la gestión, los cálculos del cierre, las dudas del traspaso y las operaciones de apertura del ejercicio. Contratos que debían estar formalizados en las primeras semanas de cada año se han visto demorados con la necesidad de contratos menores “de enganche” (que han visto como la LCSP los reconoce ahora en el artículo 29.4 como se indicó en otra nota)

3.- La existencia repetida de certificaciones de “importe cero” en la obra pública incluso en los meses de final de año con mejor clima, lo cual ha “podido responder” a veladas recomendaciones de suspender la actividad o, lo que es peor, a documentos que no respondían a la realidad (más allá de las consecuencias de destrucción al menos temporal de empleo en el sector de la construcción pública que ha podido tener esta suspensión y que no son objeto de análisis ahora). En línea con lo anterior, las fechas de recepción de las obras han sido otro de los límites adelantados.

Conviene recordar en este caso que la LCSP y en concreto el reglamento, aún vigente en todo lo que no se oponga a la ley, recogen la figura de la recepción parcial como mecanismo de ajuste de una ejecución que no supere los límites sobrevenidos presupuestarios/de tesorería. La recogen la nueva ley en su artículo 243.5 siempre que se haya previsto en el contrato y el reglamento en su artículo 67.3 como contenido del PCAP. A pesar de su previsión para el contrato de obras, nada parace impedir su utilización en las demás modalidades de contrato si el objeto lo permite, e incluso a falta de previsión en el contrato, interpretar la posibilidad de recepción parcial previo acuerdo de las partes.

4.- La aparente menor utilización de la tramitación anticipada de gasto, cuya posible relevancia ya se ha señalado porque las operaciones de cierre de ejercicio y las limitaciones han impedido su uso por falta de tiempo, o por falta de crédito para el ejercicio siguiente.

5.- Los planes especiales y apurados de gasto en las últimas semanas del año. Como consecuencia de los cálculos realizados y en ocasiones del exceso de límite autoimpuesto, han podido surgir en ocasiones aumentos de margen de ejecución/liquidez en las últimas semanas o días de cada ejercicio que han permitido o sugerido la ejecución de planes de gasto que como consecuencia de la duración de los plazos ordinarios de la normativa contractual han llevado a un exceso de contratos menores y posibles fraccionamientos.

Sin embargo, los plazos y reglas generales que fijan estas normas se exceptúan en todo caso previo trámite de una solicitud de excepción a dichos plazos y límites ante el órgano competente (normalmente la intervención general). Sin perjuicio de que esta cuestión pudiese alterar el orden de prelación de pagos que podría corresponder al órgano o unidad competente en materia de tesorería, la posibilidad de excepción ilimitada puede llevar a vaciar de contenido los límites fijados.

En conclusión, lo cierto es que las cifras finales de ejecución de los presupuestos casi siempre han sido muy altas, incluso en los años de crisis más rotundos (si bien con presupuestos más reducidos), por lo que la conclusión ha sido “aparentemente” evidente: orden de cierre, ¿qué cierre? Orden de priorización de expediente por una en ocasiones incorrecta estimación de ingresos o gestión de tesorería, por presión de los “mercados”,… Un poco de todo y una necesaria mejora en la planificación y fiabilidad de los datos a lo largo de toda la elaboración y especialmente de toda la ejecución del presupuesto de gastos, pero también de ingresos.

Notas sobre políticas públicas (III): «​(De)Construyendo y repensando la nueva función pública y su futuro»​

En las últimas semanas en el habitual debate sobre lo mal que funciona la Administración parece ganar fuerza que el problema capital es cómo hemos accedido y en el futuro se accederá a un empleo público, forma de acceso que se tacha de injusta y obsoleta. De esta crítica, interesada en ocasiones o fundada en muchas otras, de la comparación con los procesos de acceso de nuestro entorno, en particular de la U.E., etc, seguro que se podrá discutir abiertamente, pero “avui no toca”.

