Empezaré diciendo que soy de Verín por parte de madre y por parte de padre de Vilardevós. Las dos, poblaciones a menos de 13 kms una de la otra en Ourense, y las dos pegadas a Portugal. Soy «arraiano», fronterizo. Soy ourensano, aunque lleve ya 27 años viviendo en Coruña.
Y por eso creo que puedo hablar con conocimiento (o al menos «sin censura») de incendios, porque los he vivido desde que nací hace 45 años.
Por eso me permito hablar de RESPONSABILIDAD de los gobiernos en todos los incendios que se han producido y que se producirán en los próximos años. Y lo hago porque así me lo permite decir la Constitución. Lean los artículos 130 y 131, por indicar alguno, o el artículo 40. Cualquiera puede hablar de las vergonzosas aplicaciones informáticas de la #SeguridadSocial o de los permisos y autorizaciones que ahogan en burocracia a cualquiera que pretenda emprender en el rural, de la «teleasistencia» médica cuando tienes 85 y vives sólo o con alguien de igual edad y conocimientos técnicos, etc.
La #Despoblación de la que se alimentan los grandes incendios, es una consecuencia más de todo lo anterior, no es sólo una circunstancia accidental que se ha producido por la «dureza del rural moderno». Por ejemplo, Vilardevós tiene un hospital a 15 minutos, pero no tiene un servicio de transporte público mínimo para que su población envejecida pueda desplazarse cuando lo necesite (ya no digo para acudir a una emergencia médica). Dejen de diluir competencias en comparecencias de «paripé» y asuman su respondablidad.
Y por último, sólo hablaría de CULPABILIDAD de los gobiernos en algunos casos. Porque eso tiene más carga probatoria y va caso a caso, incendio a incendio. Aunque cuando se permiten/amparan algunas decisiones…
Hablo de responsabilidad del gobierno central porque, desde hace décadas y con sus múltiples «colores», ha decidido que la reconversión económica del rural ourensano sería dejarlo morir, igual que a su población, envejecida y sin relevo. Dejar morir al rural o subastarlo al mejor postor sin ninguna opción ni tentativa de reanimarlo. Ni siquiera con el miedo del desabastecimiento de productos alimenticios de proximidad durante la Covid, ni siquiera ahí se intentó reanimar.
El sistema de financiación que ha pretendido desde siempre acumular la financiación en los bolsillos de las AAPP de mayor tamaño (ahora favorecido por los «vientos de Europa»), es si cabe más dañino con el rural gallego. No hay ninguna medida de fomento económico «privado» relevante especialmente dirigida al rural ourensano. Miento, ha habido una línea de ayudas que se convocó una vez en la era post covid, y ahora sólo repiten las ayudas a entidades locales, o a empresas públicas, con un reparto que se analizó en el informe de Despoblación y que se refleja en el siguiente cuadro (y que incluye a Inorde y Fegamp, entre otros):
Prevención también podrían hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en particular la Guardia Civil, que durante años se protegió en cuarteles de la amenaza de ETA, pero que no olvidemos que tenía en sus funciones básicas controlar el rural. No ha vuelto al rural ourensano ni se le espera (cerrar cuarteles en verano he leído en prensa que «si hace falta» es porque hace falta cerrarlos). La «prevención» y «detención» sobre el terreno que algunos piden, la intentaron «colar» con la Guardia Civil virtual con #IA en un rural con media de edad por encima de 75 años. Una falta de respeto (y de empatía).
En el rural, donde el personal de Catastro que podría ayudar a una mejor gestión y traspaso de actividad económica en un minifundismo aún muy extendido (por ejemplo, Vilardevós no tiene concentración parcelaria), no existe. Si quieres hacer un trámite con 80 años debes llamar a un «call center» o esperar a que tenga turno o día la persona que viene al ayuntamiento.
¿Y la prevención concreta de incendios? Sólo diré que la concesionaria de la autopista AP-9 (uno de los cortafuegos de Norte a Sur de la costa gallega) está, a 12 de agosto, asumiendo las labores de limpieza y desbroce de sus márgenes, en plena ola de calor. Nadie le ha exigido en meses que lo hiciese, nadie a pesar de que muchos lo demandamos (incluso en RRSS), nadie a pesar de que casi todos los altos cargos de la Comunidad Autónoma de Galicia pasan a diario en coche oficial por ella.
