“Sueldos de altos cargos en las Administraciones Públicas y lobbies. No es tanto cuánto cobras sino quién te paga (y por qué)”

Tengo un amigo (alguno tengo) que desde que aprobé la oposición y van 14 años ya, tiene la sana costumbre de preguntar cuánto cobro. Siempre de noche y siempre “casi serenos”. Cuando la cena ya ha pasado y la digestión está combinada con algún licor café de la casa, es el momento jurídicamente denominado “amigos para siempre” que aprovecha para preguntar lo mismo. Siempre respondo con respeto institucional “lo fijan los presupuestos de la Comunidad Autónoma”. Y de ahí no me muevo.

Pero además no es muy importante esa cifra. Y es que lo importante no es cuánto cobra alguien por trabajar en una Administración Pública (que también), sino si ha trabajado para merecerlo pero sobre todo quién se lo paga. Porque en la Administración no todos los sueldos vienen perfectamente delimitados en la norma de presupuestos de cada año. Hay, en algunos casos, bastantes cuestiones más que conviene desgranar para cerrar un 2020 con la consigna ya señalada de “amigos para siempre”.

Como casi siempre dividiremos en 3 partes estas breves notas:

1.- Lo que dicen los presupuestos y “ya no es intocable” (un sueldo para toda la vida… o no)

Sirva esta parte para recordar que el sueldo para toda la vida ya no es intocable. Las nóminas no son estables o excepcionalmente crecientes. La normativa que aprendías del tirón con las 12 mensualidades y dos pagas extra es una verdad susceptible de post-verdad.

Sin ánimo de entrar en una polémica que no lleva a resolver las opiniones claramente polarizadas, las subidas de sueldo del 0 y pico por ciento (interesadamente colocadas para incendiar) cuando en la crisis de 2008 y siguientes se minoró el sueldo un 15% o más y se ha ido compensado a medias en sucesivas mejoras sólo permiten una conclusión: nadie sin una licenciatura en física y un master en aeronáutica puede llegar a saber cuánto queda pendiente y cuánto se perdió en el agujero negro de las promesas políticas. Y agua pasada no mueve molinos ni economías.

Frente a esto, los fanáticos de la retribución justa (que somos muchas personas incluso en las AAPP) no hemos visto grandes avances en los últimos… Nunca. Seguimos pagando de forma puntual y legal a todas las personas que están presentes en un edificio de las AAPP (ese teletrabajo «bonito» que no cambia a quién no trabajaba y exprime a quien respondía).

Incluso, en un ejemplo de eficiencia en el gasto público, le pagamos a algunas personas ausentes (física o mentalmente), no penalizamos a quien tiene como mayor mérito mantener la rentabilidad de las concesiones de cafeterías y retribuímos incluso adicionalmente o ascendemos a quien tira de la levita con más estilo. Tendremos una nueva ocasión para comprobarlo en el complemento retributivo variable y adicional por la gestión de los diversos fondos europeos para la recuperación. Va a ser un escándalo, primer aviso

2.- Lo que no dicen los presupuestos: sueldos y puestos/entes para una paz social duradera

La paz social, tan importante en la Administración Pública, como instrumental para los Gobiernos. La paz social puede ser retribución en tres ejes de acción fundamentales:

a) El sueldo de empleados públicos

b) El sueldo y cargos de personas antes políticas o circunstancialmente sin puesto político.

c) Una combinación de ambos instrumentos: el ente pacificador/pacificado

El primer punto sería fácilmente explicable con el ejemplo de la carrera profesional y su negociación acelerada en los últimos años como medida de recuperación de la retribución perdida. Ha sido una oportunidad a medias porque la crisis Covid ha cortado sus efectos retributivos (nadie confirma ni desmiente que los escenarios presupuestarios la han olvidado). Y también ha sido parcial porque en teoría iba a valorar la capacitación, los méritos adquiridos,… y nos ha quedado para no ofender a nadie en un “café para todos” que además aún está llegando a personal interino y personal temporal por medio de juzgados y tribunales.

El segundo punto exigiría un árbol genealógico tan completo y plurianual que creo que un ejemplo práctico en el tercer apartado conseguirá explicarlo de forma sencilla. En todo caso, no es necesario recordar los supuestos de senadores y senadoras de designación autonómica (nadie protesta airadamente de que hurten de su posibilidad de votar varios puestos porque ningún partido azuza a sus huestes contra algo que interesa mantener). Y no es necesario recordar los cargos que durante años han completado/substituído el sueldo de políticos municipales en entes supramunicipales y autonómicos (gloriosas las “peleas” por un puesto en el órgano de dirección de la Televisión autonómica o por los puestos de las Diputaciones provinciales).