Sin embargo quizá sea bueno partir de la diferencia entre las administraciones de siglos pasados (aunque no muy lejanos) o la de países sin procesos selectivos justos en donde los apellidos, el poder económico, la raza, rigen la selección.

Si uno lee habitualmente los listados de personas aprobadas de cualquier oposición y ve o intuye su diferente situación económica y personal de partida (y cuando lo comprueba al empezar a trabajar y conocer las historias de cada persona), seguramente ya no se ve tentado a confundir las desagradables excepciones de corrupción o nepotismo en el acceso, con una regla general de falta de control. Y así no confundir que algunas personas se adhieran después a élites de altos funcionarios, con que de inicio ya pertenezcan a dichas élites.

Es evidentemente necesario legislar y controlar el régimen de incompatibilidades del personal de la Administración Pública con sus actividades privadas, “aflorar” el fraude existente en determinadas élites (que no siempre coinciden con los subgrupos de mayor nivel, pero será lo habitual) en la preparación del acceso a la función pública, en la consultoría sobre contratación pública, en la preparación y publicación de materiales didácticos, etc.

Los anteriores no son temas que se limiten al control y mejora del acceso a la función pública, sino que son asuntos cotidianos del control de desempeño, de la vigilancia de la propia Administración sobre su personal, de la actividad desarrollada por los denostados “asuntos internos” de cada Administración. Y no sólo de legalidad sino también de moral, de ética personal, de compromiso con el interés general, con el servicio público. Es cuestión de plantearse cada día preguntas como el horario que soy realmente eficiente en mi puesto de trabajo, la actualización de conocimientos que realizo, los conflictos de intereses que evito, en qué jornadas participo de ponente y quién las paga, el control que desarrollo si tengo atribuída la dirección de personal, etc.

Discutir por ello la forma de acceso por comparación con otros países o instituciones, e incluso con el sector privado, provoca en ocasiones la sensación de intentar eludir debates a priori más acuciantes.

Obviando por ello la necesaria garantía de los principios constitucionales que rigen el acceso a la función pública (sean los actuales del artículo 103 o los que una mayoría suficiente decida fijar), quizá sea más urgente asumir un análisis o un debate más inmediato ahora: ¿qué hacemos con los puestos de trabajo, y más en concreto con las funciones que se suponen incluidas en ellos, que desaparecen cada mes en la Administración o que están en claro peligro de extinción?

Las reticencias (los bloqueos incluso «vía» reforma legal exprés) a la implantación de la Administración electrónica se vencen con la realidad del día a día. Y el papel que inundaba y ha llegado a paralizar la Administración desaparece(rá). Ello incluso con intentos que por el formato “quiero pero no” resultarían enternecedores de no ser por la seriedad del ámbito que tratamos. Sirva como ejemplo la recientísima instrucción del poder judicial que con base en el artículo 230 de la LOPJ que establece la obligatoriedad de uso de los medios electrónicos, avanza en ella pero la condiciona a que existan “líneas de comunicaciones de altas prestaciones, con altos anchos de banda, para permitir el acceso a información multimedia sin merma de calidad. Asimismo, tendrán la potencia suficiente para evitar bloqueos o lentitud en las respuestas y la alta disponibilidad que evite la pérdida del servicio”. Ya llegará a todos los juzgados y tribunales del país, ya llegará.

Por todo lo anterior, la función (entre otras muchas pero por poner un ejemplo evidente) de llevar el papel de un lado a otro, de hacer el oficio para acompañarlo, de firmar y comprar los bolígrafos y el papel para ese oficio, desaparecen también. Serán muchos puestos de trabajo, que no, no verán prejubilaciones bonificadas suculentamente como ha podido pasar en otros sectores privados.

