Los XVI Encuentros Técnicos de los OCEX (órganos de control externo) tendrán lugar los próximos 19 á 21 de noviembre en Córdoba. Se trata de unas reuniones de trabajo en las que el Tribunal de Cuentas de España y los OCEX autonómicos trabajarán en la coordinación y mejora de sus instrumentos de trabajo.
Para ello, las personas asistentes trabajarán divididas en 6 grupos por materias (https://encuentrosocex2025.es/wp-content/uploads/2025/06/grupos-de-trabajopdfpdf.pdf). Entre estas materias, se encuentra «El enfoque de auditoría pública y su contribución a los informes con impacto social», es decir, «en evaluar no solo el uso correcto de los recursos públicos desde una perspectiva financiera y de cumplimiento normativo, sino también los efectos y resultados que las políticas, programas o proyectos del gobierno generan sobre la sociedad, en particular sobre la población más vulnerable».
Este es el grupo en el que me incluiré para hablar de personas refugiadas, de despoblación, de reto demográfico,…, pero también de educación o de salud mental. ¿Por qué? Porque la evaluación de estos servicios públicos es fundamental, pero más aún en el escenario actual.
Hace ya 18 meses de la publicación del informe del Consello de Contas de Galicia sobre el proceso de acogida de las personas refugiadas de la guerra en Ucrania (https://www.ccontasgalicia.es/sites/consello_de_contas/files/contents/documents/2023/20240304_Informe_Informe_de_fiscalizacion_1702023-12_IF_Informe_fiscalizacion_FAREFUX_C.pdf), y los titulares de aquellos días ya han sido ¿olvidados/sustituídos? por las otras urgencias de la actualidad.
Además, no podemos obviar que los titulares actuales son parecidos, pero los datos no son iguales. Por eso conviene dar contexto a la información que se recogía en aquel informe, más aún cuando los recursos destinados al proceso de acogida parecen análogos (mismo centro de acogida, análogas necesidades,…).
Por ejemplo, las personas refugiadas que ahora se incluyen en el programa de la Diputación de A Coruña también proceden de una guerra, pero no en territorio europeo, sino en Mali. Se trata de menores que han llegado solos, a diferencia de la guerra en Ucrania, donde eran fundamentalmente menores acompañados de sus madres y/o abuelas.
Por tanto, podríamos señalar que las necesidades básicas en este caso incluyen mayores condicionantes aún, porque no hay adultos mayores de edad que puedan «co-responsabilizarse» de su atención. Si bien la información de su llegada a los centros de acogida es reciente, la disponibilidad de centros se garantizó hace más de un año (https://cadenaser.com/galicia/2024/07/29/la-diputacion-ofrece-la-residencia-del-rosalia-mera-de-a-coruna-para-acoger-a-refugiados-de-mali-radio-coruna/). Podríamos repetir la pregunta que dio origen al anterior informe: ¿han respondido las administraciones competentes a la planificación de los recursos para su correcto y ágil acogimiento?
Las recomendaciones del informe de hace año y medio ya dejaban claro cuál era alguna de las «lagunas» que se habían detectado y cómo afrontarlas: mejorar la coordinación multinivel de los recursos precisos y disponibles para no depender de «impulso individual o político».
La pregunta en la anterior y actual crisis, pero también en las que vengan es: ¿hemos respondido de forma diligente como AAPP (y también como ciudadanía) a las necesidades de las personas refugiadas? Y eso se puede concretar de forma más o menos intuitiva en las necesidades básicas siguientes que acompaño de una breve justificación legal:
- Alimentación: ¿tenemos en cuenta algún tipo de adaptación? ¿o es un campamento militar en el que es lo que hay sin ningún tipo de flexibilidad? ¡Son menores!
- Alojamiento: ¿hemos preparado el entorno en donde van a residir o vamos a ir adaptando sobre la marcha edificios o inmuebles sin uso? ¡Son menores!
- Educación: ¿tenemos personal docente suficiente en los centros sostenidos con fondos públicos en los que se han integrado estos menores para atender a sus necesidades (alfabetización básica en las lenguas oficiales, integración en la población educativa,…)? ¡Son menores!
- Sanidad: ¿Tenemos prevista la efectiva atención a menores para no sólo necesidades urgentes (atención psicológica) sino las más ordinarias, no sólo para garantizar lo básico sino para revertir posibles traumas o carencias? ¡Son menores!
- Socialización: ¿haremos el esfuerzo para que puedan integrarse progresivamente en la sociedad en la que los hemos «aterrizado» y evitar la conversión de grupos en «guetos»?(deporte, tiempo libre, religión,…) ¡Son menores!
Son menores. Y sí, cada AAPP (municipal, provincial, autonómica, estatal) tiene alguna de las anteriores competencias, en exclusiva o compartidas, y han tenido más de un año para que la respuesta no sea ahora «estamos en ello» o «estamos sobrepasados y no tenemos recursos». No es sólo financiación el debate, que también. Quizás también debamos preguntarnos cómo hemos sido capaces de acoger sin apenas «reservas» a casi 200.000 refugiados de la guerra de Ucrania, pero cifras mucho menores están generando reservas demasiado elevadas. Y la respuesta, si es sincera, probablemente no nos guste.
En conclusión, para mi el enfoque social de los informes, el impacto social de los informes, etc, ninguno de estos términos es negociable en general en nuestro trabajo, pero más aún en el ámbito de las crisis humanitarias. Y más aún cuando hablamos del acogimiento de menores que proceden de cualquier conflicto bélico. Y más aún si vienen solos/as. Y la respuesta no puede ser (o al menos no sólo) un abrazo, una foto, una noticia,… sino en esencia garantizar una gestión y planificación eficiente de los recursos públicos, de los de todas las AAPP competentes (que, ¡sorpresa!, en este ámbito son todas).
Sin ánimo de frustrar las expectativas de quien acuda en noviembre al evento organizado por Asociación de Órganos de Control Externo Autonómicos (ASOCEX) y la Cámara de Cuentas de Andalucía, y más en concreto a la mesa en la que participaré sobre esta materia, creo que no puede haber dudas en el enfoque social de nuestros informes, ni en el impacto social de todos ellos. Para quien quiera discutirlo (o no), Córdoba puede ser un buen foro.
Pero no olvidemos ser eficientes, incluso desde el más puro de los egoísmos, porque la condición de refugiado, como la de emigrante, se puede adquirir de un día para otro. Y seguro que nos gustará encontrarnos con unas AAPP y unos órganos de control profesionales, pero sobre todo con un enfoque social en sus actuaciones.