Y de la misma forma, #ADIF, podría mirar para más allá de 1 metro de distancia de las vías durante el resto del año. Porque el mantenimiento de la «selva» que expropia para sus infraestructuras le corresponde hacerlo, y no sólo suspender el tráfico cuando pasa por encima de sus vías.
Hablo de responsabilidad del gobierno autonómico porque es el competente en Galicia en materia de montes (exclusiva al amparo del art. 27.10 del Estatuto), y de emergencias un poquito también. Y decir que el nivel 2 de alerta permite que los bomberos que son funcionarios hagan «más horas» es… alucinante como medida de «peso».
Y actuar no sólo es gastar con grifo abierto por emergencias cuando arde el monte (que después hay que «convalidar» gasto como si fuese un proceso ordinario, que incluso ha llegado a los juzgados). Tampoco es aprobar un Plan de prevención que, cada vez más reconoce causas y posibles instrumentos de mejora, pero que es incapaz de dirigir los presupuestos hacia la prevención.
No ayuda tampoco que la financiación llegue a cuentagotas a los ayuntamientos, o que la limpieza de franjas secundarias se acometa vía Fondo Adicional del FCL con una cuantía que va creciendo progresivamente en los presupuestos pero que sería muy fácil calcular a cuánto toca cada hectárea en riesgo. El hecho de convocar ayudas y no repartir rápidamente la financiación o articularla por medio de encomiendas a Tragsa o Seaga, ya me he cansado de explicar lo que ha supuesto durante años, específicamente hace menos de un mes en materia de incendios (sin reiterar además qué gastos y contratos de «enchufe» han supuesto)
No siendo suficiente lo anterior, la inversión no es con carácter general muy equilibrada en los distintos territorios de Galicia, sirviendo como ejemplo el reciente informe del Consello de Contas sobre el Fondo de Compensación Interterritorial, del que la provincia de Ourense por ejemplo no ha recibido ni 1 euro.
Tampoco parece muy coherente pensar que las Casas nido pueden recibir una ayuda durante 3 años para garantizar sus ingresos cuidando a niñ@s en el rural, pero por ejemplo un ganadero/a no puede tener esa misma garantía o una ayuda equivalente en un negocio en el rural. Porque si no hay negocios en el rural, pocos niñ@s de 0-3 años habrá que cuidar, ¿o no?
Con un particularidad en Galicia, pero más aún en Ourense o Lugo, que es la propiedad del monte. Las comunidades de montes vecinales en mano común en Galicia son propietarias de un número de hectáreas. ¿Qué fondos se convocan cada año para que asuman mejor sus competencias?¿Qué control se hace de los fondos de las comunidades al destino para el que legalmente están previstos? ¿Se reinvierte? En el país de las luchas fraticidas entre parroquias por las orquestas de verano, sería bueno publicar los datos que tiene la administración autonómica.
En lo que sabemos por esa bendita #transparencia, la línea de ayudas MR651A que financia las ayudas a montes vecinales para la gestión de biomasa y prevención de incendios, destinó 3 millones de euros para el ejercicio 2024 (350.000 para la parte final del año 2023). De esas cantidad, sólo el 17,5% son fondos de la Xunta, el resto son 75% fondos europeos y 7,5% fondos estatales.
¿Cómo ha sido la gestión de estas ayudas? El plazo para resolver se modificó de 31/12/23 a 29/02/24, pero finalmente se publicó el 6 de mayo. Casi 7 meses para resolver las subvenciones (y pocas comunidade limpiarán antes de saberse beneficiarias), pero además, sólo 170 de las 650 solicitudes resultaron beneficiarias. El 74% resultaron denegadas por agotamiento del crédito. El 74% no obtuvo financiación para limpiar. El 26% obtuvo financiación 1 mes antes de que empezase la temporada de mayor riesgo.