Toca una reconversión, y cuanto antes se planifique, menos traumática será. Las definiciones de funciones tasadas y las categorías finitas de funcionarios carecerán de virtualidad práctica. Y las infinitas categorías de personal laboral deberán modernizarse y adaptarse a los nuevos «oficios»

En el escenario más próximo en el que trabajo, una Administración autonómica con más de 300 ayuntamientos como compañeros de viaje, surgen algunas posibles oportunidades (y muchas más que cualquiera propondrá):

1. Será necesario dotar de personal (y de créditos presupuestarios) a aquellos ayuntamientos infradotados para asumir competencias de proximidad a la ciudadanía (servicios socio-sanitarios esencialmente).

2. Será necesario dotar de recursos para asumir planes autonómicos y/o locales de control presencial muy variado en ámbitos como alquileres vacacionales y “pisos/edificios turísticos”, gestión de notificaciones y sanciones para limpieza y prevención de incendios, etc

3. Será necesario formar y proponer la integración de personal en residencias y centros para personas mayores de medio y gran tamaño para mejorar ratios de personal y con ello sus condiciones de trabajo y la calidad de su desempeño que repercute en el cuidado de los usuarios y usuarias

4. Muchas opciones más que podamos imaginar con los nuevos empleos y funciones que asumirá la Administración en cualquiera de sus niveles

¿Y mejorar las pruebas de acceso? Seguro. Pero para empezar solucionemos la recoversión que viene a toda velocidad para no enfrentarnos al ERE, real o efectivo, que provocará una modernización de la Administración que con tanta formación (y tanto dinero) en décadas no ha conseguido preparar a alguien para asumir que sus competencias son y serán cambiantes y condicionadas por su función de servicio al ciudadano. No volvamos por favor a las épocas (sino seguimos en ellas) en las que algunos se negaron a tener y usar ordenador durante 5 o 10 años porque la jubilación estaba próxima, o porque en el siguiente concurso elegiría un puesto en el que no lo usaría.

Discutamos también, si se considera necesario y prudente, si la antigüedad se retribuye con trienios o también con ascensos sólo porque toca, si los grados y niveles y su importe correspondiente se ligan al puesto desempeñado o se mantienen aún cuando se produce el cambio a un puesto de nivel inferior, si las horas extra son necesarias o se crea esa necesidad, si todas las personas trabajan igual o debemos evaluar su desempeño, aunque sólo sea de vez en cuando y por supuesto con criterios objetivos.

Por eso, hay debates necesarios a medios plazo, y hay debates que necesitamos tener a corto plazo. Y nuestros parlamentos deben decidir y priorizar, y la ciudadanía debe participar cada vez más, no quizá condicionando la decisión sobre cada euro porque para ello votamos y elegimos, pero sí participando en decisiones de gran calado social y/o económico (Calgary no ha querido los JJOO de invierno). Y para ello tener información, y acertar. O no.

Lo anterior, no obsta evidentemente para empezar a aplicar medidas de mejora del acceso a la función pública. Para empezar por ejemplo, apliquemos el modelo de PERFIL DE CONTRATANTE a este ámbito, una plataforma al menos autonómica en la que consten TODOS los.procesos selectivos de las Administraciones públicas (y sus entes, “satélites”, etc) que permitan un cumplimiento racional y moderno de los principios constitucionales de acceso a la función pública.

En línea con lo anterior, experiencias de la racionalización de procesos selectivos como los de la policía local en la Comunidad Autónoma de Galicia o cualquier otro de los muchos ejemplos análogos que se desarrollan en cada Administración pública todos los días (permitirán mejorar los procedimientos y su transparencia, para poder ver al fin como por ejemplo en los municipios no es necesario ser previamente vecino/a para ser funcionario/a (o analizar casos “de laboratorio” de empresas privadas adjudicatarias de servicios públicos que contratan a un porcentaje de los jugadores del equipo local de fútbol,…)

Quizá por último, sea interesante discutir por qué los principios de mérito y capacidad no parecen primar en ocasiones, aparentemente, en el acceso a funciones y cargos públicos que desarrolla el artículo 23.2 de la Constitución y proponer o estudiar también su modificación o interpretación.