Pero el tercer punto se puede definir con un ejemplo: el Consejo Económico Social en Galicia o sus equivalentes en cualquier punto de la geografía peninsular e insular. Daremos solamente datos objetivos:

Presupuesto de gastos: asciende a la cuantía de 952.282 euros, de los que el 68% se gasta en sueldos de una plantilla de una decena escasa de personas. En gasto corriente (Capítulos II y IV de su presupuesto) se va el otro 30%, quedando finalmente 30.000 euros para un capítulo VI que se dedica de forma reiterada y casi única a convenios con las 3 universidades gallegas para trabajos y/o informes de investigación: https://www.ces-galicia.org/convenios

Más allá del capítulo de salarios y gastos de funcionamiento que alcanzarían el 83% de su presupuesto y que ya ha dado suficientes titulares de prensa, la partida de 130.000 euros del capítulo IV es la que podría exigir una aclaración adicional y rápida. Se trata de las compensaciones por participar en la actividad del CES que reciben organizaciones empresariales, sindicales y demás entidades que participan de la actividad del CES. La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) la recoge en su propia web indicando que recibe los 50.064 euros en concepto de (https://ceg.es/es/transparencia/consello-economico-e-social-de-galicia-2019):

Realización de trabajos, estudios y colaboraciones directamente relacionados con las materias competencia del Consello, asesoramiento en materias a desarrollar en las Comisiones Sectoriales del Consello y asistencia a reuniones de los distintos órganos del Consello”.

Y por eso es bueno ver en cifras la actividad desarrollada en los últimos años (y tener en cuenta que algunos informes emitidos son fruto de conveios de colaboración con las universidades gallegas):

* Número de dictámenes por año: 2020 (1), 2019 (6), 2018 (1), 2017 (2), 2016 (2), 2015 (2), 2014 /1). En 7 años la cifra “objetivamente considerada” de 15 informes

* Número de informes: Entre 2007 y 2017, 5 informes. Sí, en 10 años. En plena crisis económica. De 2018 a 2020 otros 5 informes que parecen “acelerar la producción”.

Evidentemente, como sólo se analizan datos, a la pregunta de ¿quién preside/ha presidido el CES? la única respuesta posible es “Siguiente pregunta” (porque sólo analizaremos datos objetivos).

Cualquiera que recuerde los planes de racionalización de la Administración de los distintos Gobiernos que con más o menos éxito se han llevado a cabo, sabrá que siempre ha habido entes que han sido indultados. «Paz social le llaman», pero quizás en algunos casos el esfuerzo económico público podría considerarse poco eficiente.

3.- Los grupos de presión (porque interesados son mucho, pero capaces de presionar unos pocos). Los sueldos que pagan los lobbies

Todo lo anterior para llegar a este punto y con una pregunta de partida: ¿Están excesivamente pagadas las personas que ocupan puestos de alto cargo y/o con alguna relevancia política?

Depende (“Galicia”). Viendo la Ley de presupuestos anual y las cifras que consigna, uno podría afirmar que, con las responsabilidades que asumen, no es realmente excesivo. Y aún te arriesgas a críticas feroces. Pero ¿y si valoramos “lo demás”?

Primero hay que analizar de forma sucinta qué hay más y quién lo paga. Podemos enumerar algunos conceptos:

  • Coche oficial y gastos de manutención y equipamientos (informáticos,…)
  • Gastos de atenciones protocolarias (para quien los tiene)
  • Contrataciones directas/indirectas de personal
  • Consejos de Administración

Como las tres primeras son evidentes y más que analizadas y discutidas, me centraré en la última opción/retribución: la “participación” en consejos de administración

Para ello podemos en el caso de Galicia comprobar la información en la web de transparencia (plagada, por cierto, de archivos pdf no sólo no editables sino escaneados de forma “escasamente accesible”): http://www.xunta.es/dxfpriac/

Estas retribuciones por consejos de administración se reparten entre las personas que ocupan puestos de alto cargo en las Administraciones Públicas (hablamos de Galicia pero es generalizado). Pueden ser consejos de administración de sociedades/empresas públicas o de entidades tan sólo participadas en alguna medida o pertencientes a sectores estratégicos. Por ejemplo la Compañía Radio Televisión de Galicia ya citada, la Sociedad Pública de Inversiones (SPI), la Sociedad Gallega de Residuos Industriales S.A. (la hoy extinguida Sogarisa), Regasificadora del Noroeste S.A. (Reganosa), y un largo número de entidades.