¿Se incrementó el crédito en la siguiente convocatoria? NO. Sorprendentemente se redujo inicialmente a 2,5 millones para 2025 (aunque alguien dirá “pero para 2026 se incluyen 1,4 millones”, pero el importe anual cae, aunque se quiera “matizar” incluyendo más para el año siguiente).
Pero además, se convocó 2 meses más tarde que en 2023, con un plazo para resolver hasta finales de junio, y en junio se amplió el crédito para de nuevo alcanzar la cifra de 3 millones por año. ¿Llegará esta vez para superar el 30% de solicitantes? No sabemos aún porque no hay resolución publicada. Pero además, con una posibilidad de obtención de 1/4, ustedes creen que hay prevención de igual «magnitud» que si las comunidades de montes supiesen que van a obtener ayuda. Y así todo.
¿Y a nivel local? Seré más breve porque el sistema de financiación, y por ello la financiación local, es uno de los «tabúes» que nos han traído aquí y que demuestra la falta de responsabilidad de quien lleva década negociando sucesivas propuestas que parecen buscar de todo, menos el interés general. Pero mi puesto de trabajo actual recomienda además ser breve para evitar suspicacias.
Hablo de responsabilidad a nivel provincial, también. La Diputación de Ourense también tiene sus competencias de fomento de la economía rural. Por ejemplo el Inorde tiene un programa para la recuperación de las razas gallegas (más preparadas por ello a priori para sobrevivir en el entorno sin causar tantos gastos de gestión), pero me gustaría saber la experiencia del público de RRSS con ese programa u otros, antes de manifestar «mi opinión.
Lo que no puedo decir es qué convocatorias de ayudas existen en la Diputación para la inversión «privada» en los municipios despoblados, por ejemplo, a pesar de que su portal de ayudas ha mejorado mucho en los últimos tiempos, en contenido y transparencia. Pero la financiación de los ayuntamiento, al tramitarse por medio de convocatorias de ayudas, provoca en muchos casos que lleguen a los ayuntamientos cuando el tiempo apremia, y en el caso de actuaciones de prevención, en medio de la campaña de verano.
Hablo por ello de responsabilidad a nivel local, y cierro capítulo con las administraciones más pequeñas, a las que la falta de financiación les ha llevado durante años y este también a estar limpiando las franjas primarias (o secundarias) y caminos en plena ola de calor. Pero también ayuntamientos que destinan la financiación que conocen desde el 1 de enero y la liquidez que tienen, a «contratos menores» difícilmente justificables. También de esto podemos hablar si alguien me lanza la primera piedra. Son cuestiones públicas y fácilmente rastreables para quien tenga interés.
Responsables todos. Culpables, según en qué supuestos concretos, también. Esto no quiere decir que al ser de todos no se le impute a ningún gobierno. Cada uno es sus competencias, esas que se diluyen cuando aparece una emergencia. Y todos quieren una foto de consenso y respeto a la gravedad de los asuntos.
Hay pirómanos en Ourense. Sí, los ha habido siempre y los habrá. Pero se aprovechan de la falta de responsabilidad consciente de unas AAPP más preocupadas (o sólo preocupadas) de otros asuntos.
Y se aprovechan también de la falta de responsabilidad de la CIUDADANÍA que no limpia sus fincas, ni siquiera las que están junto a la casa de su vecino/a, que no aprovecha sus recursos, que abandona todo lo que no le provoca la máxima rentabilidad inmediata (comprar un piso para alquiler turístico sí, pero pagar a alguien para que limpie las fincas con un contrato de trabajo legal, eso no, que es muy caro).
Porque también hay que reconocerlo para terminar, que colaborar con el interés general tiene un coste, que muchas personas pagan de sus bolsillos y otras no pueden. Pero muchas otras, pudiendo, sólo lo asumen si se subvenciona al 100%. Si no, intentan endosarle («donarle» decían) las fincas y sus gastos al ayuntamiento… por responsabilidad, por supuesto.
#Datos, siempre. Como que donde hay rebaños de caprino, ovino,… comiendo todo el año, arde mucho menos. Su jornada de trabajo es más eficiente. Nadie les «exige» que hagan más horas en verano con alerta 2. Limpian todo el año, sin problemas de acceso en el caso de las cabras.
