De vuelta ya de la «Semana de las Regiones y las ciudades en Bruselas», creo que puede resultar interesante publicar alguna reflexión sobre el evento, no ya como asistente (en 2024) sino como parte de una de las ponencias aceptadas en esta edición, por si fuese útil para entidades o personas interesadas. Además, aprovecharé también para un análisis general sobre este tipo de eventos que se recuperan con fuerza del impacto de la Covid.
¿Por qué participar presencialmente en eventos si podemos hacer «asistencia on line» en muchos de ellos? Incluso cuando por primera vez este año en la Regio Week algunas sesiones ha sido posible seguirlas on line, creo que es bueno participar siempre que implique una implicación «real» en los eventos. Se puede/debe participar «activamente», y esto sirve para cualquier Administración interesada con alguna de las siguientes finalidades:
- para obtener contactos y/o información para desarrollar proyectos (como hicimos el año pasado con ESPON Programme y la OCDE en Español para el informe de #Despoblación), ya sea asistiendo a las sesiones que desarrollan, planteando dudas, obteniendo contactos de «alto nivel», o incluso difudiendo los trabajos que hacemos en las AAPP.
- por prestigio de la institución en la que trabajamos, para obtener repercusión y respeto, autonomía,… y muchas otras necesidades que las AAPP, y los órganos de control en particular, parece que debemos justificar cada día (más cuanto más «intensamente» trabajemos o acertemos en nuestros trabajos)
- por someter a escrutinio de personas expertas y del público en general nuestros trabajos. La Regio Week no es un «balneario». Aunque algunas sesiones puedas resultar «fallidas», la inmensa mayoría son grupos de trabajo, algo dirigidos, puede, pero hay preguntas libres, fundadas e incluso malintencionadas en ocasiones.
Pero no nos engañemos, las reuniones, congresos, seminarios,… también incluyen la presencia y permeabilidad en su celebración de intereses ajenos al interés general o difícilmente compatibles. Hay bastante «paripé» en ocasiones (sacarse fotos posando en plena inauguración en la sede del Parlamento Europeo mientras interviene alguien debería suponer la expulsión inmediata de quien lo haga, además de ser bochornoso), y supone un coste de organización y de gastos para las entidades participantes, que exige un análisis de eficacia y económica que deben hacer cuando «envían» a alguien (como en cada acto administrativo, por cierto).
Y, en ocasiones, estos eventos suponen también «pingües beneficios» para ponentes, incluso en las propias AAPP, algunos de los cuales que han hecho de su puesto en la RPT una academia formativa u oficina de consultoría «soft», como que ya he comentado en entradas previas, pero que no deja de sonrojarme.
En la Regio Week no se cobra, o por lo menos no lo recogen sus normas de participación, pero la única forma de contrastarlo es publicar la información económica y organizativa. TRANSPARENCIA es la vacuna. Contra la corrupción, el despilfarro,… pero no sólo en las actividades ordinarias de las AAPP, sino aún más en la organización de eventos.
Y ahí es donde reside el interés de esta reflexión desde el punto de vista del control de las AAPP, además de reiterar la recomendación de participar en la Regio Week.
Cuánto cuesta participar, cuánto cobran las personas que actúan como ponentes, cuánto cuesta organizar, qué obtienen las ciudades organizadoras: turismo, posicionamiento,… pero no sólo inmateriales sino ingresos efectivos en hostelería, hoteles,…. Pero también cuánto les cuesta colaborar (aportaciones económicas, subvenciones directas, coste de horas extra de la policía local, sedes cedidas o no alquiladas,…).
Las instituciones europeas publican algunos datos sobre la Regio Week y su repercusión, con entre 8.000/10.000 participantes según la edición, que incluyen 1.000 ponentes y más de 300 periodistas acreditados. Casi nada:
Prometo bucear alguna información más completa sobre sus costes, pero como me gusta analizar los eventos de proximidad, podemos compararlo con algunos de los más «renombrados» en Galicia últimamente, más allá de algunos congresos que terminan derivando en listados de causas contra la corrupción, y eso también deberíamos tenerlo en cuenta como «riesgo».
Al abrigo de la reciente polémica sobre el informe del Consello de Contas de Galicia y el coste de los albergues del Xacobeo en Galicia (https://www.ccontasgalicia.es/sites/consello_de_contas/files/contents/documents/2023/20250923_Informe_Informe_de_fiscalizacion_1902023-02_D_Auditoria_Operativa_de_la_Sociedad_Anonima_Xestion_del_Plan_Xacobeo_C.pdf), y aunque podríamos analizar el posible impacto de esos albergues en las zonas despobladas de Galicia, quizás también deberíamos extender un análisis análogo al coste de los eventos como macro conciertos, de los cuales podríamos discutir su impacto en las zonas masificadas por el turismo de «horas» y analizar las razones por las que están sujetos a «cierta polémica» (https://osalto.gal/galicia/alfosno-rueda-dio-1-2-millones-dedo-al-sobrino-del-presidente-del-pp-coruna-montar-dos-festivales).
Y en la misma línea este enfoque, además, podríamos extenderlo al impacto real de los Congresos o incluso de las «reuniones interestelares».
Como ya indicaba, la receta para que todo sea correcto, o tienda a ser correcto, es la transparencia. En primer lugar, es poco habitual encontrar un informe de los resultados de estos eventos. Sí es fácil encontrar una estimación ampulosa de los previsibles resultados, normalmente emitida por la propia organización interesada y sus colaboradores, pero casi nunca un análisis serio de costes y resultados.