¿Y en qué consiste esta retribución? Más allá del tratamiento fiscal suficientemente analizado, y de la justificación legal/estatutaria de que una Administración Pública participe en los órganos de dirección de una empresa, en coherencia con el contenido de esta breve nota, indicaremos algún ejemplo de lo que supone económicamente para quien participa de dichas reuniones.

Por poner un ejemplo, para el caso de Reganosa, empresa privada cuyo objeto es la gestión, transporte y comercialización de gas, y de acuerdo con la información de su Informe Anual para 2019 (http://www.reganosa.com/sites/default/files/Informe_Anual_REGANOSA_2019_esp.pdf): “La retribución de los miembros del Consejo de Administración, cuyo sistema esta detallado en los Estatutos Sociales, consiste en una dieta por asistencia a cada reunión, cuyo importe es fijado con carácter anual mediante acuerdo de la Junta General de Accionistas, dentro de los límites máximos establecidos por la legislación vigente en cada momento”. El propio informe indica que en 2019 se produjeron 7 reuniones por lo que si damos por buenas antiguas referencias a esta cuestión (https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/reganosa-el-ultimo-refugio-de-jose-luis-mendez_328733_102.html), la retribución por este concepto alcanzaría entre 11.000 y 14.000 euros por asistente.

Más allá de las valoraciones jurídicas de posible abstención en determinados asuntos para cualquier persona que siendo representante de una Administración Pública perciba retribuciones de una empresa privada (y que seguro que se cumplirán “escrupulosamente” en cualquier comisión u órgano colegiado público), quizás es necesario en este punto tener en cuenta las últimas noticias sobre los Fondos #NextGenerationEU en Galicia y los mastodónticos proyectos que a priori presentará la Comunidad Autónoma (https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2020/06/20/tres-proyectos-tractores-elegidos-xunta-generaran-1700-empleos/0003_202006G20P29991.htm):

Y es importante por supuesto traer a colación en este punto la decidida apuesta de las instituciones europeas (Comisión, Parlamento y OLAF, entre otras) por el seguimiento y control de los conflictos de interés en las decisiones públicas financiadas con fondos europeos (y por los NextGenerationEU, pues también):

1.- Guía práctica elaborada por los servicios de la OLAF

2.- Código de conducta y conflictos de interés en la gestión de fondos europeos (Parlamento Europeo – Versión 2017)

3.- Instrucción sobre conflictos de interés emitida por la Dirección General de Fondos Europeos de la Comunidad Autónoma Valenciana

Lo dicho, mucha transparencia e integridad que trabajar en 2021. Por ello, no descarto seguir consolidando algunas coincidencias administrativas y anécdotas varias hasta el 31 de diciembre y durante 2021, pero por si estos días no fuese posible escribir más, y cerca ya de cumplir los 3 años publicando contenidos más o menos acertados en RRSS, os deseo felices fiestas y que las disfrutemos con prudencia (y mascarillas).

A la vuelta más y si puede ser más útil

Notas sobre políticas públicas (XI): La desafección frente al garrote en el Empleo Público (y en el privado, si fuese posible

Hoy no toca derecho. O sí toca: derecho al trabajo con todo su significado actual, en plena pandemia.

Hace ya muchos años estaba viendo los fuegos de la festividad del Apóstol en Santiago y, mientras el espectáculo pirotécnico asombraba a muchas personas, alguna/s observábamos con sorpresa el increíble volumen de personas que cabían en los balcones del Pazo de Raxoi, sede del ayuntamiento. La nueva (misma) sociedad estamental. Eventos con representantes políticos sin medidas de seguridad sanitaria en plena pandemia, dietas de miles de euros al año por asistir a consejos de administración, etc

Esa realidad humorística de políticos y altos cargos de las distintas administraciones con sus familias y amistades íntimas por encima de una sociedad que mira el circo con estupor. Esa realidad que nos resultaba antes asumible, ajena o indiferente, incluso hilarante, ahora en plena pandemia está azuzando la desafección como una olla a presión.

Y me explico para el caso concreto de las Administraciones públicas con un poco menos de literatura. Hay dos fenómenos que me tienen desconcertado en las AAPP en los últimos meses:

1. La cantidad de puestos de LD que resultan desiertos y la cantidad de puestos de responsabilidad que se cubren con personas de perfiles «discutibles». Objetivamente discutibles, con datos. 

2. La distancia, insalvable cada vez más, dentro de las AAPP entre las personas ¿no políticas de profesión? que ocupan puestos directivos y sus compañeros/as

¿Será la pandemia? Entre otras causas o «instrumentos» la pandemia está provocando una absoluta desafección hacia la jerarquía en la AAPP. Más en concreto desafección frente al desprecio, frente al uso del garrote. 

¿Por qué se produce esta desafección? Porque normalmente es bueno recordar la diferencia del Derecho Romano entre «potestas» y «auctoritas» (mandar con hierro frente a mandar por capacidad y conocimientos superiores). Quizás es bueno analizar que cada vez llegamos antes (en edad) a puestos de responsabilidad, pero menos preparados en conocimientos y experiencia. Y falta también experiencia en la gestión de equipos, en la madurez en el trato personal, falta empatía (incluso rozando la aparente ps… en algunos casos). No saber tratar a las personas con respeto implica una consecuencia clara: se cierra la comunicación de abajo-arriba. Pero se produce un efecto aún más grave, la comunicación de arriba-abajo se convierte en un garrote.

Un compañero ya jubilado contaba alguna vez que hace años descubrió que cuanto más ascendía, menos gente le hablaba y menos sabía de lo que ocurría en sus unidades. Y decidió abrirse él, todos los días y lo máximo posible. Y ganó respeto y tributo de admiración en su jubilación, que ya sé que no importa (¿o sí?). Hoy es impensable, casi imposible. Y conviene recordar que la burbuja aísla, no protege.

Pero la desafección reinante, que afirmo sin datos estadísticos y que sería anecdótica sin la pandemia, se ha convertido en un mal peligrosísimo para nuestra sociedad en plena crisis de la Covid. Me explicaré. 

En los últimos meses en las AAPP (pero este análisis es aplicable al sector privado con matices) lo que está en juego y en riesgo es la salud. La salud personal y familiar. El riesgo en los empleos no suele transmitirse a las familias, pero este virus sí.

Por ello, las medidas no motivadas e incluso increíblemente injustificadas de los últimos meses, están haciendo un daño excesivo a la credibilidad en la cadena de mando. Ya desconfiábamos de la clase política, pero ahora lo hacemos de cualquier persona con un mínimo de jerarquía en nuestras organizaciones.

Negar la flexibilidad horaria, la conciliación, el teletrabajo, complicar la vida de las personas que trabajan en la AAPP, ha traspasado límites en estos meses que han cambiado los calificativos que vuelan hacia arriba con términos que no deberían ni siquiera plantearse. Pero hay miedo, pánico, y la respuesta no será como años atrás. Además, ya no hay café durante el cual «desahogarse». Y siendo lo público el objeto de estas notas… ¿qué pueden esperar las personas que trabajan en el sector privado cuando por idénticas necesidades lo que se juegan es el despido en un mercado laboral precario, más en tiempos de pandemia? ¿Quizás ahí se pueda entender mejor la necesidad de activar la confrontación empleo público/privado?

Y el riesgo para nuestra sociedad es claro. Las mayores crisis sociales de desconfianza y miedo han aupado históricamente a las dictaduras más perversas. El mal es indeseable pero es seguro. Y muchos, con el miedo, buscan (y buscarán) la seguridad del discurso más radical.

Y por eso, adaptando unas palabras que en otro contexto he escuchado a Eugenio Moliní (@EugenioMolini), sobre las cenizas que queden en la AAPP deberían sobrevivir personas dispuestas a construir algo mejor. Una AAPP en cenizas que además ha perdido el afecto de sus empleados/as fruto de esta época de falta de respeto frente al trabajo hecho durante una pandemia brutal.

Porque lo público debiera ser (¿y será?) siempre garantía del respeto en las relaciones laborales y palanca de mejora de las condiciones en el sector privado.

Y concluyo ya con un recordatorio para las personas que abusan del garrote: cuidado con el «retroceso» de la fuerza empleada. Es pura física.