Por ejemplo, el «Vigo Global Summit 2025» (https://vigoglobalsummit.com/).
Este evento, que se repite en breve semanas tras el realizado en 2023 puede suscitar algunas preguntas:
- ¿sabemos quién lo organiza?
- ¿cuánto cuesta?
- ¿cuál es su contenido?
- ¿hasta dónde llega la confidencialidad de los acuerdos entre quienes organizan estos eventos?
Conviene recordar que si hay dinero público, no hay confidencialidad, al menos no total para los órganos de control competentes, como ya dejó claro la Justicia Europea al tratar la compra de vacunas para la Covid, por ejemplo.
Además, para responder a las preguntas sobre el evento tenemos mucha información. Aunque a menos de 1 mes de su celebración no tengamos en la web el programa definitivo, sí sabemos que lo organiza el Consorcio Zona Franca de Vigo, entre público dependiente del Estado (https://www.zfv.es/portal/index.html) y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), que preside para la zona Noroeste el consejero delegado de #Abanca.
Como el Consorcio es sector público, tiene un perfil de contratante en el que se puede bucear cuánto cuesta organizar este evento, o al menos la parte que es «pública»:
Con una pequeña «búsqueda por palabras», podemos saber que se ha licitado la organización del evento al menos con 2 expedientes que suman la nada desdeñable cantidad de 1,5 millones de euros (IVA incluido).
La factura es algo superior a la de 2023 cuando, con una única empresa presentada, «sólo» costó 575.900 euros más IVA (https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wxkgnoyZ%2F26rz3GQd5r6SQ%3D%3D). Realmente se presentaron las mismas 3 empresas se han admitido en 2025, pero las otras 2 no superaron el umbras de calidad mínimo de 25 puntos que se exigía.
Pero para esta 2ª edición, en la licitación de la difusión, a la que sólo se presentaron dos ofertas, no resulta una baja en la licitación. Es algo habitual en contratos de compra de espacios y difusión publicitaria en los que el precio se concreta en una rebaja del coste por espacios/número de espacios,…, pero sorprende que sólo se hayan presentado 2 ofertas en el último día de la licitación (aunque el plazo se amplió por el «apagón general» que se produjo ese día justo después de presentarse las ofertas), y que la puntuación de una de ellas sea 1 sobre 100, y que la adjudicataria obtenga 99 sobre 100. Una muy buena y una muy mala, como tantas veces:
No obstante, resulta más interesante la licitación de la asistencia técnica y organización, por varios motivos, además de que por resulte adjudicataria la misma empresa que para la organización del evento de 2023 (quién esa empresa y demás análisis, para quien desee bucear algo más).
En primer lugar, es extraño que una empresa con la oferta más cara resulte adjudicataria, como se puede comprobar en el siguiente cuadro:
Pero eso debería llevarnos rápidamente a analizar la fórmula aplicada y podríamos comprobar que la valoración de las retribuciones de los ponentes (15 puntos máximo), que supone más del 80% de la oferta ganadora, sólo supone un 30% de la puntuación de la oferta económica. Así, la empresa que propone el coste más reducido con 170.000 euros menos de presupuesto para ponentes, sólo obtiene12 puntos más.
¿Pero cómo se configura el presupuesto de las personas que participarán como ponentes? Aparentemente, de acuerdo con los pliegos hay 4 categorías de ponentes para un total de 16 ponentes (y digo aparentemente, porque me niego a creer que se estime un presupuesto para la conferencia de una persona, aunque sea Premio Nobel, en 250.000 euros más IVA):
Además, la valoración del apartado de «resto de actividades» (30 puntos máximo) sólo supone un presupuesto de poco más del 10% para la adjudicataria, pero le da una ventaja de 17 puntos imposible de alcanzar para la segunda oferta., a pesar de que en la oferta técnica les separan apenas 5 puntos.
Es decir, ponentes mucho más «costosos», y lo que resuelve finalmente resuelve la adjudicación son las demás actividades baratas y menos relevantes pero que otorgan más puntos. No sé, llamadme «curioso», pero no me convence.
Para concluir, le mayores le sumamos 2 criterios «extraños» como:
- un posible concierto que los pliegos no garanticen que se celebre
- un paquete de actividades «sin concretar» que se debe ofertar a un precio cerrado sin datos
Por eso, es necesario valorar otros posibles parámetros como pueden ser:
- ¿el coste por ponente y minuto de conferencia?
- ¿el número de asistentes?
- ¿Los ingresos obtenidos por la organización? En esta línea, la memoria justificativa del expediente de contratación indica que asistieron 1.000 «congresistas», lo que si ninguno tuviese «pase gratis» podría suponer entre 80 y 100 mil euros por inscripciones.
- Por otra parte, ¿qué costes asume cada AAPP que se embarca o colabora en un proyecto como éste?
Sin embargo, en este caso siendo ya la 2ª edición, la memoria del expediente no incluye estos cálculos. Pero ni en este congreso y ni en muchos o casi ninguno de los que se realizan.
En conclusión, el presupuesto de gasto no es igual en todos. Pero la TRANSPARENCIA a exigirles debería ser, una vez alcanzada la legalmente exigible, al menos proporcional al presupuesto destinado. Y en este caso, quizás sea demasiado presupuesto para un presupuesto, por muy estelar que sea.